Expiden Ley de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil 

*** Se plantea la gestión integral de riesgos como una política de Estado: Azael Santiago

*** Necesario, establecer mecanismos que garanticen destino de recursos en atención de emergencias y desastres naturales: Nohemí Alemán

Por Ignacio Arellano Mora

La Cámara de Diputados aprobó, con 390 votos a favor, 71 en contra y 4 abstenciones, en lo general y particular de los artículos no reservados del dictamen con proyecto de decreto por el que expide la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil. Además se emitieron 348 votos a favor, 66 en contra y 45 abstenciones para validar en lo general y particular los artículos reservados.

En consecuencia, se instrumentará regular la gestión integral del riesgo de desastres y protección civil, a través de sustituir el término fenómeno por amenaza en concordancia con los instrumentos intencionales, establecer las bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil.

Además de establecer los procedimientos para las etapas de la gestión integral del riesgo de desastres y protección civil: identificación del riesgo, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción; entre otras disposiciones.

Diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena aseguraron que con la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil se tendrá un marco jurídico de vanguardia para gestionar las etapas de previsión y prevención, así como las consecuentes medidas para la restauración y resiliencia.

Al respecto, el diputado Azael Santiago Chepi subrayó que México históricamente ha tenido la ocurrencia de un sinnúmero de desastres por su situación  geográfica y el cambio climático, donde generalmente las consecuencias son devastadoras derivado de los altos niveles de vulnerabilidad, marginación y pobreza, aunado al ciclo de políticas públicas fallidas con altos costos para mitigar la emergencia.

Enfatizó que con dicha ley se plantea “la gestión integral de riesgos como una política de Estado, en la que la coordinación de todas las autoridades y la sociedad civil, los voluntarios y la ciudadanía asumimos la necesidad de comprender mejor los riesgos en todas sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y características de las amenazas”.

Por su parte, la diputada Nohemí Alemán Hernández dijo que México es un país privilegiado por su ubicación geográfica y características climatológicas e hídricas que tiene; sin embargo, estas condiciones también representan un peligro inminente contra la vida humana, porque en cualquier momento las personas pueden ser afectadas por el impacto de una variedad de fenómenos naturales.

A la par, expuso que tal vulnerabilidad de la ciudadanía se recrudece cuando los recursos públicos destinados a la prevención y la atención de emergencias y desastres se encuentran envueltos en actos de corrupción y opacidad en su manejo, como fue el caso del mal manejo  de los donativos para el apoyo a la reconstrucción y rehabilitación por las afectaciones de los sismos del 2017.

En ese contexto, Alemán Hernández  indicó que “ahora se requiere establecer de nuevos mecanismos y procedimientos que garanticen el destino transparente de los recursos a la atención de emergencias y desastres naturales”.

A su vez, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro apuntó que ante la nueva realidad para gestionar las amenazas, emergencias y desastres producto de diversos fenómenos considerados como naturales y del aprendizaje de la experiencia internacional y de las realidades locales, se fortaleció el actuar de las dependencias y entidades que están enfocadas a atender los desastres.

Resaltó que esta ley surge de un trabajo legislativo que es la suma de diversas iniciativas, cuyas aportaciones es que se pasa de un enfoque reactivo basado en la protección civil, a uno que tiende a la reducción, previsión y control permanente de la gestión del riesgo de desastres.

En ese orden de ideas, Valles Sampedro señaló que la eliminación de los fideicomisos no afecta el gasto público aprobado en la materia “como aquí han querido venir a engañar varios legisladores de oposición; lo dejamos muy claro, no afecta el gasto público aprobado en materia de gestión integral de riesgo”.

En tanto, la diputada María Guillermina Alvarado Moreno señaló que, de acuerdo a la ONU, México es uno de los países que más pérdidas económicas sufre a causa de los fenómenos naturales, por lo que destacó que esta nueva ley considera las opiniones de grupos expertos en la materia y se detallan las atribuciones del Sistema Nacional de Riesgo de Desastres y Protección Civil, así como de la Coordinación Ejecutivo del Sistema Nacional y del Consejo Nacional.

Apuntó que también se determinan las atribuciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres, “el cual en la legislación actual no se encontraba considerado y por otro lado, se refiere a las etapas de la gestión integral de riesgo de desastres, identificación de riesgos, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y construcción, los cuales son los pasos específicos para la prevención y atención a desastres y emergencias”.

Indicó que ya “basta de mentirle a la población; la ciudadanía seguirá recibiendo el apoyo que se destinaba al Fondo de Desastres Naturales, Fonden, pero ahora, será de manera directa, sin intermediarios, ni bajo coerción política ni electoral como solía suceder en el pasado de manera opaca y corrupta”, mencionó.

La presidencia de la Mesa Directiva remitió el dictamen aprobado, por el que se expide la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, al Senado de la República para sus efectos constitucionales.