Diputadas y diputados cuestionan al titular de la SFP sobre combate a la corrupción

Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados

Diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, integrantes de las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuestionaron sobre diversos temas al titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, con motivo del análisis del Quinto Informe de Gobierno.

En dos rondas de pregunta-respuesta y réplica, las y los legisladores externaron sus inquietudes sobre denuncias, licitaciones, casos de corrupción, programas y proyectos, así como observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

El diputado Raymundo Atanacio Luna señaló que la SFP trabaja para garantizar el ejercicio eficiente de los recursos públicos federales y ha permitido una participación activa de la ciudadanía, lo cual ha elevado el índice de denuncias presentadas de programas federales donde se revelan irregularidades por parte de los servidores públicos encargados de su operación y ejecución.

En tanto, el diputado Juan Guadalupe Torres Navarro enfatizó que la prioridad de la actual administración ha sido el buen ejercicio de los recursos públicos en todos los niveles y la lucha contra la corrupción, pues estos elementos son piedra angular para hacer más eficiente la distribución del gasto.

A su vez, el diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz consideró que la corrupción es un fenómeno que lacera a la sociedad, la empobrece y profundiza las brechas de desigualdad; hoy, en esta administración, su combate es frontal. No obstante, apuntó que se deben fortalecer los lazos ente la SFP y los empresarios, crear mecanismos de prevención de la corrupción en las empresas y construir una nueva ética pública.

El diputado Juan Isaías Bertín Sandoval aseguró que la Secretaría se ha vuelto el bastión del combate a la corrupción; por ello, planteó la necesidad de que esa dependencia dé su punto de vista sobre si es viable que regresen los programas federales en materia de seguridad a nivel municipal.

La diputada Sonia Murillo Manríquez cuestionó cuál ha sido el resultado de las indagatorias correspondientes a las denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte relacionadas con irregularidades financieras, cuántas denuncias, quejas e investigaciones en el Gobierno Federal se han detectado y atendido, y por qué no se ha fincado responsabilidad a la titular de la Conade.

En tanto, la diputada Alma Cristina Rodríguez Vallejo indicó que no se aclaran las dudas que surgen respecto a los temas de desvíos o corrupción que se desprenden del Quinto Informe de Gobierno y estimó que hace falta entregar cuentas más claras, ya que nuestro país mantiene los índices de corrupción más altos cada año. Lamentó que se deja duda sobre la voluntad de las instancias responsables para sancionar a los servidores públicos que cometen conductas contrarias a la ley.

La diputada Anabey García Velasco enfatizó que todos los programas estrella de esta administración están llenos de corrupción. ¿Qué están haciendo al respecto? Preguntó en torno a la meta de fiscalización al término de la gestión del funcionario “teniendo en cuenta que actualmente no se ha llegado ni al uno por ciento de fiscalización”. Asimismo, externó su interés por conocer respecto a las compras públicas.

Por su parte, la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño sostuvo que no hay idea de qué hacer en el combate a la corrupción y “la institución que debiera ser garante de la transparencia elude dar información pública”. Cuestionó qué ha pasado con los grandes temas de corrupción que ha conocido como los de Conade, Tren Maya, Dos Bocas, Tren Transístmico, Banco del Bienestar, compra de vacunas, Pemex, Segalmex, Diconsa y Liconsa.

El diputado Hiram Hernández Zetina quiso sabe sobre los grandes escándalos de opacidad y corrupción en el actual gobierno, como Segalmex, los conflictos de interés y adjudicaciones directas, lo que da cuenta que “este sexenio ha sido el más opaco y corrupto de la historia del país”. Dijo que debe replantearse la existencia de la SFP pues, aseguró, “solo sirve para simulación”.

En su turno, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante pidió conocer a fondo el proceso de reestructuración, en qué sectores se ha reforzado la supervisión y control de auditorías, los parámetros para evidenciar las mejoras tras las modificaciones legislativas. Respecto de la fusión Segalmex, Liconsa y Diconsa afirmó que no funcionará contar con un solo Órgano Interno de Control dado el tamaño de éstas y en las cuales ha habido grades casos de corrupción.

En su intervención, el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo apuntó que las acciones implementadas por la Función Pública van en la dirección correcta y recordó que tiene entre sus facultades la designación de los titulares de los Órganos Internos de Control y a los titulares de la unidad de administración y finanzas encargadas de dirigir y vigilar las compras consolidadas, lo cual contribuirá a vigilar y sancionar con rigor cualquier desvío.

