Octavio Campos Ortiz
Este fin de semana nos reprobaron en las calificaciones internacionales. Según el Índice Global del Crimen Organizado 2021, nuestro país es el cuarto más afectado en el orbe por la delincuencia organizada, es el segundo entre 35 naciones de América y el nada honroso primer lugar si solo se compara con Centroamérica.
El estudio internacional concluye que los actores estatales -políticos, gobernantes, burócratas, legisladores, policías, jueces, entre otros servidores-, son los primeros en facilitar las economías ilícitas e inhiben la resiliencia social al crimen organizado. El poder corruptor de la delincuencia se ha infiltrado en el poder público, lo que pone en riesgo la gobernanza, el pacto social. No es la primera ocasión en que se denuncia que los criminales intimidan a gobernantes y aspirantes, que financian campañas e imponen a candidatos, los cuales una vez que ganan, ceden posiciones en la administración pública sus verdaderos patrones. La gobernabilidad se ha perdido y el crimen organizado dejó de ser un poder fáctico para asumir la dirección de no pocos municipios y gobiernos estatales. Demos por descontada la cooptación de policías, ministerios públicos y jueces, la subordinación de la seguridad y la justicia ante los delincuentes.
Por otra parte, la revista inglesa The Economist publicó el Índice de Democracia en el mundo, donde reprueba a México y lo aleja de las democracias plenas para calificarlo como un régimen híbrido, el cual se acerca más a una dictadura. Mario Vargas Llosa hablaba de la dictadura perfecta y Krauze -emulando el modelo español-, la definió como dictablanda. No pasamos ni de panzazo, obtuvimos una calificación de 5.57 por ciento en una escala de diez, lo que nos coloca en el lugar 86 entre 167 países. A media tabla, muy lejos de las democracias plenas y descendemos un peldaño, al pasar de ser considerados una democracia imperfecta a un sistema que se acerca a las dictaduras. The Economist califica proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política democrática y libertades civiles.
Y cómo no nos iban a reprobar si se ha documentado que en el proceso electoral 2021 intervino el crimen organizado en la intimidación, secuestro y asesinato de candidatos a cargos de elección popular y la imposición de aspirantes a los mismos. Se habló hasta de un narco gobernador. Difícil que crean en nuestro pluralismo, cuando el sistema de partidos en México ha dejado de representar posiciones ideológicas para convertirse en mercenario del voto, donde surgen efímeros institutos políticos que medran con el financiamiento público, partidos bisagras, meretrices parlamentarias que venden su voto o apoyo al mejor postor. Vivimos una crisis política donde se ha perdido la división de poderes y los contrapesos legislativos.
No podemos presumir de un buen funcionamiento de la administración pública cuando se tambalea la gobernabilidad en muchos estados, con regímenes fallidos. Tampoco tenemos como carta de presentación las libertades civiles cuando un sistema patriarcal rechaza las protestas feministas, arremete contra la clase media, descalifica a los científicos, desaparece los organismos autónomos y descalifica a las universidades.
No fue una buena semana para México, secuestrado por el crimen organizado y con el riesgo de perder la gobernabilidad.