Grupo Plural de Igualdad Sustantiva impulsará paquete de reformas constitucionales

Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados

El Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, que preside la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), acordó impulsar reformas constitucionales en materia de reproducción humana asistida, mercantilización de seres humanos, principio de paridad en comunidades indígenas y afromexicanas, brecha salarial, denominación de las cámaras del Congreso y aprobación de presupuestos de egresos estatales con perspectiva de género, mismas que se prevén resolver en este periodo de sesiones. 

La legisladora indicó que la mercantilización humana y los vientres de alquiler que prepondera en algunos lugares se debe detener para lo cual se requiere una reforma a la Carta Magna que lo impida. “Buscamos que vaya y se desarrolle en conferencia con el Senado, porque estamos en una etapa complicada del periodo y la Legislatura”.

Además, se buscará cambiar la denominación de las cámaras del Congreso para que sea Cámara de Diputadas y Diputados, y de Senadoras y Senadores. En materia de brecha salarial, explicó que ya se encuentra un dictamen en la Mesa Directiva y se presentará una propuesta de reserva para su modificación.

La diputada Blanca Alcalá Ruiz (PRI) expresó que está pendiente una modificación al artículo 2° de la Constitución Política en relación con los usos y costumbres de las comunidades indígenas y afromexicanas para el respeto del principio de paridad.

Sobre los vientres de alquiler, añadió que la idea es legislar para prohibirlo desde la Constitución, que quede como facultad exclusiva del Congreso Federal. “Si no legislamos condenamos a las mujeres a la esclavitud”.

Explicó que este mercado se realizaba en Ucrania, pero con la guerra se trasladó a México y ahora se tiene el turismo no solo sexual, sino el de vientres de alquiler para reproducción humana. “No podemos permitir que se pague por un ser humano; debemos prohibir la mercantilización del ser humano, porque no solo es para formar una familia, sino que se hace para el mercado de órganos”.

De ahí, dijo, la importancia de reservar el tema sólo para el Congreso Federal y prohibir toda figura que pueda equipararse a la esclavitud. “Tenemos urgencia porque estamos en la etapa final de la Legislatura y queremos sacarlo en la última semana del periodo”.

La diputada Joanna Felipe Torres (PAN) señaló que la subrogación de vientres constituye una pequeña parte de la reproducción asistida y es necesario abordarla, pero antes “debemos asegurarnos que el Congreso de la Unión tenga la facultad exclusiva de legislar en esta materia” y después trabajar en una ley general donde se establezca todo el tema de los vientres subrogados.

Destacó la importancia de establecer desde la Ley Suprema que los presupuestos de egresos de las entidades federativas se aprueben con perspectiva de género. También dijo que impulsará diversas reformas secundarias en materia de feminicidio, violencia digital género que utiliza la inteligencia artificial para pornografía, y derechos laborales de las mujeres para ausentarse cuanto enfrenten un proceso de denuncia por violencia de género.

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena) planteó realizar foros sobre subrogación de vientres para regular el tema y “no esclavizar a las mujeres más pobres, que son quienes lo van a hacer quizá por necesidad o estar en una situación de trata”.

De MC, la diputada Mirza Flores Gómez manifestó la relevancia de legislar este tema “porque es un horror que no lo cuidemos por el sometimiento de las mujeres a esta forma de esclavitud y la mercantilización de sus cuerpos”.

La diputada Gabriela Sodi (PRD) se pronunció por que los estados no legislen en materia de reproducción asistida y que sea el Congreso de la Unión el que tenga el control absoluto de esto, porque México es el número uno en este tráfico y alquiler de vientres de niñas y jóvenes.

Por su parte, La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena) afirmó que es una prioridad legislar en temas de reproducción humana asistida, antes de que acabe el periodo y que sea el Congreso Federal el facultado para ello.

Además, propuso realizar cápsulas informativas para dar a conocer a la ciudadanía sobre la importancia de este tema y la preocupación de la Cámara sobre el mismo, “y, posteriormente, esto pase al Senado de la República”.

La diputada Amalia Dolores García Medina (MC) apoyó estas reformas porque “los seres humanos no pueden ser sujetos de comercialización”, que es equiparable a la trata. Se pronunció por legislar la subrogación de vientres ya que “las mujeres no somos contenedores ni una fábrica; somos personas con derechos”. 

Informó que presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Seguridad Social en materia de cuidados, la cual se encuentra en la Comisión de Bienestar y se ha buscado integrarla con otras propuestas sobre el mismo tema para hacer un solo dictamen y, si se aprueba en la próxima reunión se puede subir al Pleno en este mismo periodo”.

De Morena, la diputada Adriana Bustamante Castellanos dijo que impulsará tres iniciativas para elevar a rango de ley algunos parámetros establecidos en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el feminicidio de la joven Mariana Lima Buendía.

Planteó investigar con perspectiva de género y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas para acreditar que son feminicidios, incluyendo suicidios y accidentes, en las fiscalías de las 32 entidades del país.

La diputada Maribel Martínez Ruíz (PT) expresó que tiene una propuesta de reforma constitucional en materia de paridad en los municipios indígenas y afromexicanos, y se fortalezcan los mecanismos para garantizar la igualdad sustantiva. Otra, modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para facultar a las autoridades a que atienden la primera urgencia en casos de violencia familiar, y que en las órdenes de protección se establezca que sea el agresor quien salga del domicilio y no la mujer con sus hijas e hijos.

En otra propuesta, plantea reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para que se fortalezcan los mecanismos de protección cuando se trate de delitos contra menores de edad; y una más para que se deduzca el ISR a quienes ocupan estancias infantiles y escuelas privadas.

Asimismo, se acordó hacer un llamado a todos los presidentes de los Tribunales de Superiores de Justicia de los estados para que aporten la información a los Organismos Públicos Locales y al Instituto Nacional Electoral sobre los que estuvieran en los supuestos de la “Tres de Tres”, deudores alimentarios, violentadores, etcétera.

La diputada García Medina planteó la importancia de analizarlo y votarlo en el Pleno en breve.

La diputada Alavez Ruiz dijo que podría solicitarse en la Junta de Coordinación Política, para que pase como acuerdo de ese órgano de gobierno y se vote en el Pleno.

Posteriormente, diputadas integrantes del Grupo plural recibieron a Patricia Olamendi Torres y a Julieta Lujambio, de la Red Nacional Por Todas Mx, para conocer los avances de la puesta en marcha de la reforma “Tres de Tres contra la violencia” en las entidades federativas.

Olamendi Torres destacó que en general es un gran avance para la armonización con los procesos locales electorales y hay un grupo pequeño de estados que no han armonizado ni han hecho los ajustes a sus legislaciones conforme al transitorio. Además, dijo, el plazo establecido es el 25 de noviembre, por lo que es urgente.

Solicitó que se haga un exhorto a los congresos locales que faltan para que cumplan con la reforma constitucional.

También propuso que los organismos electorales locales envíen los nombres de los candidatos a los tribunales electorales locales y que éstos contesten con una carta que no están en ninguno de los supuestos de la ley Tres de Tres, para avalar el nivel de cumplimiento.

Julieta Lujambio explicó cómo ha avanzado el tema del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, creado por la impunidad generalizada ante la desprotección de los menores de edad.  “Se calcula que son 15 millones los niños que no reciben esa pensión”. El problema es grave, dijo, por lo que los tribunales deben dar información completa de los casos y que esa información sea de consulta pública, la cual estará protegida por la ley.