Comisión de Atención a Grupos Vulnerables realizó foro en materia de armonización legislativa

Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, presidida por la diputada Gabriela Sodi (PRD), realizó el foro semipresencial “Encuentro con legisladores estatales y órganos de atención de personas adultas mayores para la armonización legislativa de la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores”.

Vía zoom, la diputada Sodi destacó que la armonización también debe darse en los institutos, casas de refugios, de medio camino, de medio tiempo, y para todos los cuidadores. Asimismo, pidió la acción de los congresos locales para que ésta sea una realidad para avanzar de manera certera, firme y puntual hacia políticas públicas de cobertura clara y sistemática para este grupo poblacional.

Subrayó que en diferentes recorridos por la República, observaron que no hay armonización legislativa, por lo que cada institución o grupo emite sus propias normas y leyes. Ante ello, puntualizó que es importante hacer un trabajo vertical de políticas públicas para que lleguen a los tres órdenes de gobierno.

Subrayó que preparar a México en la etapa de envejecimiento población es el reto más complicado que se tiene, pero también es una oportunidad para establecer metas transversales a mediano y largo plazo.

Afirmó que es necesario generar la cultura de envejecimiento sano, por eso es imperante otorgar las condiciones, programas y políticas públicas para que en la etapa de la vejez se tenga una vida sana y con los derechos que la ley establece.

“Hoy, el reto de la discapacidad y edad avanzada significan un llamado de atención para las personas adultas mayores del futuro que hoy gozan de juventud, pero en malas condiciones de salud, alimentación y calidad de vida. Tres de cada 10 niños y 7 de cada 10 adultos entre 30 y 60 años presentan obesidad”, indicó.

Juan Pablo Vivaldo Martínez, historiador e investigador en el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mencionó que si bien el tema del envejecimiento ha tomado importancia, también ha representado marginación y aislamiento.

Por ello, dijo, la Convención busca sustituir la visión asistencialista por una en la que se reconozca a la persona mayor como sujeto de derechos, ya que el 12 por ciento de la población mexicana es mayor de 60 años y la sociedad invisibiliza y discrimina a quienes envejecen.

Llamó a reconocer a la vejez como la fase final del desarrollo humano y combatir los eufemismos para referirse a quienes envejecen, ya que “no se debe esconder o maquillar a la vejez, y abuelo no es sinónimo de persona mayor como tampoco lo es madrecitas o padrecitos”.

Consideró vital construir una vejez saludable física, intelectual y espiritual, en donde ponderen acciones preventivas por encima de las curativas, modificar estilos de vida, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas adultas mayores e impulsar políticas públicas a su favor.

Edgar Olivares Agustín, subdirector jurídico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), afirmó que este sector es vulnerable debido a su fragilidad física, al aislamiento social, al deterioro cognitivo y escasez de ingresos, por lo que debe existir una institución pública del Estado especializada que fomente la protección, promoción de sus derechos y desarrollo integral.

Consideró urgente una armonización legislativa que deberá quedar en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; por ello, invitó a los legisladores y las legisladoras a revisar de manera conjunta los derechos de la Convención Interamericana para enriquecer el marco jurídico vigente y tomar todo lo bueno de ese instrumento internacional para aterrizarlo con políticas públicas, recursos públicos y acciones del gobierno, familia y sociedad.

Afirmó que el reto de las instituciones del Estado es desarrollar políticas públicas que les permita desarrollarse en los campos económico, de salud, social y cultural, considerando la relevancia de su participación en todos los campos; para ello se necesita un marco jurídico completo, claro, específico, congruente y actualizado. “Fortalecer el marco jurídico es tarea de todas y todos y es necesario ajustar el marco a la nueva realidad social”.

La Comisión dio a conocer el entorno jurídico de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, relativo a una serie de derechos que deben protegerse como el trabajo, salud y educación. Destaca que la pensión es un apoyo económico, pero no está acompañado de una estructura institucional que permita que la persona adulta mayor continúe en los procesos económicos, educativos, formativos, laborales y acceso a la salud plena.

Subraya que en 2025 las personas adultas mayores van a tener que prolongar su etapa productiva, es decir no van a poder dejar de trabajar a los 65 años, sino más allá de los 70 años para solventar su vejez por sus propios medios. “Porque no es lo mismo estar financiando el 12.5 por ciento de la población adulta mayor que se tiene actualmente contra el 25 a 30 por ciento que se tendrá entre 2025 y 2030”.

En el tema de salud, indica, se tendrá una población obesa, con diabetes, problemas cardiovasculares, artríticos, enfermedades crónico-degenerativas y mentales, así como un deterioro cognitivo. Y si no se empieza a actuar hoy, va a ser inviable el sistema de salud pública.

Ante ello, las finanzas públicas, junto con las pensiones van a llevar a que básicamente tres de cada 10 pesos tengan que estar concentrados en la salud pública y en la atención de la persona adulta mayor. Por ello, se requiere el cambio de una visión geriátrica a una gerontológica más apresurada y con una visión transversal e integradora.