Octavio Campos Ortiz
Los mexicanos terminamos un año post pandémico difícil, con un repunte del virus que posterga el regreso a la nueva modalidad. Pero más grave aún es el efecto de la crisis económica y de seguridad que padecemos desde hace cuatro años. 2022 cierra con una hiperinflación que no cede, un crecimiento menor al uno por ciento, cuatro millones de nuevos pobres, menos desocupación, pero la gente que se emplea está en la informalidad, no se incentiva la inversión privada y suben las tasas de referencia; para principios de año habrá un incremento al impuesto a las gasolinas, los refrescos y los cigarros. Combustibles caros no solo afectan a dueños de automóviles, sino a las clases populares, ya que resentirán el incremento en el transporte público y en el precio de las mercancías por el traslado que se hace de estas.
El inicio de 2023, como todos los años, tendrá un pronunciada cuesta en enero, las turbulencias internacionales afectarán nuestro pobre desarrollo, la inminente recesión en la Unión Americana impactará en nosotros. Una de las principales consecuencias será la reducción en el envío de las remesas, las que habían mostrado récords históricos, aun durante el confinamiento que hubo en las dos naciones -aunque hay la sospecha de que el crimen organizado utiliza ese mecanismo para lavar dinero-, pero por la contracción que presentará la economía norteamericana y su inflación, los paisanos tendrán problemas para enviar las mismas cantidades a sus familias.
No pinta muy bien el panorama económico, sobre todo porque ya no tiene el gobierno suficientes recursos para garantizar las pensiones, becas y subsidios a su base electoral, dádivas que garantizan votos de la gente menos productiva. La estatización de la economía ha demostrado, desde el pasado, que es un fracaso y solo incrementa una burocracia improductiva y subsidia a organismos paraestatales en quiebra.
A ese panorama, habrá que agregar la crisis de inseguridad que se vive por la violencia que genera el crimen organizado, el cual ha migrado del narcotráfico y la trata de personas, al secuestro, la extorsión y el pago por derecho de piso, ilícitos que afectan a todos los sectores sociales, especialmente al empresarial. Las actividades delictivas, que potencializan la percepción de inseguridad, también generan violencia política y afectan la gobernanza. Mientras no haya una política pública de seguridad y una estrategia efectiva de combate a las mafias, no se podrá alcanzar la paz y la tranquilidad social, mucho menos habrá un estado de bienestar.
Pero no todo está perdido; en mucho, dependerá de nosotros el desarrollo democrático, el crecimiento económico, el regreso a los estándares razonables de seguridad y potencializar el poder ciudadano. La movilización social puede coadyuvar a recobrar la gobernabilidad que ha ratos arrebata el crimen a las autoridades formales. Reinventemos el pacto social, que el ciudadano tome las calles, que diga basta al abuso del poder y demande más seguridad y menos violencia; hay que enfrentar a los delincuentes sin miedo ni negociaciones, alentemos a los emprendedores para crear empleos formales y abatir el comercio informal. Reconocer la importancia transformadora de la vilipendiada clase media y dar satisfactores a trabajadores y campesinos es fundamental. Sacar a los mexicanos de la pobreza y la miseria extrema, no se logra mediante dádivas con fines electorales, sino con empleo formal bien remunerado, becas para los que sí estudian y dar prestaciones sociales a las madres trabajadoras.
Esos son mis deseos para el 2023, que no son inalcanzables ni sueños imposibles. La solución está en nosotros y no en una burocracia que solo ambiciona el poder. Feliz y venturoso Año Nuevo.