El diputado Luis Alberto Martínez Bravo señaló que la SFP tiene un papel fundamental en la transparencia, la rendición de cuentas y lograr una administración profesional, e indicó que es primordial conocer cuántas denuncias penales ha presentado la Secretaría ante la Fiscalía General de la República, a qué delitos se refieren y cuáles son los retos y resultados.

La diputada Maribel Martínez Ruiz preguntó si los procedimientos y las sanciones administrativas han servido para inhibir la comisión de conductas de corrupción. Asimismo, si se ha privilegiado el enfoque preventivo o punitivo. ¿Estima usted que el papel de la Secretaría de la Función Pública en los procedimientos penales es suficiente y eficaz para lograr sanciones o conductas de corrupción? Además, cuál es la evaluación a la labor del Sistema Nacional Anticorrupción.

El diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro solicitó detalles del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, pues en lugar de destacarse que cada peso invertido realmente sea una solución para que esta generación tenga un mejor futuro, en realidad ha sido deficiente.

Mientras que la diputada Amalia García Medina pidió al funcionario aclarar los acuerdos publicados en el DOF el 18 de septiembre y el 20 de octubre de este año para disminuir la capacidad de los órganos Internos de Control en 21 entes públicos relevantes lo que, dijo, es preocupante, cuando en realidad deberían ser fortalecidos. Apuntó que es fundamental que la SFP participe para tener conocimiento sobre las obras públicas consideradas bajo el principio de seguridad nacional.

La diputada Elizabeth Pérez Valdez indicó que es fundamental que la Secretaría de la Función Pública se maneje con honestidad, eficacia, profesionalización y transparencia, por lo que se deben detallar temas como Selgamex, las adjudicaciones y las acciones que se llevan a cabo para evitar la corrupción, el nepotismo, el desvío de dinero y adjudicaciones directas.

En sus respuestas, Roberto Salcedo Aquino informó que había 204 denuncias de la pasada administración y se han realizado 882 denuncias penales, por lo que mil 86 denuncias fueron enviadas a la Fiscalía General de la República. De éstas, detalló, 186 concluyeron porque el Ministerio Público no ejerció acción penal, pues no había elementos suficientes y quedan 902 procedimientos, de los cuales 437 son por delitos del Código Penal Federal y 465 se relacionan con hechos de corrupción como enriquecimiento ilícito, uso ilícito de facultades de atribuciones y facultades, ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.

Precisó que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación son de diferente manera y no significan daño patrimonial, por lo que requieren de todo un proceso de solventación que puede ser muy largo. Ejemplificó que en el caso de Segalmex entre 2019 y 2020 se observaron 9 mil 500 y ya se solventaron dos mil 700 millones de pesos, quedando pendientes 6 mil 800 millones que están en análisis, de los cuales 3 mil 700 están en proceso de aclaración y 3 mil 100 en las etapas siguientes.

En 2021, la Auditoría hizo observaciones por 5 mil 400 millones de pesos y ahora Segalmex ya entregó la información para solventar 5 mil 200 millones de pesos. De 2022 no se tiene ninguna observación.

En materia de adjudicaciones, mencionó que en 2021 se licitaban 47 por ciento y en lo que va de este año se ha realizado el 52 por ciento; en lo que se refiere a las licitaciones directas por montos de actuación, en 2021 fueron del 7.5 por ciento y este año es sólo de uno por ciento. En tanto, las licitaciones por excepción pasaron de 31 por ciento a 15.9 por ciento.

Respecto a la Conade existe malinterpretación, no todas las observaciones de la fiscalización son daño patrimonial.  De 2019 a 2022 la Auditoría Superior de la Federación emitió a la Conade observaciones por 509 millones de pesos, de los cuales 125 fueron aclarados y de 354 millones ya remitió la información correspondiente para aclarar las observaciones. 

Dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción no se trata de un supraorganismo que controle a los que están luchando contra la corrupción, se trata de un organismo de coordinación para potenciar las actividades y los resultados de cada quien. Se tiene coordinación con la ASF para solventar las observaciones.

Respecto a la participación de la ciudanía, explicó que hay una política para que la sociedad conozca qué hace su gobierno y para eso están las contralorías sociales. Al 30 de septiembre se han conformado 101 comités integrados por 383 mil personas que participan en 55 programas y distribuyen cerca de un billón de pesos.

En obras públicas y adquisiciones hay testigos sociales especializados, quienes revisan las adquisiciones superiores de 500 millones de pesos y cuando se hacen obras por arriba de mil millones de pesos el testigo social deberá vigilar todo el proceso, expuso el secretario.