La organización advierte que la propuesta para proteger los derechos de las audiencias podría abrir la puerta a la intervención del Ejecutivo en los contenidos de los medios y fomentar la autocensura
(La Redacción) La organización Artículo 19 expresó su preocupación por la propuesta de lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, al considerar que el proyecto podría derivar en mecanismos de censura y afectar la libertad de expresión en México.
En entrevista, Abigail Castellanos García, investigadora del programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19, explicó que los lineamientos, derivados del paquete de reformas a la Ley de Telecomunicaciones aprobado el año pasado, plantean riesgos al permitir que se sancione a concesionarios por difundir información considerada «errónea» o «falsa».
La propuesta, presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Agencia de Transformación Digital, permanecerá en consulta pública hasta el próximo 21 de agosto de 2026, periodo durante el cual ciudadanos, organizaciones y medios de comunicación podrán enviar observaciones mediante correo electrónico.
Uno de los principales cuestionamientos de Artículo 19 es la forma en que se elaboró el documento, al considerar que se relegó el papel de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano que debería participar de manera autónoma en este tipo de procesos.
«Se deja a un lado la autonomía de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el cual en este momento no tuvo voz», afirmó Castellanos.
La investigadora señaló que otorgar a una autoridad la facultad de determinar qué información es falsa o errónea representa un riesgo para el debate público y podría incentivar la autocensura en los medios de comunicación.
Como ejemplo, explicó que si un ciudadano utilizara el término «narcogobierno», alguna persona podría inconformarse y considerar que se trata de una afirmación falsa. Bajo ese escenario, el medio que difundiera esa opinión podría enfrentar sanciones económicas, lo que llevaría a muchos espacios informativos a evitar la publicación de contenidos polémicos para no ser multados.
Artículo 19 sostiene que este tipo de disposiciones podrían inhibir la circulación de opiniones críticas y afectar el ejercicio periodístico, al generar un ambiente de incertidumbre jurídica para los concesionarios de radio y televisión.
La organización también cuestionó el enfoque de la iniciativa al considerar que subestima la capacidad de la ciudadanía para decidir de manera libre qué información consumir.
De acuerdo con Castellanos, las personas cuentan con criterios propios para elegir qué leer, escuchar o ver, por lo que no corresponde al gobierno determinar qué contenidos son adecuados para proteger a las audiencias. En ese sentido, sostuvo que el Estado debe garantizar el respeto a la libertad de expresión conforme a los estándares internacionales, sin intervenir en las decisiones editoriales de los medios.
El proceso de consulta pública continuará abierto hasta el 21 de agosto. Una vez concluido, las observaciones recibidas serán analizadas por el comité responsable, que determinará si realiza modificaciones antes de emitir la versión definitiva de los lineamientos.
Artículo 19 reiteró que cualquier regulación en materia de telecomunicaciones debe garantizar el derecho de acceso a la información y evitar que el Estado concentre facultades para decidir qué contenidos pueden o no circular en el espacio público.
El contexto
La discusión sobre los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias se reactivó luego de que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones sometiera a consulta pública un proyecto que busca establecer criterios para los concesionarios de radio y televisión en materia de contenidos e información. El documento forma parte de la implementación de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promulgada este año, y permanecerá abierto para recibir observaciones hasta el 21 de agosto.
Desde su publicación, la propuesta ha generado un intenso debate entre especialistas, organizaciones civiles, académicos y representantes de los medios de comunicación. Mientras el gobierno sostiene que el objetivo es fortalecer los derechos de las audiencias y garantizar información veraz, diversos organismos defensores de la libertad de expresión han advertido que algunas disposiciones podrían traducirse en una intervención indebida sobre los contenidos informativos y abrir la puerta a mecanismos de censura o autocensura en los medios.
