Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026 fue aprobado por la Cámara de Diputados de México, ascendiendo a 10.1 billones de pesos, lo que representa un incremento del 5.9% en comparación con el año anterior.
El PEF fue aprobado en lo general y en lo particular tras una sesión en la Cámara de Diputados, con 355 votos a favor, 132 en contra y ninguna abstención. Posteriormente, fue remitido al Ejecutivo Federal antes de la fecha límite constitucional del 15 de noviembre.
Se introdujeron 12 enmiendas que reasignaron un total de 17.788 millones de pesos. El Poder Judicial sufrió la mayor reducción, perdiendo 15.815 millones de pesos de su asignación propuesta. En contraste, la Secretaría de Educación Pública (SEP) fue la principal beneficiaria, recibiendo 10.014 millones de pesos adicionales.
El PEF 2026 prioriza los recursos para programas sociales, infraestructura estratégica y servicios esenciales como salud, educación, medio ambiente, trabajo y cultura. Se asignaron 987.16 mil millones de pesos a 14 programas sociales prioritarios, liderados por la pensión para adultos mayores con 526.508 mil millones de pesos, seguido por el programa de becas Benito Juárez con 184.595 mil millones de pesos.
Se destinarán 536.806 mil millones de pesos a 13 proyectos de infraestructura clave. Petróleos Mexicanos (PEMEX) sigue siendo uno de los principales receptores, con 247.230 mil millones de pesos destinados a proyectos de inversión.
Se contempla un aumento en los impuestos a refrescos, cigarros y un nuevo gravamen del 8% a los videojuegos violentos. Este último, busca recaudar aproximadamente 10 millones de dólares anuales y disminuir el consumo entre jóvenes.
El 17.6% del gasto total se financiará mediante endeudamiento interno. La Ley de Ingresos Federal (LIF) 2026 establece el límite de la deuda interna en 1.78 billones de pesos.
La oposición criticó la concentración de recursos en el Ejecutivo Federal y la reducción del financiamiento destinado a estados y municipios. También hubo debate sobre la reducción de fondos al Poder Judicial y las implicaciones para la seguridad pública y los derechos laborales.
