Plantean capacitar a defensores públicos o asesores jurídicos en materia de perspectiva de género

Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados

La diputada Amalia García Medina (MC) propuso modificar los artículos 5 y 6 de la Ley Federal de Defensoría Pública, para establecer que para ingresar o permanecer como defensor público o asesor jurídico, se requiere acreditar un curso, taller o diplomado sobre la perspectiva de género y reformas a las leyes.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia para dictamen, indica que dicha capacitación debe ser emitida por el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o institución pública afín a las mencionadas.

Expone que en los últimos años la lucha por la equidad de género ha ganado terreno, ejemplo de ello es la “Ley 3 de 3” para que deudores alimentarios y personas culpables de violencia de género no puedan postularse para cargos de elección popular o desempeñarse como servidores públicos; sin embargo, el avance para alcanzar la igualdad de derechos ha sido lento.

Considera que de nada sirven las reformas si los servidores públicos encargados de impartir o buscar la justicia no tienen conocimiento o sensibilidad ante estos temas. Agrega que, para alcanzar los objetivos de las reformas a las leyes, se debe entender qué es y cómo utilizar la perspectiva de género.

Afirma que para avanzar en todos los casos que involucran violencia en razón de género es necesario que los servidores públicos tengan la sensibilidad y empatía de que se requiere el conocimiento para poder defender, juzgar y representar con perspectiva de género.

Observa que la preparación, capacitación y profesionalización es necesaria e indispensable para evitar informar mal o poner en riesgo a la víctima de delitos en razón de género como es la violencia familiar, la cual con una defensa errónea puede poner en riesgo a la persona que presenta la denuncia.

Lo anterior, afirma, porque al proporcionar información errónea sobre las medidas a tomar pone su vida en peligro, lo que puede terminar en feminicidio por no proceder con perspectiva de género desde el inicio de la acusación.

Puntualiza que esta reforma es una deuda pendiente que se tiene con todas las mujeres que sufren violencia en nuestro país.