Octavio Campos Ortiz
En esta semana hubo tres eventos que conmocionaron a la opinión pública. La difusión de una fotografía del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con tres delincuentes en una iglesia de Yautepec. A las puertas del Palacio de Gobierno de Zacatecas estacionaron una camioneta con diez cadáveres, incluidas dos mujeres y un hombre torturado. En la carretera Cosoleacaque – La Tinaja amontonaron los cuerpos de nueve sujetos previamente torturados.
En el caso del ex futbolista el mensaje es claro, hay una connivencia con el crimen organizado, aunque él lo niegue; existen al menos tres mantras donde los mafiosos le recuerdan que hubo una reunión con un delegado federal donde pactaron el asesinato del activista y líder social Samir Flores, quien se oponía a la construcción de una termoeléctrica en Morelos.
Por lo que hace a los diez asesinados en Zacatecas, el mensaje no pudo ser más claro. Fue un reto a la gobernabilidad en la entidad, donde el mandatario, quien cuenta con la venia del presidente y el apoyo de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, solo atinó a decir que hay que encomendarse a Dios. Mientras tanto, en Veracruz se involucra en una cartulina dejada junto a los cadáveres al secretario general de Gobierno, Eric Cisneros Burgos con el crimen organizado. Veracruz no solo adolece de seguridad pública y de una verdadera justicia, tampoco hay gobernabilidad. Son los grupos criminales quienes tienen el control de la entidad, mientras el gobernador se pelea con Ricardo Monreal y Dante Delgado.
Pero en los tres casos hay un común denominador: los políticos afectados se excusan y justifican con que esas muertes son producto del combate que realiza su administración en contra del crimen organizado. Qué desfachatez. Decir que las evidencias de que hay un contubernio entre autoridades y el crimen organizado, así como sus manifestaciones violentas, son pruebas fabricadas por sus enemigos políticos o de narcotraficantes afectados.
Cierto, las mantas no necesariamente son una demostración de sociedades insanas, tal vez esos mensajes pretender distraer o involucrar a políticos, pero en lo que se devela la realidad, no pueden ofender la inteligencia de los gobernados con el peregrino pretexto de que hay muertos porque ahora si los combatimos. El problema es que se están matando entre ellos, no por el ejercicio legítimo de la fuerza que corresponde a los gobiernos ejercer. Además, es sintomático que, en los mensajes de los grupos delictivos, siempre embarran a los propios funcionarios.
Basta de decir: “son reacciones, porque los estamos combatiendo”, “no permitiremos que se asienten en este territorio los criminales”. La realidad es otra. El crimen organizado no solo ha provocado una escalada de violencia sin freno, sino que ha vulnerado e infiltrado las estructuras gubernamentales, y el incumplimiento de los pactos se exhiben así, con un reguero de sangre. Antes eran los colgados en los puentes o los descuartizados, ahora solo amontonan los cuerpos sin ningún pudor. Ese es el mensaje para los políticos, quien ahora gobierna es la narcopolítica. Que se ahorren los gobernadores sus frases tranquilizadoras de que no pasa nada, que sus acciones para combatir a los criminales provocan esas masacres por desesperación.
El problema real es que en muchas entidades se ha perdido la gobernanza, son gobiernos fallidos y esas matanzas reflejan la falta de una estrategia eficiente de seguridad pública. Lo malo es que estos tres eventos también afectan la seguridad nacional. Eso no lo merece el país.