Por Octavio Campos Ortiz
El gobierno federal atraviesa por una peligrosa crisis en el sector educativo. Esta semana captó la atención de la opinión pública la multa que impuso el INE a Morena por ilegales descuentos que hizo la titular de la SEP a los empleados del DIF de Texcoco, cuando doña Delfina era la alcaldesa, dinero con el que armó la vaquita para financiar a su padrino político Higinio Martínez y un guardadito para su campaña como candidata al EDOMEX. Este golpe, que puede constituir no solo una sanción económica por delitos electorales, sino de orden penal, afecta la imagen de quien despacha en la calle de Argentina en sus aspiraciones para competir nuevamente por la gubernatura. Pero también enfrente un grave problema en el IPN.
A pesar de que el ciclo escolar politécnico inició de manera virtual, los estudiantes ¡están en paro!; si, los alumnos protestan por una supuesta privatización de la educación profesional en el Instituto que creó Lázaro Cárdenas e impulsó Adolfo López Mateos. Hay que recordar que en el anterior sexenio hubo un movimiento que rebasó a la entonces directora general que obligó al secretario de Gobernación a intervenir para atender el pliego petitorio y entregar la cabeza de Yoloxóchitl Bustamante. Si no atienden este problema de inmediato las autoridades federales, se puede magnificar la protesta, con consecuencias nefasta para la SEP, de la que depende el Politécnico.
Los quejosos, que han retado a la propia Presidencia de la República al plantarse enfrente de Palacio Nacional y rechazar el diálogo con la titular de Educación Pública, exigen se respete la educación gratuita, ante la amenaza de que se cobrará una colegiatura alta a los estudiantes, e incluso hablan de buscar la autonomía de la institución educativa. La protesta de los alumnos puede crecer si no se abren los canales necesarios para negociar y concertar soluciones duraderas. El problema escala y rebasa a la titular de la SEP.
No las trae todas consigo doña Delfina, solo hay que recordar el desastroso regreso a las clases presenciales y el costo político que representó la imposición gubernamental de empezar el curso, a raja tabla, a finales del mes pasado. La impericia de la secretaria no visualizó el enojo social que despertó la exigencia de que los padres de familia firmaran una responsiva que eximía a las autoridades de todo compromiso si hubiera un contagio entre estudiantes. La disposición, que no propuesta, como se quiso manejar, se tuvo que cancelar e incluso el primer mandatario negó la existencia de una instrucción que avalara esa carta. El famoso documento exhibió la falta de sensibilidad política y de coordinación entre la presidencia y la SEP; nuevamente doña Delfina se llevó la peor parte. Quedó en ridículo y sin margen de maniobra.
A pesar de tanto traspié, la arropan desde lo más alto del gobierno y la catapultan para contender nuevamente por las tierras mexiquenses. Pero no la tiene fácil, deberá explicar los descuentos obligatorios a los trabajadores del DIF con fines político electorales y evitar que crezca el problema del Politécnico. Pero la heredera del despacho de José Vasconcelos no ha demostrado habilidades políticas para resolver conflictos. No basta la lealtad a ultranza con el presidente, también hay que demostrar conocimiento del tema educativo, sensibilidad y voluntad para negociar y resolver problemas.