Comisión de Puntos Constitucionales aprueba ampliar catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados

La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), aprobó reformas a la Carta Magna, con el objetivo de incluir nuevas figuras delictivas en las que un juez podrá ordenar prisión preventiva oficiosa. 

Las modificaciones al artículo 19 de la Constitución Política incorporan que el juez “ordenará” la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de: “extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas conforme a las leyes aplicables”.

Además, en casos de “defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley”.

Añade que “para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”.

El dictamen, que deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal incluye diversas iniciativas presentadas por diputadas y diputados. Se avaló en lo general con 26 votos a favor y 14 en contra y en lo particular con 20 en pro, 14 en contra y una abstención. Se remitió a la Mesa Directiva para efectos constitucionales.

En los transitorios se señala que, a partir de la entrada en vigor de este decreto, se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido, previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo.

Indica que el Congreso de la Unión, en un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, deberá armonizar el marco jurídico de las leyes en las materias con el contenido del presente decreto.

Asimismo, las legislaturas de las entidades federativas deben realizar las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con lo previsto en el presente decreto, dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes a la publicación de este ordenamiento.

Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos.

En los considerandos del dictamen se indica que la prisión preventiva oficiosa constituye un instrumento que, al restringir precautoriamente la libertad de los probables infractores, coadyuva tanto al control de la criminalidad, como a la investigación de los delitos y fortalecer la paz y el orden sociales.

Destaca que se deben prever las figuras delictivas propuestas para contenerlas y redimirlas al emplear el mecanismo de la prisión preventiva oficiosa, sin demérito de los derechos que le corresponden a los que se encuentren sujetos a la medida cautelar.

Durante la discusión en lo particular, se aceptó la reserva presentada por el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) para modificar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política, la cual, dijo, busca dar certeza jurídica y proteger el principio de derecho que señala que no puede haber interpretación por analogía o mayoría de razón y que lo previsto en este artículo 19 solo merezca interpretación literal.

A favor de esta reserva se manifestaron los diputados de Morena, Hamlet García Almaguer, Juan Ramiro Robledo Ruiz y Marcos Rosendo Medina Filigrana. Mientras que en contra, Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), Miguel Humberto Rodarte De Lara (PAN) y Braulio López Ochoa Mijares (MC).

Se desecharon las reservas presentadas por los diputados Braulio López Ochoa Mijares y Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de MC; Marco Antonio Mendoza Bustamante, del PRI, y Santiago Torreblanca Engell, del PAN.

El diputado Ismael Brito Mazariegos (Morena) refirió que los impuestos como herramienta del Estado impulsan el crecimiento de la economía y a pesar de que existe la obligatoriedad constitucional y legal de la contribución de impuestos, existe una extendida práctica de evasión fiscal; por ello, dijo, es importante aprobar esta reforma porque con ello se va a impulsar el desarrollo y tapar “los hoyos derivados de las lagunas en las leyes”.

Por el PAN, la diputada Paulina Rubio Fernández se manifestó en contra del dictamen y afirmó que esta reforma atenta contra los más pobres; cuatro de cada 10 personas encarceladas no cuentan con una sentencia, es decir están en prisión preventiva oficiosa. Esta modificación, dijo, reprueba todos los exámenes de pertinencia que se realicen, ya que no hay investigación para prevenir delitos ni para combatir la impunidad, ni se cuenta con los perfiles correctos para el trabajo. “Viola los derechos humanos y genera efectos perversos en las fiscalías”.

Del PRI, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez indicó que el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para sacar de la legislación la prisión preventiva oficiosa, no implica la liberación de 60 mil personas, sino que el juzgador, el procurador y el defensor hagan la dialéctica y determinen si se merece tener esa medida o no. Llamó a reflexionar el tema porque la propuesta contraviene la reforma de 2010-2012, sobre el nuevo sistema de justicia penal, y se llenará el artículo con un catálogo de tipos delictivos.

El diputado del PVEM, Armando Antonio Gómez Betancourt,  aseguró que la reforma busca proporcionar a las autoridades mayores herramientas jurídicas para disminuir el consumo de drogas sintéticas, por lo que la modificación en materia penal es integral porque pretende penalizar con severidad conductas delictivas como la defraudación fiscal, el narcomenudeo, el contrabando, así como los delitos relacionados con la expedición, enajenación y compra de comprobantes fiscales que amparen operaciones simuladas o inexistentes.

El diputado Braulio López Ochoa Mijares (MC) dijo estar en contra de ampliar el artículo 19 y de la prisión preventiva oficiosa porque es violatoria de los derechos humanos y lo han dicho reiteradamente diversos organismos. Recordó que en 2019 se amplió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa y “esto no ha reducido la incidencia ni siquiera de los delitos que establecieron”. Es una medida que no ha sido efectiva y “se dicen muchas mentiras para justificarla”.  

De Morena, el diputado Salvador Caro Cabrera sostuvo que la reforma contiene medidas relevantes para quienes dañan al erario público, cometen extorsión, narcomenudeo y actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas. Además, entre las ventajas ofrece garantías de competencia, protección a víctimas, evita el riesgo de fuga y la obstaculización de las investigaciones.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena) reiteró el compromiso del Estado con la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, “pero no puede ser camisa de fuerza, ni podemos entrar al falso debate del conflicto de derechos”. Señaló que la Constitución Política no prevé las conductas delictivas de mayor incidencia en los últimos 10 años, y la modificación propuesta da mayores herramientas para actuar contra delitos que afectan de manera importante a la sociedad.

Al hablar en pro, el diputado Óscar Cantón Zetina (Morena) subrayó que la extorsión es una realidad y por más esfuerzos institucionales que se hagan, no se logra contener; además, la delincuencia evoluciona y encuentra nuevas conductas y por ello se debe actuar con esta reforma que va en beneficio de la población. Afirmó que es bienvenido en todo momento el principio de defensa de los derechos humanos, pero no se debe olvidar la realidad que hay en la calle.

El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) se manifestó en contra del dictamen, al señalar que de acuerdo con datos del Inegi en 2023 había 38 mil personas encarceladas sin sentencia y se estima que el 20 por ciento de los detenidos son inocentes y en lugar de eliminar la prisión preventiva, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se agregan delitos y se convierte a la Constitución en un catálogo penal. La prisión preventiva oficiosa ni juzga ni condena, solo encarcela personas antes de comprobar si cometieron o no un delito.

En tanto, el diputado Santiago Torreblanca Engell, del PAN, observó que cualquier diputada o diputado que vote a favor de esta reforma estaría violando la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México. Preocupa, subrayó, que en la casa de la democracia se diga que la defensa de los derechos humanos y la democracia son una camisa de fuerza. Refirió que confunden cuando se hace creer que la prisión preventiva oficiosa, es decir sin juicio, sin que se solicite, sin que haya riesgo de fuga y riesgo para la víctima, se otorgue automáticamente.

Leonel Godoy Rangel, diputado de Morena, comentó que la prisión preventiva oficiosa no es nueva, antes se llamaba libertad sin derecho a fianza, por lo que siempre ha existido. Lo que se ha buscado siempre es proteger a la víctima, a sus familiares y a la sociedad. Consideró que si se deja en libertad a quienes se encuentran en prisión preventiva oficiosa “pueden ser doblemente peligrosos” y la coyuntura amerita esta prisión y ampliar su catálogo.