Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/H. Cámara de Diputados
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), clausuró el seminario “Investigación y transferencia de tecnología para la consecución de la autosuficiencia alimentaria”, donde investigadores, especialistas y académicos en materia rural y agrícola, expusieron los principales retos, avances y propuestas para el mejoramiento del sistema agroalimentario.
Al concluir el evento realizado en dos sesiones de manera virtual, la doctora Alejandra Núñez Aguilar, encargada de la Dirección General del CEDRSSA, agradeció a todos los participantes y externó que, sin duda, sus aportaciones contribuirán al mejoramiento del trabajo legislativo en las diversas materias que se expusieron.
Principalmente, agregó, en lo que se refiere a la elaboración de una iniciativa de ley para el uso sustentable y conservación del suelo, que ligue el combate de la erosión del suelo con el ingreso neto familiar y la seguridad alimentaria; legislar en materia de fertilizantes, nanofertilizantes y bioestimulantes, así como adecuar el marco legal que norma la gestión de recursos forestales, a fin de responder a la realidad socioeconómica de las comunidades dueñas de los bosques en México.
Destacó que dentro de las conclusiones se planteó del uso y manejo de los maíces nativos para mejorar la rentabilidad de las unidades de producción campesinas y arraigar a la población joven para dar sostenibilidad al sistema milpa.
También se hizo referencia al reto de fortalecer la infraestructura agroecológica centrada en la generación de procesos que fortalezcan la calidad de la matriz agrícola, con el fin de potenciar el trinomio de producción, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
De igual forma, se habló de la importancia de revisar y actualizar constantemente las normas relacionadas con las emisiones contaminantes de la maquinaria agrícola, la seguridad en el diseño y la operación de la maquinaria.
Al hablar sobre el “Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA): resultados y avances tecnológicos”, la doctora Alma Velia Ayala Garay, encargada de la institución, afirmó que actualmente el problema que vive el campo se debe a la falta de liquidez para la compra de maquinaria agrícola, incremento en los costos de combustible y la maquinaria obsoleta que no cumple con los estándares para la producción.
Por ello, destacó la importancia de fortalecer el sistema de pruebas y evaluación mediante la revisión y actualización constante de normas relacionadas con emisión de contaminantes de maquinaria agrícola, seguridad en diseño y operación de la maquinaria, y supervisar el servicio posventa a nivel distribuidores.
En su exposición “La nutrición vegetal y la producción de alimentos en México”, la doctora Libia Iris Trejo Téllez, investigadora titular en el programa de Edafología, en el Colegio de Postgrados, aseguró que se requiere actualizar las normas nacionales en materia de fertilizantes para empatarlas con la realidad internacional, con la finalidad de establecer estándares de sostenibilidad rigurosos para la industria de quienes los producen.
Puntualizó que en México se destina el 0.5 por ciento del PIB para la investigación, lo cual aleja mucho de la realidad para lograr la soberanía alimentaria, por lo que es una tarea pendiente que debe continuar en el Poder Legislativo para destinar mayores recursos a las diferentes áreas.
Al exponer el tema “El manejo y la planeación estratégica de los recursos forestales en México”, el doctor José René Valdez Lazalde, investigador del Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, subrayó que el país es eminentemente forestal con un 71 por ciento de su territorio, y se producen aproximadamente seis millones de metros cúbicos de madera; sin embargo, no es suficiente para satisfacer las necesidades de consumo, por lo que se tiene que importar madera, ya sea de manera legal o ilegal.
En este contexto, apuntó que es imperativo modificar el marco legal que norma la gestión de recursos forestales para flexibilizarlo y con ello adecuarlo a la realidad socioeconómica de los dueños de los bosques en México, es decir, un marco flexible que permitirá aminorar problemas de tala clandestina e ilegal, además de coadyuvar al desarrollo de la sociedad mexicana.