La Quimera / Otra ocurrencia legislativa de Morena, voto popular para elegir al Poder Judicial

Alfonso Alejandro Sánchez

Política Electoral

Se perfila la discusión de otra aberrante reforma constitucional o capricho del mandatario de las mañaneras cobijada por la mayoría legislativa y sus aliados en el Senado. A la víspera de Semana Santa se planteó en la Cámara Alta que el Poder Judicial funcione de la misma forma que los poderes Ejecutivo y Legislativo; es decir, si estos son sometidos a consideración popular, lo justo es que también el Poder Judicial sea elegido por voto directo en los términos que establezca la ley electoral.

Vayamos por partes. Actualmente los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son electos por el Congreso de la Unión en funciones de colegio electoral, siendo indispensable que concurran cuando menos las dos terceras partes del número total de diputados y senadores.

Las Magistradas y los Magistrados de Circuito, así como las Juezas y los Jueces de Distrito son nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezcan las disposiciones aplicables.

Hasta el momento, se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

Ahora bien, se dice que ante las constantes embestidas por el inquilino de Palacio Nacional al Poder Judicial, en particular tras la elección de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, impulsa el partido guinda, a través del senador morenista, Alejandro Armenta Mier, una iniciativa para modificar el artículo 94 de la Constitución y que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante el voto popular.

Hay que recordar que, actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal es quien se ocupa del nombramiento y adscripción de los jueces y magistrados, mientras que para ser ministro de la SCJN, es el Presidente del país en turno, quien propone una terna al Senado y este termina de aprobar las designaciones. 

En dicha propuesta del legislador poblano, se argumenta que hay una imperiosa necesidad de que los cargos judiciales sean asignados mediante elección popular, pues así será la democracia la que les otorgue esos puestos y no una minoría a la que sientan deberles el puesto y terminen estableciendo una justicia bajo subordinación.

Entre las modificaciones se sugiere que en el artículo 94 de la Constitución, que dice: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito”, se incluya el añadido: “La elección del poder judicial será directa y en los términos que disponga la ley electoral”.

También  se pretende modificar otras normas secundarias, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de manera que en su artículo 12 bis se incluya que los miembros de la SJCN, el Tribunal Electoral, los Plenos Regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal sean “electos de acuerdo a la temporalidad predeterminada en las leyes competentes, por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos”.

Al parecer los morenistas y sus aliados no han considerado que dicha iniciativa  de reforma requiere, al menos, los votos de dos terceras partes de las y los senadores para ser avalada, ya que implica un cambio en la Constitución; lo que obligará al oficialismo negociar con una oposición que ya ha demostrado un contundente rechazo a las reformas que afecten la autonomía de los contrapesos al Ejecutivo. Como siempre le digo, amigo lector, su opinión es la que cuenta.

En el Tintero: Será que la reflexión que hicieron diputadas y diputados en la llamada Semana Mayor y Domingo de Resurrección tuvo efecto y quieran batear la polémica reforma para acotar las facultades, dizque por excesos, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)…Por lo pronto, con incertidumbre de reiniciar esta noche o hasta el miércoles,  la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se declaró en reunión permanente y aplazó, por cuarta vez, la discusión de dicha reforma…A petición de los grupos parlamentarios del PAN y del PRI para hacer consultas internas, el presidente de la comisión dictaminadora, Juan Ramiro Robledo, declaró un nuevo receso…Hay que recordar que el dictamen prevé reformas y adiciones a los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución Política, para limitar las resoluciones del Tribunal Electoral sobre las decisiones internas de los partidos políticos…Considera “blindar” las normas estatutarias de los partidos, así como las reglas para la designación de dirigentes y el cumplimiento del principio de paridad de género ante eventuales sentencias del TEPJF…Asimismo, se señala que los partidos políticos, en ejercicio de su autodeterminación y auto organización, establecerán en sus normas estatutarias las reglas para la designación de sus dirigencias, así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados…Acota igualmente la competencia del órgano jurisdiccional en materia de acciones afirmativas para grupos vulnerables como mujeres, personas con discapacidad, comunidad LGBT+, indígenas y afromexicanos, entre otros…Por la mañana de este martes, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, advertiría que la reforma para limitar sus facultades en materia de acciones afirmativas representa un retroceso democrático y es una afrenta contra los derechos de las minorías…”Cualquier decisión de quienes ostentan el poder para limitar las posibilidades de que cada vez más personas participen activamente de la vida política no solo es una afrenta contra sus derechos, sino un retroceso democrático que no debe permitirse”, remarcaría a través de redes sociales…A decir de la magistrada, los desacuerdos entre los órganos del Estado jamás pueden servir de pretexto para limitar el ejercicio de los derechos de todas las personas ni para privarles de oportunidades para defenderlos…La función constitucional del Tribunal Electoral es garantizar que esa pluralidad sea respetada y que ninguna decisión excluya a quienes han logrado, por primera vez, en la historia que sus derechos cuenten con representantes que los defiendan, remataría Janine Otálora…Hasta la próxima entrega.