La Comisión de Relaciones Exteriores que preside el diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT) aprobó tres dictámenes con puntos de acuerdo, con la finalidad de que los connacionales que radican en el extranjero accedan a derechos políticos y de nacionalidad e identidad, y uno más para impedir la importación de fosfato ilícito.
Emisión de credenciales de elector en el extranjero
Las y los diputados aprobaron con 24 votos a favor el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a instruir la difusión del trámite de la credencial de elector entre los consulados de Estados Unidos y Canadá.
Esta instancia legislativa considera que, dada la importancia de la credencial de elector para las y los mexicanos radicados en el extranjero, se estima necesario que la información para solicitar dicho documento sea ampliamente difundida a través de diversos medios.
Subraya que quienes radican en el extranjero no sólo se encuentran en Estados Unidos y Canadá, sino en varios países; por esa razón, se solicita a la SRE a instruir la difusión entre los consulados y demás oficinas de representación mexicana en el extranjero.
Derecho a la identidad y la nacionalidad
También se aprobó con 25 votos a favor, un punto de acuerdo que propone exhortar a la SRE y al Registro Nacional de Población (RENAPO) a coordinar el programa “Soy México”, a fin de poner al alcance de las y los mexicanos que viven en el exterior el derecho a la identidad y a la nacionalidad.
Esta Comisión considera que la propuesta es viable, ya que atiende la necesidad de ampliar la vigencia de dicho programa, así como los beneficios que otorga a la población mexicana en la vida social y política.
Al respecto, la diputada Amalia Dolores García Medina (MC) indicó que este exhorto tiene como propósito otorgar a quien nace en el extranjero su acta de nacimiento para que no sea apátrida y cuente con los derechos ciudadanos.
Dejar de recibir el fosfato explotado de forma ilícita
También exhortaron con 20 votos a favor, diez en contra y una abstención, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Secretaría de Marina y SRE, a tomar las medidas necesarias para dejar de recibir el fosfato explotado de forma ilícita de la República Árabe Saharaui Democrática.
Resaltaron que es importante que se haga lo necesario para detener la llegada al territorio mexicano de buques con fosfato marroquí, por lo que también se exhorta a la Agencia Nacional de Aduanas de México, vía la Dirección General de Operación Aduanera, a que rechace las autorizaciones para el ingreso de fosfato ilícito a los recintos fiscales nacionales.
Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Economía a denegar los permisos previos de importación de fosfato proveniente del Reino de Marruecos.
En este sentido, Janine Patricia Quijano Tapia, diputada de PVEM y presidenta del Grupo de Amistad de Marruecos, afirmó que esta nación es el primer proveedor a nivel mundial del fosfato y solicitó no sancionarlo, toda vez que este país africano apoya a los agricultores mexicanos con precios competitivos de este producto.
La diputada de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, consideró que es necesario que la Secretaría de Marina investigue el origen del fosfato, porque México no puede comprar esta sustancia con un origen ilícito.
El presidente de la Comisión, Alfredo Femat Bañuelos, aclaró que no es en contra del fosfato que viene de Marruecos. Lo que se pide, dijo, es que se investigue que no sea robado el producto que ingresa a México que proviene de la República Árabe Saharaui Democrática.
La diputada Amalia Dolores García Medina (MC) mencionó que este punto de acuerdo busca que se haga una investigación de una nación que está en litigio, pues está en proceso de descolinización, por lo que solicitó que el tema se trate con cuidado, porque la relación con Marruecos es estrecha en materia comercial.
Asuntos Generales
Por su parte, el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (Morena) dio a conocer a las y los diputados de la Comisión que presentó una iniciativa para que en los tratados de extradición se agregue el delito de corrupción como condición para su celebración.
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