Octavio Campos Ortiz
No nos ilusionemos con el retorno triunfal de la delegación mexicana que participó en la reunión trilateral de mandatarios en la capital norteamericana. La prensa nacional -a diferencia de la internacional que no dio cobertura al evento, el cual fue opacado por la operación del presidente Biden y la sucesión del poder temporal, por primera vez, a una mujer-, resaltó lo protocolario, los discursos oficiales, el trato de amigos entre líderes, pero no profundizaron en los compromisos.
Por principio de cuentas, nos salió más caro rechazar la iniciativa Mérida, por “injerencista”, que ahora aceptar la supervisión bilateral directa en materia de crimen organizado, y sobre todo en temas de narcóticos y contrabando y venta de armas. En letritas chiquitas, Estados Unidos y Canadá nos comprometieron a permitir la intervención directa de sus agencias de seguridad en caso de ver amenazados sus intereses, sus empresas o la seguridad de sus ciudadanos. No es la primera vez que la Casa Blanca pretende clasificar las actividades de los cárteles mexicanos como terrorismo. Con ello, perdimos el financiamiento de la iniciativa Mérida, el cual no era un subsidio de dólares en efectivo, sino la donación de tecnología, capacitación para policías, equipos tácticos, sistemas de vigilancia, programas cibernéticos, vehículos, entre otros equipamientos.
Ahora aceptamos la intervención directa de las agencias internacionales bajo el pretexto de que las actividades ilícitas del crimen organizado son actos terroristas que ponen en riesgo la seguridad regional.
En cuanto a las energías limpias, a contracorriente de la narrativa oficial y aunque no era un tema agendado, nos comprometimos a avanzar en el uso y fomento de la generación energética con mecanismos distintos al uso de los combustibles fósiles y retirar en diciembre de este año los subsidios a las empresas que mantienen ese esquema. Más aún, un directivo de la General Motors anunció el retiro de las inversiones de esa compañía automotriz de países como el nuestro y trasladarlas o otras latitudes que garanticen el uso de tecnologías con triple 0 emisiones de contaminantes.
En el aspecto migratorio, también nos obligamos a frenar el paso de las caravanas de migrantes centroamericanos, cubanos y haitianos. Con el compromiso de dar cobijo, alimentación, servicios mínimos y de salud a los indocumentados que deporten los Estados Unidos nacionales o no. La administración demócrata ha roto récords históricos de deportaciones este año, sobre todo de mexicanos, solo en octubre nos devolvieron a 65 mil compatriotas.
Tampoco tuvo éxito la implementación del programa asistencialista Sembrando Vida para detener la migración en Centro América, toda vez que, si bien los tres países suscribieron un compromiso para mantener una cuota de reforestación que frene el cambio climático, el gobierno norteamericano -más como gesto de cortesía-, decidió gastar unos millones de dólares para invertir en Guatemala, Honduras y El Salvador, sabedores que ese no es el camino para acabar con la pobreza ni quitarle a la gente la ilusión del sueño americano.
De tal suerte que mantener un discurso triunfalista solo es para engañarnos. Debe preocupar y ocupar México los compromisos adquiridos, sobre todo las cláusulas en letras chiquitas, los cuales permiten la intromisión directa de agentes extranjeros con el pretexto de combatir el narcotráfico y la venta ilegal de armas y el convertirnos en policías de su patrulla fronteriza. Se ve vulnerada la soberanía nacional.
Ni reunión de amigos, ni estadistas a la misma altura, solo fijaron su agenda y nos dictaron instrucciones.