La Comunidad Terapéutica, el cambio en el tratamiento a las adicciones.

Por Simón Tavera Romero

El fenómeno social del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas es uno de los grandes acontecimientos epidemiológicos de nuestro tiempo y uno de los principales problemas de salud pública que padece la sociedad mexicana. Los resultados de las últimas investigaciones[1] muestran, de manera general, que las prevalencias en el consumo de los diferentes tipos de drogas han aumentado, que las edades de inicio son cada vez menores y que la diferencia en el consumo por género tiende a disminuir. En particular, el grupo de edad de mayor vulnerabilidad, son los adolescentes de 12 a 17 años, quienes se encuentran en mayor nivel de exposición e inicio en el consumo de drogas.

En este sentido, una Estrategia Nacional de Prevención y Tratamiento a las Adicciones deben orientarse a revertir estos factores y proteger a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo; evitar que quienes se encuentren con un consumo experimental deriven en situaciones de abuso o dependencia, y brindar servicios especializados de tratamiento a quienes lo requieran, así como programas de reinserción social y reducción del daño.

Por otro lado, el consumo ha adquirido proporciones alarmantes en las últimas décadas, principalmente por los niveles extremos de violencia y muertes ocasionadas por el conflicto entre los diferentes cárteles de la droga. Estos fenómenos de violencia impactan en forma dramática toda la dinámica del consumo y configuran entornos excepcionales de inseguridad, de tal forma que obliga a desarrollar programas innovadores de prevención y atención integral de las adicciones, necesariamente vinculados a la política pública de seguridad ciudadana.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, ENCODAT 2016-2017, las líneas base de personas sin consumo, en riesgo sin consumo, con consumo sin dependencia y dependencia, para personas entre 12 y 65 años, son las siguientes:

INDICES DE CONSUMO No. Personas sin consumo No. de personas en riesgo sin consumo No. de personas con consumo sin dependencia No. de personas con dependencia
Nacional

2016-2017

61’132,036

(71.7%)

15’347,806

(18%)

8’237,345

(9.7%)

544,870

(0.6%)

Tratamiento de base comunitaria
Programas de reducción del daño
Prevención de recaídas
Programas de reinserción social y profesional
Tratamiento especializado con internamiento
Detección temprana e intervención oportuna
Prevención en centros escolares
Prevención en ámbitos laborales
Justicia cívica y penal para infractores con consumo de sustancias
Fortalecimiento de factores de protección
Prevención comunitaria
15´347,806
8´237,345
544,870
61´132,036

Como se puede observar, dependiendo del nivel de riesgo, severidad del consumo y características del entorno, es posible implementar intervenciones focalizadas con metodologías adecuadas para cada nivel de atención. Es importante resaltar que para el sector de la población en donde no hay consumo, se requiere fortalecer los factores de protección como son la pertenencia y permanencia escolar, el acompañamiento de padres/madres o cuidadores/as a hijos/as y acceso a espacios de participación en actividades de arte, cultura y deportes, en el marco de un programa amplio de prevención comunitaria. Con respecto al sector de la población que se encuentra en riesgo o con un consumo inicial, sin dependencia, es necesario implementar programas de detección temprana e intervención oportuna, tanto en las comunidades de mayor vulnerabilidad, como en las escuelas de educación básica, instalando en la malla curricular la asignatura de prevención para lograr una amplia cobertura de atención con baja inversión económica. Finalmente, respecto al sector de la población que cumple con los criterios de dependencia, el estado debe proporcionar una infraestructura de tratamiento con modelos profesionales, con base en evidencia y sustentados en buenas prácticas.

[metaslider id=235]Sobre este último nivel de atención, es fundamental tener presente un dato que determina las necesidades de atención existentes en el país. Este dato, pocas veces considerado en las políticas públicas, nos señala que del 100% de las personas que cumplen los criterios de dependencia (544,870), solo el 15% recurre a un servicio de tratamiento para su rehabilitación, con resultados menores al 25% de éxito. Por otro lado, el 85% que no busca ayuda, permanece en sus comunidades manteniendo sus hábitos de consumo y estableciendo mecanismos de reproducción cultural de las adicciones y manteniendo intactas las tendencias de aumento de las prevalencias.

A partir de esta información, se derivan dos acciones imprescindibles para fortalecer las políticas públicas de tratamiento a las adicciones, como tercer nivel de atención:

  • Es necesario aumentar la eficacia de los modelos de tratamiento que atienden al 15% del total de las personas con dependencia. De acuerdo al Diagnóstico Nacional de los Servicios de Residenciales en el Tratamiento de las Adicciones realizado por el Consejo Nacional contra las Adicciones, estos servicios los proporciona de manera predominante las organizaciones de la sociedad civil. En general, se trata de centros de tratamiento con infraestructura precaria, modelos de ayuda mutua y con una oferta única de internamiento de 3 meses; las personas que proporcionan el tratamiento tuvieron una dependencia y se rehabilitaron en los últimos 3 años, la mayoría con estudios hasta la secundaria o preparatoria y sin una formación especializada para poder proporcionar este servicio.

