La Comisión de Vigilancia y funcionarios de la ASF analizan informes sobre fiscalización de la Cuenta Pública 2022

Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación se reunió con los auditores especiales de Desempeño y de Seguimiento, Informes e Investigación, Agustín Caso Raphael y Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, respectivamente, con motivo del análisis del informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior y la tercera entrega del informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022.

También, en el encuentro en el Palacio Legislativo de San Lázaro, participó el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Víctor Manuel Andrade Martínez.

El presidente de la Comisión, diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), señaló que este ejercicio no solo es de evaluación de los resultados del análisis de la Cuenta Pública 2022, sino también del propio desempeño que realiza la ASF. Consideró que se deben presentar algunas iniciativas para fortalecer el trabajo de fiscalización y el propio reglamento de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), además de otras cuestiones legales. 

Externó su convicción de que el trabajo de fiscalización no es aislado de cada uno de los entes, sino un trabajo en conjunto, y hay criterios de homologación que se deben atender para solventar las observaciones, con la finalidad de disminuir el trabajo y llegar a lo que determina la Constitución Política: “que quienes hayan hecho mal uso de los recursos públicos, no hayan atendido a los lineamientos para los cuales están destinados los recursos públicos, se pueda llegar a sanciones”.

El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena) señaló que es necesario que los servidores públicos informen y precisen sobre los trabajos de fiscalización relacionados sobre el desempeño por parte de los poderes de la unión y de los entes públicos federales, si estos cumplieron o no con los objetivos contenidos en los programas federales y si se aplicaron los fondos y los recursos en cumplimiento a los mismos. Ello permitirá que las y los legisladores cuenten con elementos veraces para forjarse un criterio sobre el actuar del ente fiscalizado. 

Estos encuentros, afirmó, fortalecen las funciones que tiene la Comisión de Vigilancia para verificar que los recursos públicos sean usados conforme a los programas y presupuestos correspondientes, por lo que exhortó a la ASF a que con imparcialidad promueva las responsabilidades que procedan en contra de los servidores públicos, así como a los particulares que hayan obtenido o usado recursos públicos federales.

El diputado Azael Santiago Chepi (Morena) afirmó que hay avances en materia educativa, en los programas y política pública, por lo que pidió conocer de qué manera se revisa y evalúa la política educativa implementada, qué recomendaciones se le pueden dar a los entes fiscalizados para facilitar el ejercicio de solventación durante el proceso de seguimiento, cuáles son las acciones después de presentar las denuncias ante la fiscalía para robustecer las carpetas de investigación y puedan ser fiscalizadas, ya que al día de hoy existen mil 170 denuncias de las cuales solo 18 tienen condena. 

A su vez, la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) lamentó que en 2022 se haya dado de baja la auditoría “Evaluación sobre la política pública educativa en el desarrollo económico de México”, cuando es necesario conocer sus resultados, que los resultados de la Auditoría Especial de Desempeño desde su creación no reflejen la cruda realidad y la impunidad que existe ante las denuncias de hechos en la Fiscalía General de la República. Pidió conocer por qué desde la Cuenta Pública 2021 se dejaron de hacer evaluaciones de política pública que se realizaban desde 2011.

El diputado Guillermo Octavio Huerta Ling (PAN) preguntó si existe un rezago en el seguimiento de las acciones en las cuentas públicas de 2018 a 2021 y hasta cuándo concluye el plazo para que los entes presenten información para solventar las observaciones. Añadió que desde 2017 la presentación de denuncias de hechos tiene una tendencia a la baja por parte de la ASF, por lo que es necesario saber cuáles son los motivos de ello y si fueron adecuadas las modificaciones al reglamento.

Por su parte, Hiram Hernández Zetina, diputado del PRI, externó su inquietud por el porcentaje de solventación y la eficacia y eficiencia de las recomendaciones. Además, mencionó que la auditoría de desempeño debe realizar la tarea fundamental de evaluar el diseño y análisis de las políticas públicas, su eficacia y eficiencia, así como su implementación; es decir, el costo-beneficio, a fin de informar a la población si los gobiernos a nivel federal y en sus tres niveles llevan a cabo políticas apegadas a estos criterios.

Maribel Martínez Ruiz, diputada del PT, apuntó que es fundamental saber cuál es el impacto de las auditorías realizadas sobre la eficiencia, eficacia y economía en la administración pública, pues de 2013 a la fecha las recomendaciones en materia de ejecución del gasto han ido a la baja.

