Realizan en la Cámara de Diputados el foro “Revictimización mediática”

Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados

En el foro “Revictimización mediática”, que tuvo lugar en el Palacio Legislativo de San Lázaro, diputadas, funcionarias y especialistas destacaron la importancia de poner en el centro de las decisiones a las víctimas de violencia, dar cumplimiento a la Ley 3 de 3 contra la violencia respecto a la responsabilidad de los medios de comunicación en revictimizar a las mujeres, así como al impacto psicoemocional.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Marisol García Segura (Morena), expresó que la revictimización mediática es un tipo de violencia que sufren las mujeres a través de los medios de comunicación. “Es cuando una persona que ya sufrió una agresión, después padece ataques que la culpabilizan y le dicen que fue por su comportamiento; se hace para desviar el foco y no cuestionar al violentador o agresor”.

Mencionó que en 2021 se aprobaron reformas para sancionar la filtración de imágenes, videos y demás información relacionada directamente con víctimas de un hecho de violencia, la llamada Ley Ingrid, pero en ella no se contempla el litigio en medios de comunicación en donde los agresores denostan a las víctimas de violencia o las revictimizan, a través de sus declaraciones.

La revictimización mediática, aseguró, va más allá de la violencia simbólica que también ejercen los medios de comunicación, pues implica prestar los micrófonos a los agresores y a los violentadores de mujeres y, con ello, minar la credibilidad o prejuzgar la veracidad de los hechos que reclaman las víctimas. 

García Segura argumentó que ello se observa en mayor grado cuando ataca a personas famosas, pues no es normal que los comunicadores pongan en duda los testimonios de las víctimas. “En México, con un machismo arraigado, existen líneas editoriales que con el intercambio de declaraciones vulneran a las mujeres por un espacio para aumentar los ratings”. 

Precisó que la revictimización mediática, además de vulnerar a las víctimas en los medios comunicación, incluye el difundir las actuaciones judiciales, dónde están los casos o las carpetas de investigación, buscando incidir en el fallo de los jueces. Por ello, urgió a que el Poder Judicial se ponga del lado de las víctimas y juzgue con perspectiva de género.

De igual modo, anunció que inscribió un punto de acuerdo que exhorta a las autoridades judiciales locales de las 32 entidades del país a que no permitan que los presuntos agresores revictimicen a través de los medios de comunicación a las mujeres víctimas de violencia.

Resaltó que este foro está enfocado más a las mujeres del espectáculo, actrices, productoras y directoras que se enfrentan a una agresión por parte de un hombre que trabaja en la misma industria. “Debe cuidarse la integridad de las víctimas de violencia de género; ser actrices no debe ser sinónimo de vulneración o de tener un peligro mayor”.

La diputada Elva Agustina Vigil Hernández (Morena), secretaria de la Comisión de Gobernación y Población, invitó a levantar la voz por las personas que están siendo violentadas y unir fuerzas para apoyarlas.

Comentó que el año pasado presentó una iniciativa para que la violencia sexual sea considerada como tortura; “nos unimos a esta causa”. Se pronunció por realizar más foros para trabajar en las iniciativas que tienen que ver con el tema. 

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, destacó la importancia de visibilizar el alcance del daño provocado por la violencia de género en sus diversas manifestaciones y ámbitos, lo que contribuye a romper con su normalización. Además, consideró vital erradicar la impunidad social e institucional de una práctica generalizada que solo algunas víctimas denuncian en función de sus posibilidades.

Estimó que los medios de comunicación son fundamentales para la vida democrática, su diversificación, y son instrumentales en el ejercicio de un derecho de la mayor relevancia como el de la libertad de expresión, “que al tiempo de su instrumentación pueden ser el escenario de actos de violencia que se oponen al ejercicio de derechos que impactan desproporcionadamente a ciertas personas o grupos”.

Afirmó que no es en los medios de comunicación donde se debe dirimir y hacer justicia, pero su participación impacta en si hay o no justicia. Los alcances de la revictimización, dijo, son desproporcionados y nada la justifica. “El foro invita a hacer un análisis amplio para generar cambios legislativos a largo plazo”. 

Yndira Sandoval, de la organización “3 de 3 con agresores y Las Constituyentes”, expuso que la Ley 3 de 3 contra la violencia hoy en día es un mandato constitucional, por lo que llegó para quedarse y cumplirse; será un criterio para la contratación. “A los agresores no los queremos en el poder, no los queremos en ningún lado ni en ninguna esfera de nuestra vida humana. Hemos sido las mujeres, las víctimas y sobrevivientes, quienes los hemos exhibido”.

Llamó a las fuerzas políticas para que prevalezcan los derechos de las víctimas y la reparación integral del daño, ya que por lo menos 220 leyes secundarias se deben armonizar para hacer efectivo el cumplimiento de la Ley 3 de 3 contra la violencia en todas las esferas de la vida humana. Además, solicitó que los congresos locales hagan la armonización del Registro Nacional de Obligados Alimentarios (RENOA), pues “en qué democracia un deudor alimentario puede ser mandatario o tener un empleo con recursos públicos”.

