Acusa la Oposición al Edil de Celaya de Cometer Delitos Electorales, Uso Ilícito de Recursos Públicos y Tráfico de influencias

Somos y el PAN presentan denuncias

Celaya, Gto., 20 de noviembre (Agencia Press Mx).- La agrupación político-ciudadana Somos y representantes del Partido Acción Nacional (PAN) ratificaron sus acusaciones por la presunta comisión de delitos electorales, uso ilícito de recursos públicos y tráfico de influencias, contra el edil de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, y a su hijo, Alejandro Ramírez Casillas, esto en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), de acuerdo a la carpeta de investigación 130268/2026 en la Agencia Investigadora 07-MAPO1.

Por su parte, Juan Miguel Ramírez Sánchez desestimó categóricamente la validez de los recursos legales presentados.

La denuncia incluyó temas tan delicados como el desvío de recursos y propaganda ilegal; se acusa a la administración local de destinar fondos públicos para la impresión y distribución masiva de folletos destinados a exaltar la imagen personal del edil.

Además, los demandantes, señalan “nepotismo e injerencia familiar”. Las denuncias señalan directamente a Alejandro Ramírez Casillas, hijo del alcalde, por presunta intromisión indebida en la toma de decisiones gubernamentales y negociaciones de la estructura municipal.

Otro punto es la coacción y “acarreo” de ciudadanos, los líderes de la oposición afirman que empleados municipales y comités vecinales han sido presionados bajo amenaza de retirar apoyos para llenar eventos oficiales de la alcaldía.

Los denunciantes, aseguran que hay un malestar generado por las recientes declaraciones del propio alcalde, quien admitió públicamente haber sostenido contactos con integrantes del crimen organizado durante su etapa como edil electo.

El alcalde, Juan Miguel Ramírez Sánchez calificó las denuncias como un “show mediático” orquestado por la oposición política y aseguró estar confiado en que la Fiscalía desestimará el caso por falta de elementos sustentables.

Por el momento, la Fiscalía General del Estado continúa recopilando pruebas dentro de la fase inicial de investigación para determinar si existen responsabilidades penales que derivan en órdenes de comparecencia para los implicados.

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