Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados
La diputada Fátima Almendra Cruz Peláez y el diputado Luis Edgardo Palacios Díaz, ambos del PVEM, presentaron una iniciativa que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de garantizar la seguridad de las mujeres a través de la profesionalización de cuerpos policiacos especializados en casos de violencia de género.
La propuesta adiciona un párrafo tercero al artículo 76 de dicha ley para establecer que “las entidades federativas y municipios deberán contar con instituciones policiales especializadas en la atención de casos de violencia contra las mujeres, las cuales se coordinarán” para el desempeño de sus funciones.
En su argumentación considera que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por erradicar la violencia contra las mujeres, ésta sigue siendo recurrente y se manifiesta de distintas formas, tanto en los ámbitos público como privado como en entornos virtuales, lo cual implica redoblar la lucha para construir un país en el que todas las mujeres puedan vivir sin miedo de sufrir violencia.
Lo anterior, con el fin de terminar con la impunidad de la que hoy gozan quienes las agreden, ya sea por una inadecuada impartición de justicia o por una respuesta poco ágil de las autoridades que actúan como primeros respondientes.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana, busca garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencia por lo que, subraya, es esencial que se sientan seguras en los espacios donde llevan a cabo sus actividades cotidianas.
Indica que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi da cuenta de que el 68.6 por ciento de las mujeres percibieron la inseguridad pública, frente al 54.8 de los hombres.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023, las mujeres son las que observaron mayor inseguridad en los lugares públicos y privados.
Añade que entre las conductas más reiteradas de acoso o violencia sexual que sufre la población de 18 años o más, los piropos groseros u ofensivos de tipo sexual ocupan el primer lugar, seguido de los mensajes, insultos e insinuaciones sexuales en las redes sociales hasta llegar a la violación en casos extremos.
“Es fundamental que asumamos la responsabilidad de erradicar toda forma de violencia en razón de género y, al mismo tiempo, es necesario que las leyes encaminadas a este propósito tengan eficacia plena”, concluyen los legisladores.