Política Electoral
Daniel Osvaldo Sánchez
Se dice que en alguna ocasión, la primera ministra de India, Indira Gandhi, hizo el siguiente comentario: “Un día mi abuelo me dijo que hay dos tipos de personas: las que trabajan, y las que buscan el mérito. Me dijo que tratara de estar en el primer grupo: hay menos competencia ahí”.
La anécdota viene ad hoc, ya que nuestro país, en el que hubo 227 feminicidios en los primeros tres meses de 2023, se encamina a tener a la primera mujer presidente en el 2024. Los procesos llamados inéditos en los dos bloques políticos dieron como resultado la designación de dos mujeres como candidatas: Xóchitl Gálvez, por el Frente Amplio por México y Claudia Sheinbaum, por el oficialista y sus aliados.
Son dos mujeres con formación matemática, egresadas de las Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ambientalistas, aunque tienen esas coincidencias, las separan los perfiles antagonistas de sus partidos. Ambas fueron lanzadas indirecta o circunstancialmente al juego sucesorio por el mandatario de las mañaneras.
A decir de los mismos protagonistas oficialistas y de la oposición, la contienda se da entre viejos y nuevos retos, como es el regreso de la intervención del presidente, similar al que se vivió durante el régimen priista, la concurrencia de miles de contiendas locales en medio de un contexto de violencia, un marcado ambiente de polarización y una creciente participación del crimen organizado que, sin duda, debe despertar las alertas de las autoridades lectorales.
Ahora bien, la realización de los procesos electorales, sin duda, tiene el propósito de renovar los órganos de gobierno y de representación. En ellos la soberanía popular se manifiesta a través de la decisión de las y los ciudadanos de ejercer el derecho al sufragio y escoger alguna opción entre los partidos, alianzas o coaliciones, así como a las y los candidatos postulados.
Es decir, con las elecciones se renueva la voluntad popular, y las instituciones de representación y de gobierno obtienen la legitimidad gracias al respaldo del voto ciudadano y al apego a la legalidad que norma los procesos electorales.
Se da, así, paso a las condiciones indispensables para la operatividad del principio de mayoría y el de representación, así como a las posibilidades del ejercicio de valores como el pluralismo, la tolerancia, la participación y la paz consustanciales a la democracia.
Desafortunadamente cuando no hay confianza ni credibilidad ciudadana en los procesos políticos institucionales o ellas son relativamente deficientes, el principio de la soberanía popular y su traducción en la voluntad electoral tienen una constitución defectuosa o inexistente y, ello, impacta en el resto de los principios y valores de la democracia, tal es el origen del problema político de la participación en nuestro país.
La participación democrática no es necesariamente el sucedáneo de la noción de militancia preconizada por la izquierda populista. Se trata, más bien, de la disposición, relativamente activa a participar en los asuntos públicos. La modalidad participativa democrática por excelencia es la comicial, aunque la cercanía relativa a las élites políticas estimula conductas participativas más allá del voto.
En opinión de diversos politólogos, lo característico en condiciones de normalidad democrática es la participación sólo electoral de la mayoría de las y los ciudadanos, así como la participación más amplia de los grupos políticamente dinámicos.
Evidentemente, de manera tendencialmente proporcional al disgusto ciudadano frente a lo público, se incrementa el porcentaje de ciudadanos orientados hacia una mayor participación en términos de oposición.
Así, una crisis política no se expresa normalmente bajo las formas generalizadas de apatía o desencanto, sino bajo las formas de oposición más o menos dinámica de amplios sectores ciudadanos.
La ausencia de participación, bajo la figura del abstencionismo, no es necesariamente señal de perdida de consenso de un régimen político, salvo que esté asociado a otras expresiones de descontento en tal medida que se puedan derivar del conjunto de anomalías estructurales o signos inequívocos de ingobernabilidad; un ejemplo es la administración del gobierno de la 4T.
