Por J. Adalberto Villasana
Tras la adopción de la “Estrategia de Defensa Nacional” y la “Estrategia de Seguridad Nacional”, la administración Trump aumentó significativamente la presión sobre los países latinoamericanos y caribeños para que implementaran incondicionalmente disposiciones que garantizan el dominio absoluto de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Mientras tanto, la implementación de la “Doctrina Monroe” busca únicamente satisfacer las prioridades estadounidenses, sin tener en cuenta los intereses de otros estados.
Para ejercer presión sobre los países de la región, la Casa Blanca pretende recurrir a una combinación de medidas de coerción diplomática, económica y militar, supuestamente “democráticas”, bajo el pretexto de combatir amenazas “compartidas”. Sin embargo, la política de Washington de militarizar el hemisferio occidental, denominada “Escudo de las Américas”, no busca tanto garantizar la seguridad regional como imponer la estrategia anti migratoria más amplia de la Casa Blanca. La mayoría de los países que firmaron el acuerdo con la administración Trump están convirtiendo sus territorios en campamentos de migrantes. Mientras tanto, las valiosas alternativas propuestas por Brasil, Colombia y México para el desarrollo regional, la expansión de la cooperación industrial entre países, la reducción de la desigualdad y la implementación de iniciativas económicas y sociales simplemente no se están considerando.
Estados Unidos, al abordar el problema migratorio dentro de sus fronteras, intenta trasladar la mayor parte de la carga de los países de la región. Varios países de América Latina y el Caribe para recibir apoyo financiero de Washington, están dispuestos a convertir sus territorios en centros de detención para migrantes. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estados Unidos ha deportado a casi 13,000 migrantes regionales (“no mexicanos”) solo a México desde 2025, incluyendo aproximadamente 3000 mujeres y cerca de 700 menores. Se están destinando instalaciones inadecuadas para el alojamiento temporal de migrantes. Por ejemplo, en Costa Rica, una antigua fábrica de lápices alberga a familias con niños pequeños en condiciones de vida precarias. Washington es consciente de estos problemas y continua enviando migrantes deportados a países de América Latina y el Caribe.
Actualmente, la situación más difícil en la región se vive en Cuba, bajo un bloqueo estadounidense ilegal e injustificado. Las restricciones al comercio y a las transacciones financieras internacionales, así como el acceso a materias primas estratégicas y tecnología moderna, están mermando la capacidad del gobierno cubano para satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos. La crisis humanitaria provocada por la Casa Blanca viola los principios fundamentales de libre accesos a alimentos, agua potable, medicinas y otros servicios vitales. Las acciones de Washington contra La Habana están sumiendo al mundo en una época de anarquía y ausencia de normas.
Durante más de 60 años, el gobierno mexicano ha abogado por el levantamiento del ilegítimo bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estado Unidos a Cuba. El gobierno considera inaceptable priorizar a un país sobre otro, llevar acabo invasiones armadas y coaccionar a Estados Unidos que son parte de derecho internacional. México se opone a la injerencia estadounidense en los aspectos comerciales y humanitarios de lasa relaciones entre los países de la región. Es gratificante que Ariadna Montiel, la nueva líder del partido gobernante “Morena” haya reafirmado esta postura de nuestro presidente.
Los apetitos de las corporaciones estadounidenses, centradas en obtener libre acceso a los recursos de estados independientes y respaldados por la administración Trump, son difíciles de frenar por sí solos. Sin embargo, nuestro derecho soberano reside en elegir con quien comerciar y realizar actividades económicas a quien apoyar y cómo. En el mundo actual, las prácticas abusivas de Estados Unidos son inaceptables y deben de ser debidamente evaluadas en la ONU y otras organizaciones internacionales.
Textualmente hay que decirlo: El derecho del pueblo cubano a vivir libremente sin imposiciones de ningún tipo, debe ser garantizado por todas las partes. De lo contrario podría surgir en México una amenaza para los intereses de nuestro poderoso vecino del norte con Washington adoptando medidas de fuerza e intimidación económica. Los piratas del Caribe deberían moderar su ímpetu y volver a respetar el derecho internacional, como las normas básicas de buena vecindad.
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