Con la nueva Ley de la FGR, se elimina mecanismo de protección a defensores de derechos humanos

Las reformas a la nueva ley de la FGR, pretenden eliminar la participación de la institución federal, en los grupos, juntas de gobierno y comités o comisiones, o bien la representación de programas de organismos de derechos humanos y personas vulnerables, bajo un malentendido concepto de autonomía.

El dictamen que se prevé sea discutido esta misma semana, en el Senado de la República, elimina, entre otros, el mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por ejemplo.

Por lo que toca al Consejo Ciudadano, lo deja como un órgano sin fuerza, únicamente para emitir opiniones, eliminando con ello los contrapesos internos al Fiscal General y acrecentando la centralización de poder.

Desde Coparmex reiteramos nuestro llamado para privilegiar una discusión profunda, en la que participen y sean escuchadas las voces de los organismos internacionales, colectivos, defensores de derechos humanos y víctimas.

Por ejemplo, se desatendió la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exhortó en diciembre pasado al Estado mexicano a no aprobar una nueva ley, y propuso en cambio, que se solicitara el apoyo técnico de la Organización de Estados Americanos, para la construcción del modelo institucional de la nueva FGR, a través del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

Por su parte, el Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dirigió una carta al Senado de la República en la que advertía que esta reforma podría representar una amenaza a la independencia de la Fiscalía.

Empresarios de Coparmex, exhortaron al Poder Legislativo a que se reconozca el valor social de contar con una Fiscalía General de la República, FGR, autónoma y a que dimensione el esfuerzo ciudadano que por años estuvo detrás para materializarla en 2018.

La autonomía constitucional de la Fiscalía debe ser entendida como una garantía de acceso a la justicia, así como para evitar presiones ilegítimas en la investigación y lograr llevar los casos ante tribunales.

Y, la nueva ley de la Fiscalía General de la República, es un retroceso judicial, atenta contra su autonomía y desatiende a la víctimas. Por ello, es urgente hace cumplir la normatividad y, además, es clave para acabar con la impunidad.

Aclaró Coparmex, que el marco legal aprobado en 2018 aún no ha podido madurar. De existir deficiencias, éstas deben ser corregidas. Una nueva ley es un despropósito.

Se requiere que las voces de víctimas, ciudadanos y la opinión de expertos sean escuchadas para por integrar una nueva ley.

Manifestó Coparmex, que nuestro país lleva, lamentablemente, más de una década experimentando un incremento sin precedentes en los niveles de violencia y delincuencia.

La procuración de justicia también ha sido trastocada, y lamentablemente, el marco legal aprobado en 2018 a nivel federal aún no ha podido madurar. No puede negarse el hartazgo ciudadano ante la inseguridad.

Una nueva Ley de la FGR atenta contra su autonomía y desatiende a las víctimas; es urgente hacer cumplir la normatividad vigente y corregirla en caso de tener deficiencias, más no debe ser sustituida.

Desde la Coparmex,  expresaron su preocupación por el avance en el Senado de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, cuyo dictamen fue aprobado por las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda y que, de ser avalado por el pleno, significaría un retroceso legal y una vuelta hacia la centralización.