Octavio Campos Ortiz
El debilitamiento de las estructuras electorales provocado por la 4T en su propósito por acabar con la democracia e imponer un proyecto político basado en el populismo setentero y con la ambición de perpetuarse en el poder mediante un gobierno totalitario o dictatorial ha hecho que en el proceso electoral del 2024 se violente sistemáticamente la legislación del ramo con la aquiescencia de un cooptado árbitro electoral.
Nadie puede negar que el inquilino de Palacio Nacional es un zoon politikon y desde hace cinco años ha mantenido moralmente derrotada a una medrosa y desarticulada oposición, razón por la cual ha podido concretar su proyecto de controlar al país mediante la administración de la pobreza y aunque no ha dado resultados como mandatario y la nación casi se le deshace entre las manos, la narrativa oficial ha logrado la obnubilación de la población y que acepte a la pobreza como destino manifiesto y a los opositores o conservadores como responsables de todas las desgracias nacionales. Esa manipulación de la realidad, la polarización de la sociedad, la estigmatización de la clase media y de la prensa ha logrado que funcionen todos los distractores de los grandes problemas nacionales como son la falta de crecimiento económico, la crisis educativa, la inflación subyacente, el problema migratorio, los conflictos comerciales y energéticos del T-MEC, el mito del súper peso en detrimento de exportadores y familias beneficiadas con la remesas que ahora reciben menos dinero, el sistema de salud colapsado y muy lejos del esquema danés, el mal manejo de la protección civil y de los efectos de los fenómenos naturales, la tragicomedia de los 800 mil muertos por la pandemia, la violencia y el récord en homicidios dolosos, la supresión de la división de poderes, la sumisión de la mayoría de los organismos autónomos y el debilitamiento del instrumento ciudadano electoral.
Con ese marco de referencia y la estrategia política de la 4T de menoscabar el Estado de Derecho y bajo la divisa de “a mí no me vengan conque la ley es la ley”, desde hace dos años el presidente arreció su embate contra el árbitro electoral para tener un INE a modo, un árbitro electoral ”carnal” que posibilitara y legitimara el control gubernamental de los comicios y una elección de Estado; sin contrapesos en el legislativo, enemistado con el máximo tribunal, pero ahora con un organismo electoral anodino, se hizo pedazos la legislación electoral y en su nombre se llevan a cabo infinidad de atropellos sin el temor de ser sancionados por quienes debieran proteger esos derechos. Por eso, muy campantes, los “precandidatos” morenistas se placearon por todo el país, primero con recursos del erario desde sus cargos administrativos y luego con algún cochinito o subvencionados por “desinteresados” mecenas, como ocurre con la pinta de bardas y espectaculares auspiciados por anónimos patrocinadores que incluso propician o evidencian las guerras intestinas del partido en el poder. También se ha dado la difusión de encuestas o sondeos que anticipan holgados triunfos de los candidatos oficiales, sin sustento ni metodología, que solo provocan infodemia o posverdad, las cuales inhiben la auténtica decisión ciudadana y favorecen el abstencionismo.
Hoy como nunca, el comportamiento casi autocrático de la 4T ha conducido al país a un régimen de gobierno híbrido, esto es, una combinación de elementos democráticos con autoritarios, con un sistema simulado de democracia popular, con instituciones políticas formalmente representativas que maquillan la realidad de la dominación autoritaria. Obviamente los regímenes autocráticos inhiben la participación ciudadana, reprimen a la oposición, suprimen los contrapesos de poder y desalientan las asociaciones civiles y los órganos electorales libres y ciudadanos. El problema a mediano plazo es que se puede caer en un régimen totalitario y el no respeto a las leyes electorales o al Estado de Derecho es una grave amenaza. Aunque no quieran, La ley es la ley.