La directora ejecutiva de Estudios del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad México, Paulina Elsa Zepeda García, argumentó que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en victimizar a las mujeres, pues generan opinión pública, cuando el primer acto de justicia para las víctimas es créeles. “No es posible que los medios de comunicación anden con impunidad reproduciendo ese pacto patriarcal en todos los espacios”.

Resaltó que el gremio artístico y cultural es un ámbito que ha sido poco legislado y regulado; por ello, es necesario retomar las experiencias de este foro. Lamentó que aún haya Normas Oficiales que sean voluntarias para los centros de trabajo en materia de igualdad sustantiva y no discriminación. “Hay que reconocer que en estos espacios del gremio también se vive violencia. No se pueden permitir agresores en ningún espacio”.

Nina Fernanda Sánchez Valencia, de la Secretaría de Cultura, indicó que existen numerosos cuerpos normativos que requieren armonizarse para asegurar el goce de los derechos humanos; “en específico resulta necesario contemplar una reformar al Código Penal pues no está tipificado qué pasa cuando se publicita la violencia” y no hay candados para impedirla. Afirmó que un proceso que se lleva por violencia en razón de género “no es un show, no es un espectáculo, no es un programa de chismes”.   

Reconoció que erradicar la violencia es posible; sin embargo, solo puede ser superada con alianzas sólidas, pero sobre todo honestas y efectivas.  Mencionó que esta dependencia federal ha tenido pláticas con plataformas de streaming con el propósito de que adopten protocolos para erradicar la violencia dentro de las locaciones de grabación y todo lo que implica trabajar en este medio.

Alejandro Cuétara, secretario de interior y exterior de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), precisó que el sindicato está por finalizar un protocolo de género, a fin de prevenir conductas violentas en los espacios de trabajo y guiar a las víctimas para que esas conductas sean denuncias, cuenten con el apoyo psicológico y seguimiento a los procesos, e incluso se buscará incluir la Ley 3 de 3 e integrarla al clausurado de los contratos colectivos del trabajo.

Conminó a las y los legisladores para dar curso a la nueva ley de cinematografía, con la cual se vigilarían los derechos laborales en aquellas áreas donde están desprotegidos. Es necesario, dijo, contemplar la revictimización no solo en los sets de grabación, sino en los salones de ensayo, cabinas, escuelas, casas de casting, transporte, medios de comunicación e incluso en las plataformas de redes sociales.

Vanessa Bauche, actriz y víctima de revictimización mediática, calificó como absurdo que el delito contra la dignidad de las personas sea menor, aun teniendo en las pruebas periciales daños permanentes psicoemocionales que se van agravando porque el sistema de impartición de justicia se vuelve cómplice de la revictimización por la dilatancia en los debidos procesos. “Al no ser la justicia expedita, se vuelven cómplices torturadores psicoemocionalmente de las víctimas, pero además les dan la oportunidad a los agresores de rematar a las víctimas”. 

Pidió que el delito contra la dignidad de las personas se reforme e incluir o elevar la sanción cuando se compruebe que hay daños psicoemocionales y que se agravan porque la justicia no es expedita y se suma la revictimización mediática en los debidos procesos. También, dijo, en tanto no haya información oficial por parte de los equipos jurídicos o fiscalías, no se aborden estos temas en los medios de comunicación.  

Guillermina Ortiz, periodista con perspectiva de género, subrayó que hay muchos ejemplos de revictimización en los medios de comunicación y en las redes sociales. “Tal parece que ningún medio ni periodista se ha salvado de publicar o transmitir una revictimización de las mujeres, infancias o poblaciones vulnerables cuando éstas están dispuestas a hablar o cuando se hace público su caso”. 

Argumentó que es inconcebible que en los medios un conductor o titular de programa descalifique, revictimice y humille a una víctima por el simple hecho de no querer ésta darle una entrevista o porque no considera que sea el momento para hablar, poniendo en tela de juicio y sin conocimiento alguno de cómo se tratan públicamente temas dentro del ámbito de los derechos humanos. Exigió que los periodistas apelen a la verdad, cumplan con el interés público y haya profesionalización y ética.

Gretel Castorena, divulgadora feministas, expresidenta del Consejo Social Inmujeres UMSNH y titular del programa radiofónico “Lentes Violeta”, señaló que el acceso a la justicia se debe trabajar en dos vertientes: en primer lugar, en la procuración de justicia que se encuentra a cargo de las fiscalías y que dependen del Poder Ejecutivo, las cuales son las encargadas de integrar las carpetas de investigación, recabar las pruebas, cuidar la cadena de custodia de todas las evidencias y realizar la acusación frente al juez. 

En segundo lugar, en el proceso judicial que se encuentra a cargo de las y los jueces quienes deben condenar y absolver a las y los acusados a partir de las evidencias y pruebas que las fiscalías proporcionan imposibilitándolos para actuar con justicia si la integración de la investigación y las pruebas están viciadas o tienen la corrupción de origen. “Los medios de comunicación deben ser utilizados para dar información y generar conciencia colectiva”.