Consulta para qué


Por Octavio Campos Ortiz


El próximo primero de agosto se llevará a cabo un innecesaria y costosa consulta popular que solo contiene un galimatías que encubre la intensión, no de juzgar a los expresidentes por actos de corrupción, sino de exhibirlos ante la opinión pública; es un espectáculo recurrente de la actual administración para mantener vivo el resentimiento social en contra de los exmandatarios que defraudaron la confianza ciudadana e incumplieron la promesa de mejorar las condiciones de vida de los desposeídos.


La bandera electoral de combatir la corrupción enarbolada por la 4T le permitió ganar 30 millones de votos y un cheque en blanco para que pudiera gobernar a sus anchas. La gente supuso una mejoría inmediata, creyó en que se lograría en automático el bienestar para todos, que los políticos corruptos pararían en la cárcel y que los nuevos administradores trabajarían sin mácula, entregados a procurar la justicia social para los más necesitados.


A menos de tres años de gobierno, el desencanto o desilusión de los mexicanos fue mayúsculo, una histórica crisis económica -solo comparable con la que se vivió en 1932- y los efectos de la pandemia hicieron palidecer los pocos logros del régimen y exhibieron la impericia de la 4T para gobernar. El desempleo, el cierre de negocios y la falta de inversión no modificaron el proyecto político del presidente que busca concentrar el mayor número de recursos públicos para atender sus programas clientelares: apoyos económicos para viejitos, “ninis” y madres solteras, además de garantizar la construcción de sus obras emblemáticas de infraestructura. La única forma en que puede trascender la estrategia lópezobradorista es cooptando el voto de la gente menos productiva, la que no demanda trabajo sino dádivas. Así triunfará el populismo, el Estado paternalista, propuesta de la 4T.


Pero la terca realidad parece confrontar los deseos presidenciales, no se puede mantener de manera permanente a una población que no contribuye con su trabajo a la generación de riqueza, cuando por dos años consecutivos no solo se estancó la economía, sino que decreció de forma alarmante. El mal manejo político y sanitario de la pandemia frenó aún más el crecimiento y provocó la pérdida innecesaria de casi 400 mil compatriotas.


Las elecciones representaron otro mentís al proyecto de la 4T con el rechazo de la clase media a las políticas públicas del gobierno, lo que provocó el enojo en Palacio Nacional y la anatema para esos egoístas aspiracionales, que no aspiracionistas.


Pero siempre hay un recurso bajo la manga, un fuego artificial para desviar la atención de la opinión pública. En este caso se trata de la dichosa consulta popular. Buen recurso distractor que permite mantener vivo el reclamo popular en contra de los malos políticos. Como en el circo romano, se le da al Popolo el poder momentáneo para decidir sobre la muerte de los gladiadores u otorgar la gracia del perdón. Qué importante para la gente sentir la fuerza de su dedo definitorio, sentir ese derecho casi divino de tener en la mano el destino de los políticos, la venganza legitimada. De manera efímera pero real, “el pueblo bueno y sabio” se transforma en moderno Torquemada, en inquisidor del nuevo Santo Oficio, en juez de horca y cuchillo.


Sin embargo, no va a pasar nada. Ningún expresidente pisará la cárcel, la propia Suprema Corte, queriendo quedar bien con Dios y con el diablo enredó la pregunta para legitimar una aberración constitucional. De tal suerte que el INE reprogramará recursos para atender este distractor y organizará una desangelada consulta que no alcanzará el 40 por ciento del padrón para que el ejercicio demoscópico sea vinculante. Más aún, de lograr una poderosa participación ciudadana, ningún juez tendrá elementos para enjuiciar a quién y por qué. Quién será el denunciante. Además, la aplicación de la ley no se somete a consulta, se aplica simple y llanamente. Pero ni el propio mandatario quiere meterlos a la cárcel, se le acabaría su juego pirotécnico.

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