La Quimera / Principio republicano y rendición de cuentas incomoda al gobierno de la 4T  

Política Electoral

Daniel Osvaldo Sánchez

La historia política electoral nos recuerda que desde 1976, cada vez que hay elecciones presidenciales en México, el presidente emanado de esos comicios impulsa cambios en el marco institucional que le dio el triunfo. 

Y ahora con un escenario político populista en México, el mandatario de las mañaneras se enfila a una posición hegemónica de mayorías legislativas en el Congreso de la Unión e impulsa autoritariamente una agenda de deconstrucción institucional. 

Es decir, hay una elevada tentación por ejecutar reformas electorales populistas en contra del pluralismo político que consolidó la transición democrática y que permitió al actual presidente ganar las elecciones presidenciales de 2018.

El riesgo de estas reformas antidemocráticas se observa, desde el interior como del exterior de las fronteras mexicanas, por el desempeño autoritario del gobierno en turno, que arrancó funciones el 1 de diciembre de 2018, por destruir parte de la institucionalidad y transformar arbitrariamente el orden político contemporáneo. 

A todas luces el llamado gobierno de la cuarta transformación ha mostrado que no se siente cómodo con el principio republicano de separación de poderes, la rendición de cuentas y las funciones de Estado, que por disposición constitucional, se han ido quitando a lo largo de los últimos años del ámbito facultativo del Poder Ejecutivo para ser realizadas por los órganos constitucionales autónomos.

Esa lógica se observa día tras día, con los ataques constantes, desde Palacio Nacional, a quienes no comulgan con el proyecto gubernamental y a los poderes del Estado en los que no tiene afinidades y control del lopezobradorismo, a través de nombramientos que carecen de las capacidades técnicas mínimas para desempeñar los cargos o directamente tienen severos conflictos de interés y/o legalidad.

Con un enfoque muy diferente al del gobierno de la 4T, a decir de Ricardo Monreal, senador con licencia, las conquistas alcanzadas en materia de democracia directa, como la consulta popular, iniciativa popular, revocación de mandato, urgen perfeccionarse para hacerlas más accesibles y ampliar su alcance, para que se conviertan en parte de la realidad institucional en todos los niveles y órdenes de gobierno.

Pues un gobierno democrático depende del equilibrio que hay entre el Estado y la sociedad civil y, por ende, la gobernabilidad de su sistema. Es decir,  más sociedad civil no implica menos gobierno, sino mejor gobierno.

Para el político zacatecano el actual gobierno y la sociedad en general tienen que trabajar de forma conjunta y con unidad; ya que la diversidad de opiniones e ideas pueden tener efectos refrescantes para la política y el desarrollo de las comunidades del territorio nacional.

Y aunque México es un complejo de realidades económicas, políticas, sociales y culturales, desde su punto de vista, deben tomarse en cuenta para que las propuestas que se construyan con la sociedad, incluyan las distintas visiones; pues la pluralidad debe servir a la unidad y las diferencias ayudar a sumar y no a dividir. 

La dimensión democrática del Estado, según el académico de la UNAM, es un llamado a mantener los mejores elementos de nuestro sistema electoral y de partidos, y revisar aquellos aspectos que, desde una construcción que reconcilie la pluralidad política de nuestro país, puedan abonar al perfeccionamiento de nuestra democracia.

Una de las propuestas en su Proyecto de Nación, del ex coordinador de la bancada de Morena en el Senado, es convertir a México en una nación en la que no solo se atiendan a los pobres, sino que se haga todo lo posible para que dejen de ser pobres, es decir, impulsar el crecimiento de la clase media.

Para ello, ante todo se debe buscar la conciliación y la unidad, pues nadie tiene que privarse de sus ideas ni de sus preferencias y sueños. 

Y aunque la unidad no resuelve todo, si nos coloca en condiciones de enfrentar con éxito nuestros desafíos, ya que representa fortaleza, empatía, tolerancia, solidaridad, respeto, pluralidad y armonía, resumiría Monreal Ávila. Como siempre le dijo, amigo lector, su opinión es la que cuenta.

En el tintero…La transparencia, sin duda, fortalece y da legalidad a los procesos electorales, pero además resulta fundamental para seguir avanzando en la incipiente democracia del país…Ello, obliga al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a pesar de estar limitado por las decisiones populistas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, a continuar siendo vigilante de la  transparencia en el proceso electoral 2024…”Como organismos garantes de acceso a la información y protección de datos, tenemos el deber de colaborar para hacer frente al momento histórico que supondrán las elecciones del próximo año. Los órganos garantes de transparencia estamos en el corazón del sistema democrático, por lo que debemos aprovechar esta coyuntura para demostrar la centralidad de nuestras funciones”, subrayaría Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidenta del INAI… La transparencia electoral, sin duda,  genera una eficiente gestión de los procesos comiciales del país, ya que abona a la credibilidad y la legitimidad de los resultados y, de esta forma, se fortalecen el Estado de Derecho y el sistema democrático…También se resaltaría que los órganos garantes que conforman el Sistema Nacional de Transparencia van a tener un ojo en el ámbito electoral, pues las cargas de información trimestrales (en la Plataforma Nacional de Transparencia) van a ser esenciales para que los ciudadanos conozcan qué están haciendo los partidos, en qué están gastando el recurso, qué está haciendo el INE y cómo está supervisando el proceso electoral…En ese contexto, los organismos garantes de acceso a la información y protección de datos estarán obligados a colaborar coordinadamente para hacer frente al momento histórico que supondrán las elecciones del próximo año, en las que se presume se manejará una gran cantidad de datos personales…De ahí la urgencia de garantizar la legalidad y la transparencia en las elecciones de 2024, que serán trascendentales para el país, pues, además de elegir al Presidente de la República, se renovará la Cámara de Diputados y el Senado, así como nueve gubernaturas, entre otros miles de cargos de elección popular…Aquí habría que recordar que los partidos políticos, como sujetos obligados, tienen que constreñirse al marco normativo en materia de rendición de cuentas y fiscalización; ya que un proceso electoral sin transparencia, sin legalidad y sin rendición de cuentas, es una mera simulación y eso no lo debemos permitir…Hasta la próxima entrega.