Víctor Sánchez
Garantizar la reinserción social y la salud mental de las personas privadas de su libertad, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en donde establece que es derecho de esas personas recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud física y emocional.
También, agregó, será su derecho recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por condiciones de salud física, emocional o mental.
Precisó, en cada centro penitenciario tendrá que haber cuando menos tres médicos y dos psicólogos quienes serán responsables de cuidar la salud emocional de las personas recluidas.
A su vez, apuntó,se establece que la autoridad penitenciaria deberá celebrar convenios de colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, la Secretaría de Educación Pública, así como instituciones educativas privadas y públicas.
Ello, indicó la propuesta, para ampliar la oferta educativa y su calidad durante la ejecución de la pena, así como después del cumplimiento de la misma, a fin de garantizar el derecho a la reinserción social efectiva contemplado en el artículo 18 de la Constitución Política.
Respecto del ámbito del trabajo, las personas privadas de su libertad, una vez obtenida ésta, podrán solicitar su involucramiento gratuito en la capacitación laboral, con el objeto de restituir sus derechos y garantizar su reinserción social.
Dicho empleo, añadió, se entenderá como una actividad lícita que podrán realizar una vez obtenida su libertad y que podrá ser bajo la modalidad de la gestión gubernamental para ampliar la oferta laboral, así como la promoción de los productos, servicios o actividades que realiza la persona reclusa o la que ya obtuvo su libertad.
En cuanto a servicios postpenales, indicó que la autoridad deberá instaurar centros de atención integral e incluir programas de apoyo psicológico. Estos servicios, precisó, serán gratuitos.
En la exposición de motivos, la iniciativa señala que, de acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021 del INEGI, al cierre de 2020 la cifra de personas privadas de la libertad a nivel nacional fue de 211 mil 169, de las cuales 92.3 por ciento (194 mil 841) se registró en los centros estatales y 7.7 por ciento (16 mil 328) en los centros federales.
Por otro lado, el Instituto de Reinserción Social en la Ciudad de México aseguró, sólo 5 por ciento de las personas que son puestas en libertad consiguen un empleo, de las cuales el 20 por ciento son comerciantes informales y 75 por ciento no encuentra trabajo.
A su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha apuntado que la salud de las personas privadas de su libertad tiene especial importancia dado que las condiciones de confinamiento pueden tener un efecto perjudicial sobre el estado mental de las mismas, y en ese sentido la autoridad es responsable de prestar atención médica y disponer de las medidas preventivas que promuevan el bienestar físico y psicológico de las personas internas.
Por tal motivo, resaltó, es evidente la obligación del Estado mexicano de brindar un tratamiento penitenciario que garantice los derechos humanos, incluyendo la salud.
Las modificaciones son a la fracción I y II del artículo 9, el título y el primer párrafo del artículo 78, el segundo párrafo del artículo 86, el primero, segundo párrafo y las fracciones I y II del artículo 91, el artículo 166, primero, segundo y tercer párrafo del artículo 207, de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
LA ATENCIÓN ES TARDÍA
Por otro lado, el secretario de Salud en Michoacán, Elías Ibarra Torres, informó que como una medida de salud pública y prevención de adicciones, en Morelia instalarán un Centro de Salud Mental y Adicciones.
El secretario de Salud manifestó, se pondrá atención especial a la salud mental, ya que el 85 por ciento de las personas con problemas de salud mental no son atendidos médicamente y en ocasiones la atención es tardía.
En reunión de Desarrollo Regional, Ibarra Torres expuso que una de las clínicas de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), con instalaciones en Morelia, será reconvertida para instalar este centro.
Asimismo, algunas camas de las clínicas del sector salud al interior del Estado serán reconvertidas para dar atención a esta rama médica, además de buscar la instalación de unidades regionales que se especialicen en ello.
Ibarra Torres agradeció al poder legislativo el haber etiquetado presupuesto para la instalación de estas unidades; subrayó que en este programa participan también los sistemas DIF municipales y el estatal, así como la Secretaría de Bienestar en Michoacán.
Informes para Tratamiento en Adicciones:
55 1336 9656.
www.venceradicciones.com
Facebook: @vence adicciones
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