Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados
En su intervención de Gisela Morales González, en la reunión de trabajo con la Comisión de Justicia para el análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, señaló:
Agradezco a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, la oportunidad de participar en esta reunión de trabajo, en mi calidad de Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en representación, también, del Consejo de la Judicatura Federal.
Es una valiosa oportunidad para abordar la información precisa que da sentido a la solicitud de recursos del Poder Judicial para el próximo año y apoyar la importante responsabilidad que tiene esta Comisión de Justicia en su valoración.
El Proyecto de Presupuesto que presentamos para 2024 asciende, como ustedes saben, a 84,792.4 millones de pesos, lo que representa en términos reales un incremento de 4 por ciento.
Lo solicitado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura considera las previsiones de recursos para los mismos conceptos que esta misma Comisión de Justicia revisó y dictaminó como favorables el año pasado y anteriores, además de 2,609.8 millones de pesos que en términos reales se destinarán, fundamentalmente, a crear lo siguiente: 22 Tribunales para atender las obligaciones derivadas de la reforma laboral, aprobada en este mismo recinto; además se instalarán seis nuevos Centros de Justicia Penal, que se sumarían a los 42 existentes y tres Centros Regionales de Ejecución.
Se constituirá el Instituto Federal de Justicia Alternativa para implementar el nuevo modelo de justicia civil y familiar, contenido en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado este mismo año.
Crear 14 órganos jurisdiccionales y la Unidad de Peritos Judiciales, así como fortalecer la operación del Instituto Federal de Defensoría Pública, que apoya a quienes no cuentan con los recursos para contratar abogados privados.
En la Suprema Corte, además de continuar garantizando su operación, los recursos adicionales se destinarán a la promoción del uso del conocimiento científico y técnico para la labor jurisdiccional, y para dar continuidad al proyecto de sistematización de tesis con enfoque en precedentes.
Un rubro importante de gasto son las medidas de custodia y conservación del acervo documental, constituido por más de un millón de expedientes judiciales; las acciones para institucionalizar la prevención y atención de la violencia de género; y el mantenimiento y preservación de activos e inmuebles buscando garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad.
Para valorar la dimensión de los recursos solicitados, me gustaría compartirles algunos datos: en los últimos cinco años, el presupuesto autorizado al Poder Judicial ha disminuido en términos reales, en más de 15%. En ese mismo periodo, la carga de trabajo en tribunales y juzgados federales se incrementó en 28%. Sólo en este año se estima que se habrán de recibirse, más de 1.8 millones de nuevos asuntos.
A pesar de la disminución en la asignación presupuestal, el Poder Judicial ha hecho esfuerzos para racionalizar su gasto y mejorar su ejercicio, por lo que a la fecha cuenta con 63 órganos jurisdiccionales más de los que tenía en 2018 y ha podido contratar a 22% más defensores públicos, entre algunas otras acciones.
Para 2024, el proyecto plantea un crecimiento similar al del gasto neto total propuesto por el Ejecutivo Federal en el paquete de presupuesto y menor en términos nominales al solicitado, por ejemplo, por el Poder Legislativo, el cual crece en 15%, o al de algunas dependencias, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que solicita un incremento de 12%, o a la Secretaría de Energía, que presenta un incremento de 291% respecto a 2023.
La implementación de las reformas y la operación de los órganos jurisdiccionales, incluyendo a la Suprema Corte, se materializan en conceptos muy concretos que se reflejan en cada una las partidas que integran el Proyecto de Presupuesto.
Al ser instituciones cuya vocación es la impartición de justicia, su principal activo es su personal. Del total de recursos solicitados, casi el 85% se destinará a cubrir las remuneraciones de más de 55 mil 800 personas que laboran en el Poder Judicial; de ese número, el 60% es personal operativo.
En el Consejo de la Judicatura, 91% de las personas se desempeñan directamente en labores jurisdiccionales o de apoyo a labores jurisdiccional. En la Suprema Corte son siete de cada 10 personas.
Por ello, los recursos para el pago de servicios personales incluyen las previsiones que debemos hacer para hacer frente a las obligaciones laborales de todo el personal, contenidas en las Condiciones Generales de Trabajo y en los Manuales de Remuneraciones que se publican anualmente, estos montos no representan diferencia respecto a los autorizados el año anterior.
Los 68,500 millones de pesos requeridos para este concepto representan un incremento real de tan sólo el 1.4% respecto al presupuesto que se autorizó para el presente año.
En el caso de ambos órganos, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, su gasto operativo representa casi el 15%, este gasto soporta la operación en 696 inmuebles a cargo del Consejo de la Judicatura Federal y 42 inmuebles de la Suprema Corte.
Más de la mitad de esos recursos, como ustedes pueden ver en el Proyecto de Presupuesto que enviamos, se orientan a garantizar el adecuado funcionamiento de su infraestructura física y tecnológica, y para la adquisición de insumos básicos para la operación institucional, buscando brindar una atención de mejor calidad a las personas justiciables que asisten a nuestras instalaciones.
Señoras y señores diputados, el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial Federal para 2024 se encuentra estrictamente apegado al marco legal definido para su construcción y está debidamente sustentado normativamente para cada rubro de gasto.
Si revisan a detalle el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial, podrán observar que cada peso considerado está orientado a financiar su operación; es decir, para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia y a ampliar su alcance, sobre todo a la luz de las nuevas obligaciones establecidas por las reformas recientemente aprobadas.
En el Poder Judicial Federal no solamente estamos plenamente comprometidos con la impartición de justicia en los términos que establece la Constitución, también estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas que la ciudadanía nos demanda a los tres Poderes de la Unión.
A nombre de la institución que represento, puedo expresarles a todos ustedes que estamos en la mejor disposición para analizar y dialogar con ustedes, cada rubro del presupuesto. Por ello, quedo a sus órdenes por cualquier duda que pudieran tener.
Y aprovecho para comentarles que entregaremos una nota con algunos datos que consideramos relevantes para la valoración que la Comisión de Justicia tendrá que hacer de nuestro Proyecto de Presupuesto, se los entregaremos al final de la sesión.