Para elevar la calidad de los servicios y la competencia de estos centros de tratamiento, se requiere instalar de procedimientos estandarizados para las buenas prácticas y que consisten en realizar diagnósticos integrales, planes de tratamiento, juntas clínicas de evaluación de proceso, tiempos de tratamiento de acuerdo a la severidad de la dependencia, programas de tratamiento en diferentes modalidades (residencial, de día y ambulatorio), programas de tratamiento para las familias y programas de reinserción social, así como un proceso de formación continua y supervisión para los operadores de los servicios. Sin duda, una teoría de cambio del modelo de atención nos permitiría visualizar un mapa causal detallado del proceso desde la identificación de los problemas, las acciones, resultados intermedios y finales del tratamiento.

El modelo de atención que cuenta con estas características es el de comunidad terapéutica y se encuentra ampliamente documentado, con investigaciones, publicaciones y reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud. Las precondiciones para que funcione este modelo son que las personas con dependencia, ingresen de manera voluntaria y con un genuino compromiso de cambio, que se traduce en intensos procesos participativos tanto en la toma de decisiones como en la conducción del programa.

Los objetivos de este modelo trascienden el propósito de la abstinencia como resultado final del tratamiento y buscan el cambio psicológico y estilo de vida, lo que implica atender los problemas emocionales y de personalidad subyacentes al estado de dependencia. Existe evidencia de que el 80% de las personas que asisten a tratamiento poseen un Trastorno Límite de Personalidad, TLP. Este objetivo, determina una técnica para el tratamiento que incluye un conjunto de acciones psicoterapéuticas (grupo terapéutico, psicodrama y grupos de confrontación) y reeducativas (inserción escolar, capacitación laboral y actividades de arte, cultura y deporte) que sobrepasan con mucho el modelo de ayuda mutua.

  • Es necesario diseñar modelos de Tratamiento de Base Comunitaria para incidir en el 85% de personas que no acuden a un centro de rehabilitación. Como se mencionó previamente, el grupo mayoritario de personas que cumplen los criterios de dependencia, no asisten nunca a un servicio de tratamiento. Esta situación, hace necesario diseñar dispositivos de atención desde las mismas comunidades, sin desarraigar a la persona de su grupo familiar y contexto comunitario. Estos modelos se denominan Tratamiento de Base Comunitaria, TBC.

El punto de partida para el TBC es transferir la técnica de la comunidad terapéutica a los contextos comunitarios, es decir, crear un encuadre de tratamiento a partir de los recursos locales (personas, programas sociales y servicios públicos), sobre los cuales pueda transcurrir el proceso de cambio de las personas en tratamiento, bajo un enfoque de salud mental comunitaria.

En México estos modelos han sido poco ensayados y solo conocemos la experiencia de Hogar Integral de Juventud, I.A.P. quien desarrolló un modelo denominado ECO2 y que en la actualidad es replicado en Latinoamérica, principalmente en Uruguay y Brasil.

Sin duda, este modelo representa una de las alternativas para incidir con este amplio sector de usuarios/as y una posibilidad de revertir las tendencias en el aumento en el consumo de drogas y las adicciones.

A manera de conclusión, podemos subrayar que es urgente fortalecer la infraestructura de tratamiento existente en el país, conformada por 2157 centros de tratamiento y operada por organizaciones de la sociedad civil, así como diseñar e implementar modelos de Tratamiento de Base Comunitaria que vayan a los territorios y construyan procesos participativos en donde el principal protagonista es el mismo usuario y la comunidad. Además, es urgente incluir los servicios médicos y psiquiátricos como parte de esta estrategia territorial y con una nueva visión de la salud mental, menos asilar y más comunitaria. Las universidades y centros de investigación tampoco pueden estar al margen y deben incluirse para crear un sistema de información y evaluar las políticas públicas con base en evidencia. Alrededor de este modelo territorial, sin duda se debe contar con el acceso a servicios públicos como son la escuela, capacitación laboral, centros comunitarios, espacios de arte, cultura y deporte. Entonces, tejiendo poco a poco, bajo un liderazgo informado e institucional, conformar el capital social para la prevención y tratamiento a las adicciones en cada localidad del país, dando prioridad a las comunidades de mayor vulnerabilidad.

La violencia y las adicciones están en correlación directa con el deterioro del tejido social de una comunidad, son sujetos desconectados, excluidos y anómicos. Prevenirlas depende del capital social para su reconstrucción, de los bienes culturales que viajan por las redes sociales y conectan con los excluidos y vulnerables, restituyendo sus derechos humanos y construyendo procesos de salud mental, inclusión social y desarrollo sostenido.

Simón Tavera Romero, presidente de la Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas, consultor para el programa Juntos Por la Prevención, JPV, de la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional, USAID, y asesor para el programa Tejiendo Comunidades de Paz, TCP, para el municipio de Querétaro.

[1] Encuesta Nacional de Adicciones 2008; Encuesta Nacional de Adicciones 2011; Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, ENCODAT 2016-2017; Sistema de Reporte de Información en Drogas, SRID; Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones, SISVEA; Diagnóstico Nacional de Servicios Residenciales en el Tratamiento de las Adicciones, y Encuesta de Consumo de Drogas en Estudiantes en la Ciudad de México 2012, entre otras.

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