Urgen diputados comparecencia de Arturo Reyes Sandoval, Director general del IPN por desvío de recursos por 273 mdp.

Funcionarios del IPN vinculados en el desvío de recursos públicos.

El TFJA pretende sancionar a las empresas que destaparon la corrupción.

Legisladores federales de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión impulsan una comparecencia urgente con el titular del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, para que explique las múltiples acusaciones sobre presuntos hechos de corrupción que superan los 273 millones de pesos (mdp) desviados del erario.

Inclusive, el paro de actividades en facultades de Santo Tomas y Zacatenco, además de las denuncias por abuso sexual y violación contra alumnas del mencionado plantel educativo, hechos ocurrido en Zacatenco. Asegural el titular del IPN, tener buena relación con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

La diputada federal Inés Parra Juárez (Morena) recordó que presentó, en julio pasado, una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de autoridades del IPN por el desvío de los más de 273 mdp que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en perjuicio de la comunidad politécnica y de la nación.

Por su parte, los legisladores Óscar de Jesús Almaraz Smer, Mariela López Sosa y César Augusto Rendón García, del Partido Acción Nacional (PAN), pidieron la intervención urgente de las autoridades federales para que investiguen el acoso, fraude y hechos de corrupción en contra de las diversas empresas que ofrecen sus servicios al IPN.

El diputado federal Almaraz Smer explicó que hay varios casos que ya investiga la FGR, por dar un ejemplo, recordó que las firmas Proyectos y Suministros Interdisciplinarios (PSI) y Banana Technologies Group evidenciaron a diversas autoridades politécnicas al exigir “moche” para así lograr recibir sus honorarios.

“Ambas firmas fueron contratadas para ofrecer mantenimiento preventivo y correctivo a la red de infraestructura telefónica digital del IPN, pero, de manera irregular, las autoridades evitaron firmar los documentos oficiales como medida de coerción ante la negativa de otorgarles una “comisión” para liberar sus honorarios”, expuso.

Entre varios de los funcionarios involucrados, se ubica al ex coordinador del Centro Nacional de Cálculo del IPN, Fausto Carlos Omar Ruiz Víquez Cuevas, quien, abandonó su puesto de trabajo luego que se activó una orden de aprehensión en su contra por estos hechos, y acusaciones por delitos contra la intimidad sexual agravado en contra de personal y alumnas del IPN, se sabe que el ex funcionario politécnico aún está prófugo.

“La lista de funcionarios y ex funcionarios del IPN es muy larga, pero se resume en la rotación en puestos directivos, por ejemplo, se han realizado cambios en las oficinas generales de asuntos jurídicos; oficialía mayor; contabilidad; recursos materiales, entre otros; suponemos que este grupo de funcionarios corruptos intenta protegerse de esta forma”, añadió.

Diputados de las comisiones legislativas de Ciencia, Tecnología e Innovación; Comunicaciones y Transportes; Educación; Justicia; Transparencia y Anticorrupción; Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; “estamos interesados en que esta situación se aclare y se castigue a los responsables de poner en riesgo la producción de ciencia, cultura y educación de la nación con estos actos corruptos”, precisó.

Por su parte, el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, que preside el doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández, adelantó que ya se trabaja en una solicitud formal ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ante la vulnerabilidad en la que se encuentran los estudiantes del IPN al quedar comprometidos los servicios de conexión digital, infraestructura e higiene que realizan empresas especializadas al IPN.

Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos (2017), subrayó que integrantes del Poder de la Judicatura de la Federación (PJF) y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), conocieron –a través de María Ozana Salazar Pérez y Omar Cortezano González– la solicitud formal para que, “las empresas afectadas por el IPN sean “inhabilitadas” este jueves 24 de agosto cuando se desahogue una comparecencia, donde las empresas acusadas no han tenido el derecho de audiencia y, así explicar el por qué se carece de las firmas de los funcionarios politécnicos”.

“Es un doble atropello, por un lado, las empresas han evidenciado actos de corrupción en el IPN, tan es así que la ASF logró detectar irregularidades y, además, hay funcionarios ya investigados por estos hechos delictivos; pero por el otro, al no contar con las firmas de los funcionarios del IPN, los pretenden inhabilitar; a todas luces, son hechos constitutivos de corrupción al más alto nivel, que perjudican a la nación en su conjunto”, expresó.

“Pareciera que los hechos de corrupción se mantienen enquistados en esta administración federal, donde las personas más afectadas son el pueblo de México, que contribuye con sus impuestos y pese a ello, se trastoca el espíritu de la educación y producción de la ciencia nacional; y por el otro, funcionarios deshonestos del IPN, que dependen de la Secretaría de Educación Pública, que dirige Leticia Ramírez; y del propio circuito judicial, que representa la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la pregunta es ¿a quién protegen?”, resaltó.