- El Comité CED agradeció el valioso apoyo y apertura del Estado mexicano para lograr la visita y que esta se diera en un marco constructivo. También hizo énfasis en los retos que enfrenta el país, así como la voluntad del actual gobierno para enfrentarlos
- El informe del CED consta de dos partes y contiene 85 recomendaciones, en las que señala la necesidad de adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas y establece las condiciones mínimas para que ésta sea efectiva
- La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, será la institución encargada de coordinar los esfuerzos para trabajar en una estrategia de atención a las recomendaciones hechas por el CED
El día de hoy, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) publicó su informe sobre la visita a México que llevó a cabo entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021.
La visita fue muestra del compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos, así como de la apertura al diálogo constructivo y la cooperación internacional.
Durante su estancia en México, la delegación del CED sostuvo reuniones con 88 autoridades y visitó 13 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Además de sostener reuniones con autoridades estatales de alto nivel se reunió con colectivos de víctimas y llevó a cabo algunas actividades de búsqueda en campo.
En la presentación de su informe, el Comité CED agradeció el valioso apoyo y apertura del Estado mexicano para lograr la visita y que esta se diera en un marco constructivo. También hizo énfasis en los retos que enfrenta el país, así como la voluntad del actual gobierno para enfrentarlos.
El informe presentado consta de dos partes y contiene 85 recomendaciones, en las que se señala, entre otras cosas, la necesidad de adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, al igual que las prioridades para atender dicha política y las condiciones mínimas para que ésta sea eficaz y efectiva; de fortalecer las instituciones nacionales y los procesos de búsqueda e investigación; de garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones; de remover obstáculos en la judicialización y crisis forense; de facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial, y reconocer el papel de las víctimas.
De igual modo, el comité reconoce importantes avances normativos, institucionales y jurisprudenciales en México, como la adopción de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; de la Ley General de Víctimas; la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; la creación de comisiones locales de búsqueda y de las Fiscalías Especializadas en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas; la adopción del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas y del Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, y la posibilidad de incorporar a quienes participan en las búsquedas en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El Estado mexicano agradece el trabajo del comité y recibe sus recomendaciones respetuosamente con el compromiso de implementarlas de buena fe. La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, será la institución encargada de coordinar los esfuerzos para trabajar en una estrategia de atención a las recomendaciones hechas por el CED.
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