El Estado conspira y despoja a los pueblos: López Rico

Por Blas A. Buendía

Reportero Free Lance

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Por enésima ocasión, comuneros de Santa María Tulpetlac demandaron al Gobierno federal respete los fallos que la Corte de México ha emplazado para que les sean devueltos los terrenos donde se estaba construyendo el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), y que hasta la fecha, la dilación de la justicia no ha sido ni pronta ni expedita, beneficiando a inmobiliarias invasoras y consorcios internacionales.

Al rendir un informe sobre este proceso agrarista-judicial, el abogado defensor Jorge López Rico, agradeció a las autoridades estatales y municipales el interés que muestran para que sean flexibles y sus dueños recuperen sus tierras, para  combatir el abuso en contra de los bienes comunales indígenas, que se enmarca en una nueva fase económica con respaldo legal, que ofende y afecta de manera importante en las últimas décadas.

Por supuesto –dijo- en México esta práctica se ha vuelto constante y solapada, adaptando los nuevos rumbos que la “democracia capitalista” ha tomado para entrar en una “Acumulación por Desposesión”.

Denunció que esa estrategia es operada por una vertiente importante de funcionarios de gobierno, tutelada directamente a despojar tajantemente a los pueblos de sus riquezas naturales, tales como: sus tierras, aguas, bosques, minas, recursos naturales y los conocimientos ancestrales asociados a su uso común, los cuales están perdiendo el carácter de bienes comunes que por siglos han mantenido para beneficio de la humanidad, convirtiéndose en propiedad privada y por lo mismo en mercancía.

Estableció que representa un “moderno colonialismo” caracterizado por la acción del Estado por extender su dominio político, militar, económico, social o cultural sobre otros para aprovecharse de ellos en alguna forma, pero actualmente más rapaz que el sufrido por los pueblos indígenas de América Latina durante los siglos XV y XVIII.

Actualmente –añadió- las empresas  trasnacionales  que  controlan  el  mercado  global, intentan apropiarse a toda costa de lo que hasta hace algunos años resultaba inapropiable. “De ahí la lucha de los pueblos indígenas para oponerse a tales pretensiones, detrás de sus reivindicaciones se encuentra su decisión de defender sus recursos, en virtud de ser el sustento de su vida y su futuro como pueblos”, aseveró.

Asimismo, destacó que las empresas transnacionales tienen un aliado muy poderoso: los gobiernos federal, estatal y municipal, ya que éstos han jugado un papel muy importante en favor de estas últimas, y de diversas maneras han ido modificando los marcos jurídicos que convierten los bienes comunes en propiedad privada, generando políticas que liberalizan la apropiación de esos bienes y, por supuesto enfrentando las organizaciones represivas a su servicio para reprimir  cualquier descontento.

Sin duda –subrayó López  Rico-, estamos ante la más recrudecida manifestación de los efectos negativos de las políticas neocoloniales, que algunos académicos han dado en denominar “Acumulación por Desposesión”, en donde el capital ya no requiere invertir para obtener alguna plusvalía, sino que va a donde están los recursos y los conocimientos, la mayoría de ellos considerados comunes, transformándolos  en propiedad privada e insertándolos en el mercado global.

Estas políticas-insistió- irremediablemente atentan contra los derechos territoriales de los pueblos indígenas, para lo cual, paralelo a la negativa a reconocer el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios, las tierras y los recursos naturales en ellos existentes –pasando por encima de las normas internacionales que reconocen estos derechos-, existe una producción legislativa que establece normas y procedimientos que permiten despojar descaradamente a los pueblos de sus tierras, aun siendo reconocidas legalmente, impidiéndoles incluso el libre acceso a los recursos naturales.