Rompe el equilibrio social de familias mexicanas y trasgrede sus derechos humanos. Organizaciones civiles, legisladores y expertos rechazan afectar a 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes. Perjudica a padres de familia y docentes de más de 27mil planteles.
Por Guillermo Pimentel Balderas
Voces de organizaciones civiles, de especialistas y de legisladores, al hacer un enérgico llamado a salvar a las escuelas de tiempo completo, han expresado su rotundo rechazo a esta artera injusticia de extinguirlas de un plumazo. Esta canallesca arrogancia afecta a 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes, así como a padres de familia y docentes de más de 27,000 planteles, los cuales eran un espacio seguro, sobre todo para las niñas, por ser violentadas dentro de su hogar; al igual que para madres y padres; asi como para maestros que tendrán que reorientar sus labores. La cobardía de la “Cuarta Transformación”, instrumentado por la nefasta encargada de la Secretaria de Educación Pública (SEP), de eliminar las escuelas de tiempo completo, es un crimen a los derechos de la niñez y rompe el equilibrio social de muchas familias mexicanas. Este sistema ha mostrado excelentes resultados: aumentando las oportunidades de aprendizaje, reduciendo el rezago escolar, beneficiando a estudiantes con desventajas económicas y aportando a disminuir las brechas de desigualdad; asi como ¡alejarlos de la delincuencia! Sin embargo, esto no importa al gobierno morenista, pues se prefiere darle mayor importancia a un programa plegado de irregularidades: “La Escuela es Nuestra” que, de acuerdo a organizaciones civiles y expertos: es abiertamente un “programa de albañilería” con fines electorales. Además, es del conocimiento público que los recursos a “La Escuela es Nuestra”, en 2020, no dejó claro el gasto de 573 mdp que le dio el gobierno federal. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), hizo público un reporte en el que advierte la no existencia de pruebas respecto de que esos millones del citado programa, hayan sido gastados para mejorar la infraestructura de los planteles, objetivo principal. La mitad de los mil 187 millones de pesos del presupuesto auditado en 2020 están bajo la lupa por un gasto oscuro y mal realizado. Aún así, la señora Delfina Gómez, se atrevió a afirmar que los servicios básicos es algo que se ha reclamado por parte de los padres de familia (¿?) y autoridades educativas para el regreso a las escuelas, por lo que esto se volvió prioritario para destinar recursos. Pero, los padres de familia que, la desmienten y la acusan de no haberlos consultados, no están de acuerdo en darle mantenimiento a paredes y ladrillos en lugar de invertir en la educación de sus hijos. Criticaron que se deroga la garantía de un exitoso futuro a la niñez, ya que es ampliamente reconocido que la mayoría de los alumnos que surgen bajo este programa -de escuelas completas-, son los mejores, los más aplicados, hasta de escuelas privadas. Reinserta, como Asociación Civil que transforma la vida de niñas, niños y adolescentes marcadas por la violencia -de acuerdo a sus investigaciones-, señala que es testigo del valioso aporte de estas escuelas a la vida social; aporte que fortalece la prevención y aleja a las y los estudiantes del crimen y la violencia, confirma. Implícitamente, de acuerdo a las ONG’s Reinserta -en un comunicado-, y la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) –por medio de un manifiesto-, alertaron que la mayoría de niñas, niños y adolescentes renuncian a sus estudios antes de ingresar a la delincuencia organizada por circunstancias relacionadas con la educación, pobreza y falta de políticas públicas. En tanto, Mexicanos Primero, acusó directamente que la SEP -y el gobierno federal- no solo de incumplir el mandato judicial, sino la promesa hecha al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 de mantener los objetivos de las escuelas de tiempo completo. Lamentó, por medio de un pronunciamiento que: “En el contexto de regreso a clases presenciales, las escuelas de tiempo completo tenían la oportunidad de ser el vehículo para revertir la desnutrición y malnutrición, así como la recuperación de aprendizajes académicos y la salud socioemocional de niñas, niños y adolescentes”, subrayó. Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav), opinó que esta decisión de las autoridades federales es que no quieren reducir las brechas de desigualdad, que era uno de los objetivos fundamentales del programa. “Lo que hicieron las autoridades es cumplir lo que querían desde hace años, sólo se oficializa, pero me parece una ceguera total eliminar este programa que funcionaba, ayudaba a estudiantes que más lo necesitaban y que pasó todas las evaluaciones a las que lo auditaron”, acotó. Ante la estocada final que la federación da a la educación de niñas, niños y adolescentes, el pasado 28 de febrero de este año, fecha en que se publicaron las Reglas de Operación para “La Escuela es Nuestra”, donde se formaliza la desaparición de la escuelas de tiempo completo, el diputado de Movimiento Ciudadano, Mauro Garza Marín, calificó de criminal la decisión presidencial de eliminar de un sólo plumazo el programa de escuelas de tiempo completo. Por su parte, la diputada local panista Gabriela Salido Magos, consideró que la decisión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de mantener el programa de escuelas de tiempo completo, no es para celebrar o echar las campanas al vuelo, porque simplemente se reconoce un derecho constitucional de los menores de edad y, el presidente Andrés Manuel López Obrador también debería rectificar, consideró. Pero, también con su característico “doble discurso”, la jefa de Gobierno anunció que 500 centros de ese tipo se mantendrán abiertos en la capital del país y garantizó que con recursos propios se mantendrá ese esquema en la ciudad; además de algo similar llamado “Jornada ampliadas” con mil escuelas. Sin embargo, otra vez, no obstante, dijo que tendrá que pedir permiso al gobierno federal (AMLO) para no cerrar estas escuelas, y consignó: “lo vamos a mantener es un compromiso que estamos haciendo pero el anuncio (oficial) se hará más adelante”. Empero, Gabriela Salido hizo hincapié en que la permanencia de escuelas de tiempo completo es un mandato constitucional (artículo 8). “El programa de ese tipo de planteles, debe seguir en operación y Morena dejar de ser un destructor de las políticas públicas que le funcionan a la gente”. La diputada panista apeló para que el gobierno local promueva también el regreso de las estancias infantiles en la capital. ¿Otro crimen de estado? “Hoy vemos que ésta mal llamada Cuarta Transformación, lo único que está haciendo es atentar contra los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales y en nuestra constitución local; hoy toca el turno de uno de los temas que parecen no ser prioridad de la administración federal, pues ha quedado claro que para la presidencia de la república, es aspiracionistas tener estudios y educación de calidad”, remató. Y, ¿el SNTE y la CNTE, qué dicen a esto? ¿Dónde están? Conste, son preguntas.
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