En esta eventual situación, puede ponerse en duda la legitimidad de los órganos de gobierno y de representación, en tanto se cuestiona el contenido de la legalidad que norma los procedimientos y el apego de los procesos a la legalidad misma.
A decir de algunos politólogos, la normalización de la democracia procedimental implica la renuncia a toda tentación de apelar a soluciones violentas o coercitivas. Para ello, la confianza y la credibilidad son la base del proceso de normalización democrática, y se muestran como nudos centrales para la empresa democrática en México.
En esta disyuntiva se encuentra el Proceso Electoral Federal 2023-2024, en el que se renovará el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República; pues para diversos actores políticos y analistas en materia electoral se vislumbra un escenario peligroso para la jornada comicial federal del 2 de junio de 2024, en donde, desde su punto de vista, los perdedores desconocerán el resultado final y una oportunidad para la consolidación de la democracia en México.
El riego de una elección de Estado, en México, es latente, sobre todo, por la inequidad y la falta de respeto a las reglas del juego, los actores políticos y los peligros a los que se enfrentarán quienes competirán por dirigir al país; lo que hace ver que se avecinan litigios contra los procesos más grandes en México.
Por lo pronto, el domingo 2 de junio del 2024, las y los mexicanos están convocados a las urnas, en medio del intervencionismo desde Palacio Nacional, la violencia, la polarización y una creciente participación del crimen organizado.
Es decir, las y los millones de mexicanos con derecho al sufragio elegirán a más de 20 mil cargos públicos; entre ellos, se renovará la Presidencia de la República, así como el Congreso de la Unión: 128 senadoras y senadores y 500 diputadas y diputados.
Además, se elegirán a 9 gobernadores: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán; y en los 32 estados de la República se renovarán legislaturas locales y ayuntamientos, entre otros cargos; En el caso de la Ciudad de México, se elegirá a los nuevos titulares de las 16 alcaldías.
Según el Instituto Nacional Electoral se espera un padrón electoral de cerca de 98 millones de posibles votantes, lo que representa entre 8 y 9 millones de personas más que en las elecciones generales de 2021, por lo que se distribuirán más de 500 millones de boletas y se instalarán más de 170 mil casillas electorales en todo el territorio nacional.
Aunado a ello, el INE, que se dice estar listo para organizar las más complejas elecciones federales de nuestra historia reciente, capacitará a más de un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos; además de que monitoreará miles de horas de programas de radio y de televisión, entre otros cientos de actividades específicamente previstas por la ley, para cumplir supuestamente con su función de Estado. Como siempre le digo, amigo lector, su opinión es la que cuenta.
En el tintero: En el olvido la austeridad republica en el último año de gobierno del inquilino de Palacio Nacional…. Supuestamente la Ley Federal de Austeridad Republicana tenía como propósito regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez…No lo digo yo, ahí están las cifras; la mentada administración de la cuarta transformación aumentó el gasto neto total a 9,02 billones de pesos para 2024, lo que significó un crecimiento real del 7,1 %, en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado en 2023, esto según el Paquete Económico para 2024 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)….De ese presupuesto para el año próximo, poco más del 67,6 % se destinará al gasto identificado con el desarrollo social, equivalente a 4,3 billones de pesos, donde destacan los apoyos económicos gubernamentales…A decir del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, el Paquete Económico 2024 prioriza la inversión social, la conclusión de proyectos que impulsan la inversión física y la recuperación del poder adquisitivo del salario, así como salud, seguridad y educación…De esta forma, según hacienda, el proyecto de presupuesto para 2024 busca continuar apoyando el fortalecimiento de las capacidades de los estados de la república, para que estén en condiciones de atender sus obligaciones institucionales, tales como impulsar acciones relacionadas con la educación, la salud, la infraestructura social, la seguridad pública y el fortalecimiento financiero de las entidades federativas y de los municipios, así como de las alcaldías de la Ciudad de México, entre otros destinos. Hasta la próxima entrega.
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