Estos serían útiles para mejor la alimentación de personas que viven en zonas de alta y muy alta marginación.
Esta mañana el grupo parlamentario de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, aprobaron una minuta de proyecto de decreto que busca fomentar la recuperación de excedentes alimenticios y evitar que se desperdicien, esto con la finalidad de contribuir a mejorar la alimentación de las personas que viven en zonas de alta y muy alta marginación en México.
La senadora Marcela Mora Arellano, dijo que el dictamen reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por organizaciones de la Sociedad Civil.
Advirtió que con estas modificaciones, el Programa Especial Concurrente deberá fomentar acciones de concertación con personas morales con fines no lucrativos, dedicadas a actividades de rescate, acopio, almacenamiento y distribución de alimentos.
Sentenció que para cumplir con los requerimientos de seguridad y soberanía alimentaria, el Gobierno Federal impulsará líneas de acción y concertación con personas morales dedicadas a la distribución de alimentos, con el fin de establecer medidas permanentes de recuperación y donación de excedentes alimentarios en zonas de alta y muy alta marginación.
Dijo que de esta manera, las campañas de fomento y promoción de la cultura de recuperación, aprovechamiento y donación de alimentos serán prioritarias y de interés público.
Aclaró que de acuerdo con el proyecto, a la Secretaría de Bienestar le corresponderá promover campañas de fomento de la cultura de recuperación, aprovechamiento y donación de alimentos, mediante el establecimiento de esquemas voluntarios de captación y donación dirigidos a los sectores social y privado.
Puntualizó que asimismo, las y los integrantes de la Comisión aprobaron otros siete dictámenes en asuntos diversos como la inclusión de personas con discapacidad; protección a los derechos de las personas adultas mayores; así como garantizar la preservación del interés superior de la niñez en la prestación de servicios de asistencia social.