Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados
La Comisión de Bienestar, que preside la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), organizó el Foro IV “Rumbo a la Ley General de Derechos de las Personas Mayores”, en la sede del Congreso del Estado de México, con el tema vivienda y servicios financieros.
Al inaugurar el evento, de carácter regional (Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán), la legisladora afirmó que en pocos años las personas adultas mayores rebasarán a la población joven. Requerimos de un marco jurídico sólido, dijo, pues en 2070 esta población se triplicará, por lo que en dicho contexto se planteará esta ley con beneficios para que sea el marco de referencia de la protección y ampliación de sus derechos, así como perfeccionar los ya establecidos.
“No queremos leyes de primera o segunda, que todas las autoridades públicas y privadas respeten los derechos de las personas adultas mayores”, subrayó,
Puntualizó que el foro tiene como propósito avanzar en el reconocimiento de las personas en sus diferentes facetas de su desarrollo cotidiano. “Nos encontramos en escuchas públicas sobre los derechos de las personas mayores, posteriormente propondremos reformas a la Constitucional Política y una Ley General para proteger los derechos de esta población”.
De Morena, el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros resaltó que en la Legislatura anterior se estableció en la Constitución Política el derecho que las personas adultas mayores a recibir una pensión, por lo que hoy hay 11 millones de beneficiarios de este apoyo.
Con ello, indicó, se formalizó y se bancarizó a todos los adultos mayores, lo que significa que aumentó el número de ciudadanos en la formalidad económica con acceso a servicios financieros y con una remuneración constante, lo que los hace sujetos de crédito porque van a poder pagarlos.
La diputada Verónica Collado Crisolia, secretaria de la Comisión de Bienestar, afirmó que durante este foro los especialistas expondrán sus conocimientos y harán propuestas indispensables para implementar políticas públicas y reformas legislativas en materia de vivienda y servicios financieros.
Además, organismos locales presentarán las necesidades y preocupaciones más apremiantes de las personas adultas mayores. Resaltó que las y los diputados deben trabajar en unidad con el pueblo, especialistas y sociedad organizada.
En tanto, la diputada Noemí Salazar López (Morena) destacó la importancia de que la inclusión financiera sea acompañada de la educación, capacitar al personal de las instituciones para la atención de las personas adultas mayores e incluir un lenguaje accesible porque los tecnicismos complican la comunicación.
Asimismo, ser más pacientes con este sector de la población, brindar un trato digno, sin regaños y una atención respetuosa y preferente. Es indispensable corregir los estándares de acceso a la vivienda y una nueva visión en el derecho de este acceso, apuntó.
La diputada local Rosa María Zetina González, integrante de la Comisión de Grupos Vulnerables del Congreso del Estado de México, consideró indispensable la construcción de determinantes estratégicos como la vivienda y servicios financieros, que coadyuven a garantizar sociedades en la cuales las personas gocen de condiciones necesarias para vivir un envejecimiento saludable y puedan ejercer plenamente sus derechos humanos.
A su vez, Víctor Rafael Benítez Blacio, director general de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, indicó que con este foro empieza el compromiso de construir una sociedad inclusiva y equitativa donde las personas adultas mayores sean reconocidas y tomadas en cuenta, en todos los ámbitos de la vida pública y privada, así como fomentar oportunidades de bienestar y desarrollo y generar una cultura de respeto.
La diputada Marisela Garduño Garduño (PT) expuso que éste es un tema de justicia social y dignidad humana pues no hay democracia sin respeto a los adultos mayores.
Cuestionó que algunas personas utilicen los apoyos sociales de sus padres adultos mayores como garantía de créditos, pues al no pagarlos son descontados por los bancos sin juicio de por medio, a pesar de ser recursos para abatir el rezago social.
La directora general de Verificación y Sanciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), María del Carmen Arroyo Arroyo, refirió que en 2021, de las reclamaciones que se recibieron sobre las instituciones banca múltiple, el 32.1 por ciento correspondió a personas adultas mayores. También, se registró un porcentaje importante de quejas sobre las aseguradoras y las afores.
Dánae F. Jaimes Rojas, directora de Promoción y Fomento a la Vivienda del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), explicó que existen distintos aspectos de vivienda que afectan a las personas adultas mayores, como las limitantes para acceder a programas de adquisición después de los 65 años, cuando la esperanza de vida es de 78 años, así como factores de accesibilidad y movilidad, pues se habla de vivienda vertical sin considerar que su funcionamiento no es óptimo.
Jorge Fernando Rodríguez González, titular del Jurídico de Fovissste, explicó que hay un programa de apoyo a trabajadores que dejaron de pagar el crédito durante su trámite para pensionarse o jubilarse, el cual da una prórroga retroactiva desde que se dio la baja y hasta el primer pago de la pensión, a fin de que no haya saldos vencidos.
Dijo que entre otras acciones está el Programa de Liquidación, para que cuando se liquide el saldo total, se aplique 10 por ciento de descuento. Señaló que el 48 por ciento de personas que sale del sector deja de pagar su crédito y no abona a la deuda; sin embargo, “no hemos quitado una sola vivienda en esta administración a pesar de sentencias ya ganadas, pues ofrecemos esquemas de convenio”.