Por: Arturo Paz, Reportero de Nuevo México Plural
Aquí las reacciones más destacadas tras la detención de Ernesto Ruffo Appel este 16 de julio de 2026:
Partido Acción Nacional (PAN)
Expresó confianza en que aclarará los hechos y pidió respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Su dirigente nacional Jorge Romero calificó la detención como “orquestada y un distractor” para desviar la atención de polémicas actuales en Baja California, como los señalamientos contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila .
Acusó justicia selectiva: señala que hubo prontitud en su caso, pero no avanza contra otros funcionarios con señalamientos públicos, como Rubén Rocha Moya.
Figuras como el expresidente Vicente Fox acusaron persecución política del gobierno de la 4T contra la oposición.
Morena y aliados
Respaldaron la actuación de la FGR y descartaron fines políticos: “la ley se aplica sin importar filiación” .
Acusaron al PAN de doble moral, recordando que en gobiernos anteriores no se avanzó contra redes de este tipo, y subrayaron que corresponde a un juez definir responsabilidades .
La presidenta Claudia Sheinbaum había mencionado antes que la empresa Ingemar estaba en la investigación por huachicol fiscal.
Otras fuerzas políticas
Somos México: Exigió su liberación inmediata, calificó el arresto de “atropello inaudito” y afirmó que Ingemar cuenta con permisos oficiales; coincide en que es una cortina de humo.
Dirigentes de otros partidos pidieron que se presenten todas las pruebas y que la justicia actúe con total imparcialidad.
Defensa y postura del exmandatario
Ruffo Appel ha sostenido que Ingemar opera legalmente y que desconoce cualquier irregularidad en sus operaciones.
Su defensa señaló que la empresa cumple con requisitos de SAT, Aduanas y Secretaría de Energía .
Sectores sociales y análisis
Empresarios y cámaras pidieron que no se criminalice la actividad lícita y se respete el marco legal, pero también que se castigue la evasión fiscal y contrabando.
Analistas advierten que el caso profundiza la polarización política y exigen transparencia total en la carpeta de investigación y en las vinculaciones con presunta complicidad institucional —incluyendo los señalamientos recientes contra ex mandos navales.
Postura oficial
La FGR reiteró que la orden deriva de una investigación por delincuencia organizada y contrabando de combustible, vinculada al decomiso de más de 15 millones de litros; el caso sigue abierto y se amplía a más personas involucradas.
