Es urgente la revisión y, en su caso, la actualización de tres normas mexicanas en materia de agua potable para consumo humano, así como de equipo de protección contra incendios en vehículos de transporte, advirtió el senador Roberto Juan Moya Clemente, presidente de la Comisión de Economía de ese recinto legislativo.
En el dictamen presentado, las y los senadores advirtieron la presencia de impurezas en el líquido vital, que podrían poner en riesgo la salud de la población, pues se asocian a diversas enfermedades como hepatitis viral, fiebre tifoidea, cólera, disentería y otras infecciones estomacales.
Y, se lanzaron contra las empresas embotelladoras de agua potable para consumo humano e indicaron que “estas a las que calificaron de “rellenadoras”, deben apegarse a estándares de calidad de mayor vanguardia”.
Solicitaron al Ejecutivo Federal, que se revisen las normas: NOM-001-CONAGUA-2011, “Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba”, así como la NOM-201-SSA1-2015 “Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones”.
Los legisladores demandaron que se revise la NOM-157-SCFI-2005, “equipo de protección contra incendio-Extintores como dispositivo de seguridad de uso en vehículos de autotransporte particular, público y de carga en general- Especificaciones y métodos de prueba”, así como las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas en materia de extintores de uso automotriz.
La Comisión también avaló un dictamen para que las secretarías de Economía y de Bienestar fortalezcan los programas de capacitación y financiamiento de mujeres empresarias y emprendedoras.
Esto con el propósito de aumentar su participación en el sector productivo y facilitar la desagregación de la información vinculada a los apoyos y capacitación por género en las plataformas digitales de los programas sociales.
El dictamen precisa que la posibilidad de desagregar la información y conocer a detalle a quienes son los beneficiarios de los programas, en qué zona del país, rango de edad, género, tipo de negocio o actividad emprendida, debe ser esencial en la toma de decisiones, en el ejercicio de los recursos públicos y en la configuración de las políticas públicas.