Una nueva tragedia conmueve a la ciudad de México y mueve la solidaridad de los mexicanos.
Como en los sismos de 1985 y 2017, los chilangos prestaron auxilio espontáneo a los heridos del derrumbe de los vagones del Metro y ayudaron al rescate de las 25 personas fallecidas, tras el colapso de las trabes en el tramo elevado de la línea doce.
Vecinos de Tláhuac y ciudadanos de la calle interrumpieron sus trayectos para socorrer a las víctimas del ominoso percance. La gente llegó primero que las autoridades y sin más recursos que sus manos se dieron a la tarea de remover escombros, romper cristales y forzar puertas para sacar a los atrapados.
Tras horas de agotador esfuerzo, la gente fue relevada por otros hombres y mujeres que llevaron agua y alimento a rescatistas, bomberos, policías, personal de salud y colonos que tuvieron jornadas extenuantes para salvar a sobrevivientes y recuperar los cuerpos de gente inocente que viajaba en los vagones de la muerte, la negligencia, la omisión y la corrupción.
Horas tardaron las autoridades en reaccionar, poco receptivos frente a la desgracia de decenas de familias que buscaban a sus maridos, padres, madres, esposas, hijos o hermanos que se toparon con la frialdad e indiferencia de burócratas que no daban informes sobre las víctimas, a la fecha hay personas reportadas como desaparecidas.
No hubo la solidaridad ni apoyo gubernamental a más de 72 horas de ocurrido el trágico evento. La felonía que cometieron funcionarios y ex-servidores de las administraciones capitalinas y federales no provocó la compasión por el drama de tantas familias enlutadas y ciudadanos que quedaron inválidos de por vida.
Su prioridad es otra, promover estrategias de comunicación que permitan el control de daños, el manejo de la crisis para que afecte lo menos posible al partido en el poder en las próximas elecciones o no descarrile las aspiraciones presidenciales de dos de los funcionarios más cercanos al presidente, quienes, por cierto, son los más señalados como responsables directos de la tragedia.
La línea dorada, que más bien es de oropel, es una obra maldita. Fue la obra insignia del hoy canciller con un costo de 26 mil millones de pesos, la cual fue cerrada en la administración de Miguel Ángel Mancera durante ocho meses porque desde sus inicios presentó muchas fallas en su diseño y operación.
Ante las sospechas de corrupción, en las que también hoy está involucrado el dirigente de Morena, el otrora Jefe de Gobierno se autoexilió en París. A pesar de las investigaciones, no pasó nada. Todos tienen hoy cargos, pero en otros tiempos se exigía la cárcel para funcionarios neoliberales por los niños muertos en la guardería ABC y en el Paso Exprés en Cuernavaca. Aquí hay 25 muertos y más de media centena de lesionados y no pasa nada. Se cubren unos a otros.
En la Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores de Morena se opusieron a citar al Secretario de Relaciones Exteriores para que explique todo lo concerniente a la construcción de la línea 12 del Metro, ni aceptaron la creación de una comisión investigadora plural del caso del Metro.
Nada que afecte la imagen del partido en el poder a menos de treinta días de las elecciones.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) aclaró que la póliza por el siniestro en la estación Olivos cubre al Metro, no a las víctimas. Nadie repara en ellas. La “Línea Dorada” es una obra maldita.