Por Víctor Sánchez
No podemos dejar a un lado, la promoción presentada por el diputado Omar Enrique Castañeda González, del Partido Movimiento Ciudadano, de una iniciativa que plantea reformar el artículo 73 de la Ley General de Salud, para establecer que los servicios y programas en materia de salud mental y adicciones deberán privilegiar la atención oportuna de las personas desde el primer nivel de atención.
Además, porque esta iniciativa, señala que los hospitales generales deberán atender a toda persona solicitante sin excepción y de ser necesario, inmediatamente remitir con la o el especialista para la valoración y emisión del diagnóstico correspondiente.
Así también señala, estipular que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos estatales, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, de forma prioritaria fomentarán y apoyarán el desarrollo de equipos permanentes de respuesta inmediata para situaciones de crisis, capacitados en técnicas para atenuar el escalamiento de crisis.
Y se nos hace importante retomar, su contenido debido a que en esta propuesta, enviada a la Comisión de Salud para dictamen, se indica que el rezago histórico en la atención de salud mental, tanto público como privado, aunado al estigma que tiene la población para atender los trastornos de salud mental, los determinantes socioeconómicos en países en desarrollo (pobreza, desempleo, vivienda, educación, salud) y recientemente la pandemia por Covid-19, han disparado la incidencia de trastornos de salud mental.
Se menciona en la misma iniciativa que se accederá, situación que así la esperamos sea retomada, a una atención prioritaria en materia de salud mental ante las acciones y servicios de Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes.
Por último, se agregó que los tres objetivos prioritarios del programa son: uno, consolidar la rectoría en salud mental y adicciones en el modelo de atención primaria de salud integral con un enfoque comunitario, intercultural, derechos humanos, perspectiva de género y sensible al ciclo de vida; dos, ampliar los servicios de salud mental y adicciones en el Sistema Nacional de Salud; y tres, garantizar el acceso de la población a servicios integrales de atención en salud mental y adicciones.