Ignacio Arellano Mora
Sin acuerdos terminó la mesa de negociación entre colaboradores de la Compañía Minera Cuzcatlán, pobladores de San José del Progreso y transportistas del Sindicato Nacional de la Industria Minera que ofrecen sus servicios a la minera, con funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
Lo cual, mantiene inconclusa la ampliación de la Manifestación de Impacto Ambiental que permite a la minera continuar sus operaciones.
Por esa razón, los manifestantes anunciaron que se mantendrán en las inmediaciones de Palacio Nacional hasta que autoridades de alto nivel tomen en cuenta sus peticiones y antes de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a cargo de María Luisa Albores, inicie un procedimiento de cierre.
El secretario general del Sindicato Nacional de la Industria Minera, Saúl Molina Jiménez, declaró que en la reunión, realizada en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, se presentaron funcionarios sin cargos directivos que sólo tomaron nota de la inconformidad de los manifestantes, pero no portaban una solución al problema; situación que consideró irrespetuosa para las casi 800 personas que se trasladaron desde el municipio de San José del Progreso, Oaxaca.
Declaró que si no hay una atención más contundente o si continua la falta de acuerdos, intensificarán sus manifestaciones de protesta.
Integrantes de la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca, mostraron decepción porque saben que en caso de que la SEMARNAT no otorgue la ampliación de la MIA a Compañía Minera Cuzcatlán, los más de 1,200 trabajadores de la mina perderán su empleo y por lo tanto las más de 6,000 personas que dependen de este sustento resultarán directamente afectados.
Transportistas y otros proveedores que ofrecen sus servicios a la unidad minera ubicada en San José del Progreso, Oaxaca, comentaron que el cierre de la mina los dejaría con limitadas alternativas de ingresos económicos, ya que en dicha región no existe otra actividad tan redituable como la operación minera.
Por ello, solicitaron al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador gire instrucciones a la titular de la SEMARNAT, María Luisa Albores, para que conceda el permiso a la minera, pues cumple, desde hace más de 10 años, con los lineamientos ambientales, comunitarios, fiscales, legales, salubres y de seguridad que las autoridades y legislación mexicana exige.