Concluye en Guadalajara el segundo foro de los diálogos nacionales en torno a las reformas al Poder Judicial

Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados

En el segundo foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, realizado en Guadalajara, Jalisco, diputadas, diputados y senador, participaron en el tema “Conformación y reorganización del Poder Judicial: nueva integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), duración del cargo de jueces, magistrados y ministros, y régimen de responsabilidades”.

El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) señaló que la reforma propuesta, sobre todo en el tema de la elección de jueces, ministros y magistrados, plantea que el presidente de la República ya no tenga el monopolio de proponer ministros y que no haya una elección indirecta; por ello, es importante conocer las opiniones de especialistas sobre esta propuesta.

Dijo que en estos foros se busca conocer qué se puede hacer para que la justicia sea pronta, expedita y gratuita, y es plausible el esfuerzo para escuchar todas las posturas. Relató que su grupo parlamentario tiene mayoría calificada “y podríamos tomar decisiones como se tomaban en otros tiempos, pero eso no es lo que anima”.

Paulina Rubio Fernández, diputada del PAN, reconoció que se puede mejorar el Poder Judicial; sin embargo, expresó que la elección de ministros, jueces y magistrados por el voto popular no es una opción para su grupo parlamentario, toda vez que parte de una mentira, pues quien elegirá a estas personas son los poderes, es decir partirán de una terna que emitirá la Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial.

Añadió que para que esta reforma fuera robusta, se debería comenzar por las fiscalías, que son el primer contacto de la ciudadanía con la justicia. Pidió ser “humildes a la hora de emitir sus opiniones y no asumir que tienen la mayoría calificada”, ya que aún esa parte le toca calificarla al Tribunal Electoral, por lo que consideró necesario verificar que esta reforma salvaguarda los derechos adquiridos de juzgadores federales y locales, de acuerdo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Del PRI, la diputada Laura Lorena Haro Ramírez destacó la importancia de construir y consolidar un México de libertades y de equilibrio de poderes, y pidió a quienes serán las y los próximos legisladores “votar en contra de esta reforma. No hay manera de transitar hacia un país que vigile el equilibrio de los poderes, sometiendo al Poder Judicial a otro poder”.

Pugnó por una reforma profunda del Poder Judicial que garantice a los impartidores de justicia hacer su labor en condiciones de paz y respeto. Externó su respeto a quienes imparten justicia de manera pronta, expedita y apegados a la legalidad, pero alertó que nadie habla de qué presupuesto se le otorgará al Poder Judicial, cuando hoy únicamente ese le da el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La diputada del PVEM, Claudia Delgadillo González, dijo que este foro brinda una oportunidad de reflexionar sobre las deficiencias y retos que enfrenta el sistema de justicia y permite delinear el camino hacia un sistema justo, inclusivo y eficaz, ya que el modelo actual se caracteriza por ser viejo y conservador que no brinda reparación a las víctimas, y no actúa de manera equitativa.

Destacó que las personas de bajos recursos enfrentan falta de información y carencia de una representación legal adecuada, aunado a que la corrupción dentro del sistema legal es una preocupación constante para todas y todos los habitantes, influenciado por intereses políticos y económicos que generan desconfianza. “La administración de justicia es conocida por su lentitud y procedimientos burocráticos excesivos”.

Irma Juan Carlos, diputada de Morena, subrayó que a las personas indígenas no se les ha escuchado y “somos los más desprotegidos y a los que más se ha humillado”. Pidió conocer cuántas mujeres y hombres indígenas hay en la cárcel sin sentencia, “y que aún, a pesar de haber sido sentenciados, cuántos son culpables”.

La mayoría de las personas encarceladas, dijo, son pobres, de comunidades rurales e indígenas y “la justicia aquí es para los que tienen dinero”. Consideró que la reforma al Poder Judicial es necesaria por los lujos y privilegios que gozan los juzgadores, así como por los sueldos elevados, autos de lujo y casas.

El diputado Óscar Cantón Zetina (Morena) afirmó que el pueblo quiere una reforma judicial y dejó en manos del Poder Legislativo el cómo instrumentarla y si será gradual el nombramiento de ministros, jueces y magistrados. De ahí, afirmó, la importancia de las aportaciones de las y los participantes al foro, quienes actúan de buena fe, con conocimientos y confían en una República con auténtica división de poderes.

Lo que está en discusión, subrayó, es la sensibilidad social de un Poder de la Unión, como el Judicial, y su reforma no le pertenece al presidente, a los partidos políticos ni a los abogados, sino al pueblo de México.  Se pronunció porque no haya ningún Poder sobre la soberanía popular y la voluntad de la gente, por lo que expresó “no hay que tener miedo al pueblo”.

