Plantean que el cinco por ciento de la plantilla laboral de empresas sea para personas indígenas o afrodescendientes

Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados

La diputada Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle (PVEM) impulsa una iniciativa para reformar el artículo 7º de la Ley Federal del Trabajo, para establecer que todas las empresa o establecimientos cuenten en su plantilla laboral con el cinco por ciento de personas de algún pueblo originario o afrodescendiente.

La propuesta, enviada a las comisiones de Trabajo y Previsión Social para su dictamen, y a la de Pueblos Indígenas y Afromexicanos para su opinión, busca garantizar el principio de inclusión y el respeto a los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores indígenas y afrodescendientes, a contar con un empleo digno, bien remunerado y con seguridad social.

Refiere que en México habitan 23.2 millones de personas que se declaran indígenas o afrodescendientes, de las cuales el 85 por ciento tienen un empleo en la informalidad, mientras que el resto se desempeña en la construcción, manufactura, minería y suministro de electricidad, gas y agua, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La diputada Domínguez Zopiyactle resalta que las personas pertenecientes a estos grupos perciben bajos ingresos y la mitad no cuenta con seguridad social o alguna otra prestación, debido a que trabajan en pequeñas unidades económicas, en condiciones precarias, sin posibilidades de aumentar su productividad o tener capacidad para negociar mejores prestaciones, debido al marco jurídico y las políticas económicas existentes.

Además, se enfrentan a la discriminación y las condiciones de trabajo deficientes, por lo que tienen casi tres veces más probabilidades de encontrarse en situación de extrema pobreza que sus pares no indígenas.

Apuntó que impulsar acciones a favor del empleo contribuye a que en caso de las mujeres indígenas y afromexicanas puedan alejarse de la discriminación de género que suelen sufrir al buscar el acceso y el control de la tierra y la propiedad en el ámbito rural, y con ello lograr una mayor autonomía económica.

Considera que la reforma es fundamental, toda vez que más del 80 por ciento de la población ocupada en las zonas indígenas trabaja en lugares precarios, como la parcela, el hogar o la calle, y sólo un 10 por ciento labora en establecimientos formales.

Subraya que, de aprobarse la modificación a la ley, se lograría combatir la desigualdad social y se brindarían mejores oportunidades laborales a este sector de la población.