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de MC, planteó que en los informes de la ASF hay una recurrencia en las recomendaciones emitidas a los entes fiscalizados, por lo que consideró necesario buscar que estás se traduzcan en productos legislativos que fortalezcan los criterios sancionadores como el sistema de responsabilidades administrativas y, con ello, abonar al cumplimiento de sus objetivos en materia de la ejecución del gasto.

Agustín Caso Raphael, auditor especial de Desempeño de la ASF, explicó que las auditorías de desempeño tienen como objetivo promover la gobernanza económica, eficaz y eficiente, así como contribuir a la rendición de cuentas y transparencia. La característica principal de estas auditorías radica en la evaluación de los resultados de las políticas públicas, programas, proyecto, sistemas e instituciones.

Dijo que en la tercera entrega de informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2022 se emitieron en total 299 recomendaciones de las cuales 239 fueron al desempeño y 60 de las auditorías enfocadas a la gobernanza y control interno. Agregó que los temas de fiscalización que generaron mayor número de acciones fueron educación con 57, protección ambiental con 41 acciones, generación de conocimiento científico con 34, bienestar de adultos mayores, niñas y niños de madres trabajadoras con 21 acciones y transporte con 16 acciones.

Comentó que la mayoría de las recomendaciones están orientadas a mejorar el diseño de programas. Mencionó que en la Cuenta Pública 2022 los entes fiscalizados con el mayor número de acciones fueron las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Educación Pública e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Añadió que en este periodo se han realizado cinco auditorías a la Secretaría de Educación Púbica, con 40 recomendaciones emitidas.

Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, auditor especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la ASF, dio a conocer que esta unidad recibió en su creación 12 mil expedientes y hasta 2021 ha recabado 27 mil 173 nuevas acciones, de las cuales se ha concluido 33 mil. Añadió que actualmente se analizan cuatro mil 767 expedientes y se han concluido el total de las Cuentas Públicas de 2014 al 2017 y están en trámite las de 2018 a la fecha.

El funcionario aclaró que con la reforma al combate a la corrupción se le ha restado a la ASF discrecionalidad en sus quehaceres y ha otorgado certeza en los regímenes de fiscalización y responsabilidad administrativa para los entes auditados, ya que se promueve su capacitación. Enfatizó que esta área elabora los expedientes con tiempo y responsabilidad, debido a las implicaciones que tiene la materia penal en las personas y su libertad.

Apuntó que el área a su cargo trabaja para lograr la presencia auditora y de fiscalización en todos los municipios del país, mediante capacitación sobre la trazabilidad del recurso. Enfatizó que las recomendaciones son de carácter preventivo sin ningún tipo de sanción, por lo que los entes atienden más las observaciones sancionatorias. Agregó que los pliegos de la Cuenta Pública 2015 se turnaron a las áreas de responsabilidades jurídicas.

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, diputado Víctor Manuel Andrade Martínez, hizo referencia a las funciones que ejerce, como promover e intervenir en los juicios contenciosos y de amparo que presenta la ASF, presentar denuncias penales con base en los dictámenes técnicos, coadyuvar con la autoridad ministerial y jurisdiccional en los procesos penales, substanciar el procedimiento para la imposición de multas e instruir procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias.

Detalló que al día de hoy se han impuesto 466 multas, 108 a servidores públicos y 358 a personas físicas, de carácter privado. Se han cobrado arriba de 7 millones de pesos y están en proceso de ejecución en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) alrededor de 10 millones de pesos, pero el cobro de las multas no lo hace la ASF sino conforme al procedimiento administrativo de ejecución que está establecido por el SAT.

Resaltó que en lo que va de 2024 se han recibido 152 requerimientos de información de la Fiscalía General de la República. Sobre las denuncias penales, informó que de 1998 a 2020 se contabilizaron mil 184, de ellas mil 99 corresponden a la Cuenta Pública y 85 al concepto denominado “simulación de reintegros”, y alrededor del 80 por ciento de esas denuncias se encuentran activas ante la Fiscalía o las instancias jurisdiccionales correspondientes.

Precisó que del 15 de marzo de 2018 a la fecha se han presentado 266 denuncias de hechos, de las cuales más del 95 por ciento están activas. De 2011 a 2024, el 98 por ciento de los juicios de amparo han sido favorables a la Auditoría. Se iniciaron 4 mil 801 fincamientos de responsabilidad resarcitoria, involucrando a 16 mil 94 presuntos responsables, están resueltos 4 mil 238 y 563 se encuentran en desahogo. En el registro público de servidores sancionados al día de hoy están inscritos 3 mil 814, y se han recibido 636 expedientes de presuntas responsabilidades administrativas.