Sugiere el PRI indemnización por bullying

La diputada Paola Jiménez propone fortalecer los lineamientos para atender los casos de acoso escolar.

La legisladora Trinidad Franco pidió no señalar como responsables a las y a los docentes.

Ante hechos como el que le costaron la vida a la estudiante Norma Lizbeth Ramos Pérez en Teotihuacán y el incremento de los casos de acoso escolar, la diputada Paola Jiménez Hernández propuso, en nombre del grupo parlamentario del PRI, que el protocolo para su atención se actualice anualmente, que las escuelas informen cada tres meses los casos existentes en sus instalaciones y las acciones tomadas, y en caso de no hacerlo, se dé vista al órgano interno de control.

La iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en el Estado de México plantea que la persona acosadora garantice la reparación del daño moral y, en su caso, pague una indemnización o el pago de daños y perjuicios, y que la encuesta entre la comunidad educativa para identificar los centros educativos con mayor incidencia de acoso escolar sea semestral, además de que el acoso se reconozca cuando se realice a través de cualquier red social, aplicación o plataforma electrónica.

La legisladora recordó que los conflictos entre estudiantes se traducen en acoso escolar cuando existe la intención de agredir a la víctima de manera constante, el agresor no presenta sentimientos de compasión por la víctima y es evidente una desigualdad entre él y la víctima, como puede ser la edad, la estatura o la popularidad. 

Expuso que en México 18 millones 782 mil estudiantes de primaria y secundaria son víctimas y que en días recientes en una escuela pública de Metepec se presentó un caso también grave, pues la víctima intentó quitarse la vida.

Apuntó que en estos casos la responsabilidad es de toda la sociedad, y que a Norma Lizbeth Ramos le fallaron sus compañeros, sus maestros, la autoridad y el sistema de salud, entre otros por lo que, para evitar estas conductas se deben trabajar factores sociales, culturales y familiares para formar jóvenes que atiendan una cultura de paz y se pronunció por acciones en las escuelas que mejoren la convivencia y códigos de disciplina positiva empatía y humanidad para la solución de conflictos en el que la violencia nunca esté permitida. 

Al respecto, la diputada Trinidad Franco Arpero (PT) llamó a no señalar a los y las docentes como primeros responsables de estos hechos, ya que no pueden atender tantas obligaciones en su jornada laboral, además de que la normatividad les impide presentar denuncias directas, tienen una alta carga administrativa y cuando pretenden tratar con padres y madres de familia asuntos de acoso resultan violentados.

La iniciativa fue remitida a dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Procuración y Administración de Justicia.