Proponen reformas para que Profeco coadyuve a salvaguardar los derechos de migrantes

Por Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/H. Cámara de Diputados

La diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío (MC) impulsa una iniciativa para reformar el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de establecer que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) coadyuvará con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de las y los migrantes.

La propuesta, turnada a las comisiones de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen, y a la de Asuntos Migratorios, para opinión, busca evitar la vulneración del derecho al libre tránsito de personas en contexto de movilidad humana por el territorio nacional.

Sostiene que es imperativo que la Profeco promueva y proteja los derechos e intereses del consumidor, procure la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Asimismo, coadyuve con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de los migrantes.

La legisladora Martínez Cosío dijo que “lamentablemente hay empresas que, en algunos de los casos, sus colaboradores propician la violación de derechos humanos de los migrantes”.

Recordó que el 1 de octubre de 2021 una línea de autobuses publicó que, debido a la situación extraordinaria de flujo migratorio por la que atravesaba en ese momento el país, implementaría un protocolo de presentación de identificación oficial para la venta y abordaje del viaje.

Este protocolo, añadió, también establecía que la personas con nacionalidad extrajera debían acreditar su estatus migratorio, lo cual era una “flagrante violación” del artículo 11 constitucional, el cual estipula que “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”.

Ante ello, la diputada afirmó que “los migrantes nacionales y extranjeros no son delincuentes y de ninguna manera ponen en riesgo la seguridad nacional de nuestro país”, por lo que las autoridades competentes deben tomar cartas en el asunto en el ámbito de su competencia; así como condenar, frenar y, en su caso, castigar estos abusos que se cometen en contra de las personas en contexto de movilidad humana.

Destacó que estas adecuaciones normativas permitirán garantizar a las y los mexicanos que habitan el país, a los connacionales y a los extranjeros, que toda persona tiene derecho a migrar; por lo tanto, su integridad personal y todos sus derechos humanos serán respetados.