El senador de MC, Clemente Castañeda Hoeflich, se manifestó a favor de la reforma del Ejecutivo Federal, pero sin vulnerar su independencia para que la impartición de justicia esté a favor del pueblo; por eso, hizo un llamado a los diversos sectores a no perder la oportunidad de reformar el sistema judicial.

Sin embargo, indicó que se puede convertir en un riesgo y daño para México si se desvía el sistema democrático de pesos y contrapesos, así como el equilibrio de los poderes públicos, pues se debe entender que la Suprema Corte es una instancia del Estado que siempre debe estar por encima de cualquier interés particular y no puede estar subordinada a mayorías partidistas, a poderes fácticos ni a gobiernos en turno.

La diputada electa Mery Gómez Pozos (Morena) indicó que la reforma al Poder Judicial es una oportunidad para transformar el sistema a fin de que sea accesible, equitativo y eficiente. La equidad, indicó, es un pilar central de esta reforma. Expresó que un sistema judicial que actúe sin discriminación y en el que todas y todos los ciudadanos sean tratados con dignidad y respeto, es esencial para construir una sociedad más justa. 

Señaló que la reforma también contempla la reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la nueva integración de jueces, magistrados y ministros. Esta reestructuración es vital para asegurar que el Poder Judicial actúe con independencia y eficiencia, estableciendo un marco de responsabilidades claras y efectivas. La duración de los cargos, la evaluación permanente y continua, y el régimen de responsabilidades, son aspectos cruciales para garantizar la imparcialidad y el compromiso con el bienestar público.

Eduardo Casillas Ávila, catedrático de la Universidad de Guadalajara (UdeG), indicó que es fundamental que esta reforma se cuestione si se quiere continuar con una Suprema Corte del derecho o de justicia, ya que en los estados democráticos existe una división de poderes donde le corresponde al Poder Judicial la impartición de justicia, mediante jueces, magistrados y ministros designados, de acuerdo a lo establecido por la ley; no obstante, estos no deben atender instrucciones del gobernador en turno o cuotas de poder de los grupos sociales.

Subrayó que la reforma plantea establecer las formas de nombramientos de las y los integrantes del Poder Judicial a través de un sistema democrático, para que sean electos por el pueblo quienes reúnan los requisitos de conocimiento, experiencia y, sobre todo, con una probada honestidad y con ética que esté por encima de todo pundonor de su probidad.

Javier Hurtado, constitucionalista y profesor de El Colegio de Jalisco, destacó la trascendencia e importancia de la iniciativa del Ejecutivo Federal, porque viene a subvertir, cuestionar y abre una nueva etapa en el pensamiento político acerca de la posibilidad de romper un prejuicio de que los poderes judiciales no pueden ser electos popularmente. 

Sostuvo que no hay ninguna razón ni fundamento para que los miembros del Poder Judicial no puedan ser electos; “es un prejuicio”.

Gildardo Galinzoga Esparza, magistrado de circuito, destacó que la iniciativa habla mucho de que magistrados y jueces van a poder participar en estas novedosas elecciones, pero nadie dice cómo ni por qué, de qué medio o de qué forma; por eso, celebró la iniciativa del presidente de que los tres poderes puedan participar con sus candidatos en cada una de las vacantes.

Argumentó que no se trata de estar de acuerdo o no en el tema de la elección popular de juzgadores, sino de ver cómo participar o hacerle ver a la sociedad “que nosotros los jueces también somos producto del esfuerzo, porque también somos pueblo, somos mexicanos y también venimos desde abajo y somos producto de escuelas públicas”.

Jaime Fernando Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que en la elección de jueces, magistrados y ministros se garantiza también la inamovilidad. Durante 12 años los ministros serán inamovibles al menos que incurran en una falta grave, mientras que los jueces y magistrados serán electos por nueve años y podrán ser reelegidos por el pueblo.

Comentó que los salarios de ministros, magistrados y jueces no podrán ser superiores a los del presidente de la República, como establece el artículo 127 de la Constitución Política.

En tanto, la abogada Gabriela Díaz Salinas indicó que en materia de derechos laborales actualmente no se respetan las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual se recurre a tribunales internacionales y otros organismos especiales.

Al dar por concluido el segundo foro, la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes (Morena) declaró que el pueblo eligió a sus representantes populares y ahora el pueblo exige tener la certeza jurídica, “pues todos merecen tener paz y seguridad donde todos seamos iguales”.

Para mañana 2 de julio, en Toluca, Estado de México, se llevará a cabo el tercer foro del diálogo nacional con el tema: “Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial”.