Cd México, MEXICO.- A unos días de que fuera presentado oficialmente el nuevo Servicio Universal de Salud (SUS) de México se aprecia que persisten muchas desigualdades de financiamiento entre sub sistemas por el que los responsables de este novedoso Servicio saludable deben aclarar su hoja de ruta, así lo señalaron los integrantes y representantes de diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s) en reciente conferencia de prensa en un conocido y céntrico hotel de esta capital mexicana.
Especialistas y defensores del derecho a la salud advirtieron que el sistema sanitario mexicano padece un déficit financiero estructural que perpetúa la desigualdad y frena el avance hacia una verdadera cobertura universal.
Durante la presentación de dos nuevos estudios e informes de políticas coordinados por la Coalición México SaludHable, Más gasto, mayor equidad. Análisis del gasto público en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar” e “Identificación de mecanismos de financiamiento para instituciones públicas de los subsistemas IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar”.
En su participación durante la conferencia de prensa, La doctora Belén Sáenz de Miera, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y autora del primer estudio dijo que uno de los retos más importantes del país sigue siendo garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para toda la población. Aunque se han hecho esfuerzos importantes en los últimos 25 años, incluyendo la reforma recientemente anunciada, esto no será posible si no se garantiza una inversión pública suficiente y equitativa. En 2024 el gasto público en salud apenas alcanzó 3.3% del PIB, lo cual sigue siendo insuficiente y permanece muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Además, persisten brechas importantes en la asignación de recursos entre población con y sin seguridad social y entre entidades federativas, agregó.
“Persiste un problema estructural insostenible: México invierte poco y los recursos disponibles se siguen distribuyendo de manera desigual entre instituciones y entidades federativas. Esto genera brechas alarmantes en infraestructura, equipamiento, personal y capacidad de atención, vulnerando el derecho constitucional a la protección de la salud”, señaló la doctora Sáenz de Miera Juárez, autora del análisis del gasto público.
En tanto que, El Maestro Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, enfatizó que la justicia social en el ámbito sanitario exige que las necesidades médicas de las personas, y no su condición laboral o su nivel socioeconómico, determinen su acceso al sistema de salud. Y “El Servicio Universal de Salud anunciado recientemente, como mecanismo obligatorio de coordinación e integración de las instituciones públicas federales debe construir una hoja de ruta que garantice su sostenibilidad financiera y operativa. Para ello hay que delimitar el esquema de compensación financiera, con una reforma a las legislaciones específicas del IMSS, del ISSSTE y del ISSFAM sobre lo que consideran como derechohabiencia y mejorar las métricas para la elaboración de indicadores sobre cobertura sanitaria y calidad de los servicios. Para aumentar la base fiscal mediante una reforma fiscal progresiva que abone a un pacto fiscal por derechos, la revisión y el ajuste de impuestos generales y específicos es inevitable. En la investigación “Identificación de mecanismos de financiamiento para instituciones públicas de los subsistemas IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar” se ponderan distintas alternativas, incluyendo los impuestos saludables”.
Frente a este panorama, en los documentos hechos públicos este día, se plantea que para construir un Sistema Universal de Salud robusto no basta con reorganizar los servicios administrativos; es imperativo fortalecer y diversificar las fuentes de financiamiento público.
En la reunión, Yahaira Ochoa Ortiz, integrante de la Red de Mujeres por la Salud (REMUSA), alertó sobre el impacto económico que las deficiencias del sistema de salud propicia en la atención a las mujeres, que se ensaña de manera desproporcionada con la población femenina en el país. “El análisis de los microdatos de la ENIGH y la ENASEM 2024 desnuda una alarmante inequidad de género y territorio: mientras que en el 85% del país las mujeres percibe ingresos inferiores al promedio nacional, ellas asumen la mayor carga de enfermedades no transmisibles, con tasas de prevalencia de hipertensión arterial (40 de cada 100) y de cáncer, significativamente superiores a las de los hombres. En un contexto donde los hogares deben destinar un promedio del 3.4% de sus ingresos corrientes a cuidados de la salud —y la compra de medicamentos representa el principal desembolso con un 37.8% —, la brecha salarial desprotege a las mujeres y las obliga a gestionar padecimientos crónicos en condiciones de extrema vulnerabilidad económica, haciendo urgente una Cobertura Universal de Salud con perspectiva de género que detenga este injusto empobrecimiento”.
por Gilberto Solís Flores
