La Quimera / Opositores de izquierda al hacerse del poder asumen por ignorancia que  continúan siendo de izquierda

Política Electoral

Daniel Osvaldo Sánchez 

A decir de diversos politólogos la izquierda, en su más pura acepción, debe identificarse con la vanguardia, con el cambio, con el repudio al poder monolítico y el rechazo a las estructuras reeleccionistas. 

Ahora bien, es común que quienes han sido opositores, por mucho tiempo, asuman, equivocadamente o por ignorancia, que al hacerse del poder continúan siendo de izquierda, y, desafortunadamente, terminan siendo como aquellos a quienes combatieron.

Para muestra un botón. Quienes apoyan a un autócrata, como el mandatario de las mañaneras, que se autonombran de izquierda por mera ignorancia, pensando que se trata de un bando o de una pandilla que puede pasar por encima de las más básicas nociones democráticas y seguir siendo de izquierda, por el simple hecho de que militaron en contra del oficialismo durante largo tiempo.

Desafortunadamente, nuestro país, tiene un bajísimo nivel promedio de escolaridad, por lo que, cínicamente pueden aferrarse al membrete aquellos que vivieron a la sombra de estructuras abusivas postrevolucionarias por muchos años o, incluso, fueron recluidos por oponerse a ellas.

 Se les ha olvidado, que lo que los hacía de izquierda fue rebelarse al status quo, proponiendo cambios que no sólo atenuaran, sino que impidieran los abusos de poder.

Autonombrarse progresista, sin serlo, es fácil para quien no tiene elementales conocimientos de la historia política y democrática del país; pero sobre todo, a quien no sabe que un gobierno proclive a entregar la vida institucional a mandos castrenses; que impulsa iniciativas que no se debaten, sino que se aprueban en fast track o sin cambio alguno; que anula autoritariamente las instituciones previstas en la Constitución, a sabiendas que son equilibrios de poder, o que, sin recato alguno, se apodera de los fondos públicos para comprar voluntades, no es de izquierda, no es progresista y ni siquiera puede considerase garante del Estado de derecho.

En este marco de ilegalidad e ignorancia navega el llamado gobierno de la cuarta transformación, pues en cinco años, ha renunciado a la transparencia y a la rendición de cuentas, ha dejado de pertenecer al segmento progresista de la sociedad, ya que defiende, a toda costa, mantenerse en el poder, acudiendo a las más bajas prácticas antidemocráticas, alegando, de manera subyacente, que su fin justifica cualquier medio, porque no son lo mismo, son ellos, y con eso basta.

El ejemplo más claro de esa obsesión populista, es el proceso denominado selección de coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación, que para analistas y expertos en temas electorales, es una abierta violación a las leyes electorales vigentes, a la Constitución y a sus estatutos, pues las llamadas “corcholatas” de Morena iniciaron desde el lunes 12 de junio la búsqueda de la Presidencia de la República 2024.

Es decir, el partido guinda incurrió a un eufemismo para disfrazar lo evidente: una precampaña anticipada al 2024 de la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, del ex canciller Marcelo Ebrard; del senador con licencia Ricardo Monreal y del ex secretario de Gobernación Adán Augusto López.

Con está imposición antidemocráticamente, el inquilino de Palacio Nacional, a través de su movimiento, ha definido los marcos de la elección, pasando por los plazos que establece la Ley para el inicio de precampañas y campañas; además de que también define el uso indebido de recursos y la promoción personalizada.

Habría que recordar que el marco electoral, que enmarca la sucesión presidencial del 2024, fue aprobado en 2007 con la intención de generar condiciones de equidad a todas las fuerzas políticas; y bajo ese concepto el Instituto Nacional Electoral, ahora con un corazoncito guinda,  pediría al mandatario de las mañaneras no emitir opiniones sobre los contendientes y el proceso electoral de 2024. 

Solicitud endeble que se la pasó por el arco del triunfo, como es la constante del invasor de Palacio Nacional, pues al hacer caso omiso a las decisiones que toman las autoridades electorales, sólo muestra un claro ejemplo de falta de  comportamiento ético y responsabilidad para cumplir con la Constitución y las leyes.

Ello, obligaría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificar al INE, los parámetros que deberían cumplir los lineamientos para salvaguardar la equidad en los llamados procesos inéditos que realizan las “corcholatas” de Morena y los aspirantes al Frente Amplio por México (FAM), integrado por PAN, PRI y PRD:

“Cualquier procedimiento, actividad o propaganda que tenga la finalidad de posicionamiento referida, deberá sujetarse a las restricciones constitucionales en materia de acceso a las prerrogativas de radio y televisión.

 Así como a las prohibiciones en materia de intervención de instituciones y personas servidoras públicas en las contiendas electorales mediante el uso de recursos públicos materiales y económicos con atención a la ley y la línea jurisprudencial de este tribunal”.  Como siempre le digo, amigo lector, su opinión es la que cuenta.

En el tintero: Las primeras tormentas de poder populista y autoritario del Ejecutivo y Legislativo federal que se pronostican para el 2024 se dejaron sentir el fin de semana en Oaxaca; pues las y los diputados locales renombraron al órgano y designaron a los nuevos magistrados, quienes fueron propuestos por el gobernador morenista Salomón Jara… En dos sesiones fast track, el Congreso de Oaxaca disolvió al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (TJAO) y removió a los 12 magistrados que se encontraban en funciones…En su lugar, las y los diputados de Oaxaca –en su mayoría de Morena– renombraron al organismo que pasó a transformarse en el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (TJACCO) y designaron a siete nuevos magistrados…En una primera sesión de solo siete minutos, las y los legisladores locales aprobaron una reforma a la Constitución del estado para desaparecer el Tribunal, impulsada por Luis Alfonso Silva, expanista y coordinador de Morena en el Congreso…Hay que considerar que el Tribunal de Justicia Administrativa era el órgano responsable de resolver las controversias entre el Gobierno y particulares, así como de determinar sanciones para servidores públicos…La polémica iniciativa fue aprobada por 32 de los 42 diputados en sesión virtual y solo una legisladora votó en contra, Angélica Melchor Vásquez, coordinadora del PRD…Hasta la próxima entrega…