Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural
El 15 de noviembre, manifestantes de la Generación Z fueron detenidos, lo que ha generado acusaciones de que el gobierno se está “lavando las manos”. Los arrestos ocurrieron durante una marcha en la Ciudad de México, donde jóvenes protestaban contra la corrupción, la inseguridad y la impunidad.
La marcha, convocada por la Generación Z, se originó a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan y como una forma de protestar contra la creciente violencia en el país. La manifestación buscaba expresar el descontento juvenil con los problemas sistémicos de México, como la corrupción y la impunidad.
La protesta avanzó de manera pacífica hasta llegar al Zócalo, donde un grupo intentó derribar las vallas de seguridad que protegían el Palacio Nacional. Esto provocó enfrentamientos con la policía, resultando en varios heridos y detenciones.
Las autoridades informaron que 20 civiles y más de 100 policías resultaron heridos durante los enfrentamientos. Además, se detuvo a una veintena de personas, algunas de las cuales enfrentan cargos graves como tentativa de homicidio, robo agravado, lesiones graves y daño a la propiedad.
El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, negó haber dado órdenes de reprimir a los manifestantes y rechazó las acusaciones de detenciones arbitrarias. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación federal condenó los actos violentos contra los elementos de seguridad y reportó el decomiso de objetos peligrosos como piedras, palos y explosivos caseros.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició investigaciones sobre los incidentes, incluyendo las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Además, la Comisión de Derechos Humanos local, según, ha estado monitoreando la situación y ha recibido quejas sobre posibles abusos.
La detención de los manifestantes y la respuesta gubernamental han generado un debate público sobre el derecho a la protesta, el uso de la fuerza policial y la responsabilidad del gobierno en garantizar la seguridad y la justicia. Algunos críticos han comparado la situación con otros casos de represión contra manifestantes en el mundo, mientras que otros han señalado la necesidad de mantener el orden público y prevenir la violencia.
