Gobierno Federal y empresas productoras y distribuidoras acuerdan diversas medidas contra la inflación

• El secretario Ramírez de la O señala que el esfuerzo conjunto busca reducir en 8% el precio máximo promedio de la canasta básica.

• El Gobierno mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y la electricidad.

El Gobierno Federal y diversas empresas productoras y distribuidoras, suscribieron hoy, con el propósito de combatir los aumentos de precios en productos e insumos alimentarios, un acuerdo complementario al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) anunciado el pasado mes de mayo.

Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, señaló que un esfuerzo inicial consiste en que la acción coordinada de Gobierno, productores y tiendas de autoservicio reduzca en 8% el precio máximo promedio de la canasta básica de 24 productos, de 1,129 a 1,039 pesos promedio.

Puntualizó que el Gobierno pondrá énfasis adicional en su programa de fortalecimiento de la producción nacional de aquellos granos en los que somos deficitarios, y cancelará temporalmente la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizado en los envases de alimentos. Precisó que se examinará conjuntamente la necesidad de extender esta limitación a otros productos.

A fin de fortalecer la producción nacional, el Gobierno atenderá, de manera especial, los casos de productos alimenticios que requieran de soluciones particulares para sobreponerse a situaciones de competencia desleal, ciclos de

consumo, restricciones al comercio o alguna otra que no sea factible de ser superada por las propias empresas y que afecte la oferta de alimentos.

Tras analizar conjuntamente la situación del momento inflacionario, el Gobierno Federal otorga a las empresas firmantes de este Acuerdo una Licencia Única Universal que las exime de todo trámite o permiso para las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para su envase, incluyendo los del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (SENASICA) y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), así como del impuesto general de importación. Así, se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias, de inocuidad y calidad.

Asimismo, acotó, se suspenderá la revisión de toda regulación que se considere impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país, lo cual incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional.

Con esta Licencia, las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyan sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole.

El titular de Hacienda indicó que el Acuerdo específica que las empresas relevantes asumen el compromiso de no subir los precios de la harina de maíz utilizada para la tortilla, en particular la harina básica extra premium sin conservadores. El esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio 3% menor al precio promedio máximo actual.

Resaltó que el Gobierno mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018. Adicionalmente, congelará las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de

Infraestructura (FONADIN) y a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) hasta el 28 de febrero de 2023.

Ramírez de la O subrayó que, a diferencia de Estados Unidos, en donde la inflación es de demanda, en México es de oferta. Por esa razón, dijo, la mejor respuesta consiste en producir más alimentos y reducir costos regulatorios y logísticos por parte del gobierno y los productores, para fortalecer esta oferta de alimentos.

Finalmente, apuntó que las empresas y el Gobierno aceptan la tarea de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor y que dicha dependencia tenga suficiente autoridad y facultad de fiscalización y sanción en aquellos casos donde se detecten abusos, en todas y cualesquiera de las etapas de la cadena de intermediación y distribución de alimentos.

A la reunión asistieron Antonio Suárez Gutiérrez (Tuny); Leovi Carranza Beltrán (Grupo Pinsa-Dolores); Juan Antonio González Moreno (Grupo Gruma-Maseca); Altagracia Gómez Sierra (Grupo Minsa); Daniel Salazar Ferrer (Bachoco); Isidro Ávila Lupercio (San Juan); Jesús Vizcarra Calderón (Sukarne); Arnulfo Ortiz (Grupo Gusi); José Zaga Mizrahi (Opormex); Eugenio Caballero Sada (Sigma Alimentos); Alfonso Celis (Socorro), y Alfonso Rosales Wybo (Verde Valle).

Por parte de distribuidores, se contó con la presencia de Guilherme Loureiro y Javier Treviño de Walmart; Ricardo Martín Bringas de Soriana, y Antonio Chedraui Obeso de la cadena Chedraui.