La asignatura pendiente

Octavio Campos Ortiz

A cuatro años de gobierno, la gran asignatura pendiente de la 4T es la seguridad, y aunque la narrativa oficial dice que vamos requetebién y se ha controlado la inseguridad -sin más evidencia que el manejo discrecional de las cifras-, la terca realidad y las encuestas del INEGI tienen otros datos. En la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública se registra un dato aterrador: solo el diez por ciento de los delitos cometidos en el país se denunciaron al ministerio público y el 93 por ciento de ellos no se investigaron. De tal tamaño es la cifra negra del delito en nuestro país.

Más aún, del total de las carpetas de investigación iniciadas por los fiscales, el 50 por ciento de las denuncias no se resolvieron o simplemente no hizo nada el agente investigador. Cuando se preguntó a la gente por qué no denunciaba, el 33.5 por ciento contestó que era una pérdida de tiempo y casi el 15 por ciento por desconfianza en la autoridad. A nivel nacional, el 61.2 por ciento de la población consideró que la inseguridad era el problema que más le aquejaba, incluso en mucho mayor grado que el aumento de precios o el desempleo.

En cuanto a la percepción de inseguridad, casi el 76 por ciento de la población adulta externo que vivir en su entidad federativa es inseguro por la delincuencia. Hablamos de que las tres cuartas partes de los ciudadanos que habitan el país se sienten indefensos ante los criminales.

Por ello, el gobierno federal no debiera festinar sus magros resultados. Utilizan las estadísticas para presentar un panorama inexistente. Difunden la disminución de algunos ilícitos, incluidos el homicidio doloso y los delitos federales, con una numeralia amañada. Dicen que de Fox a Peña Nieto se incrementaron los asesinatos y que en este sexenio disminuyeron. Para empezar, contra qué cifra se compara, ¿La de Zedillo?, cómo pueden compararse sexenios completos contra cuatro años de gestión. Por donde se vea, este es el gobierno con más muertes violentas en los últimos 22 años.

Se ufanaron en los promocionales con motivo del cuarto informe constitucional de gobierno de haber disminuido en más del 30 por ciento los ilícitos del fuero federal, solo que se les olvidó decir que todos esos delitos solo representan el cinco por ciento de la incidencia delictiva y que generalmente son denuncias de empleados federales por extravió de su credencial, del ciudadano que perdió el INE o de representantes legales de las dependencias del gobierno federal que requieren de una constancia de, por ejemplo, el robo de un vehículo oficial para tramitar el seguro. La inmensa mayoría de las personas -el 95 por ciento-, que han sufrido un quebranto patrimonial, han visto en peligro su vida o son víctimas del delincuente común, no van a las agencias del ministerio público federal.

La terca realidad tiene otros datos. No es cierto que hayan bajado los injustos penales, como falso es que el combate a los problemas sociales como la miseria o la desigualdad social reduzcan la comisión de los delitos, toda vez que el uso electorero de los programas asistenciales no ataca la pobreza, solo la administra. Por cierto, también es una falacia suponer que la gente delinque porque es pobre. La delincuencia es un fenómeno consustancial al ser humano y que protagonizan personas de todos los estratos sociales. Los ricos también roban y matan, no solo los analfabetos o el lumpen cometen ilícitos, también la clase media -tan estigmatizada por la 4T, es proclive a la ilegalidad. Delinquir no es un acto de necesidad, es un problema de principios, de valores sociales. Hay que educar a la gente, no darles dádivas del presupuesto.

Así que, como van, la inseguridad será por todo el sexenio, una asignatura pendiente.