¡Cártel de Salud!

Se prepara en IMSS otra “chicanada” con la Licitación Pública número LA-050GYR988-E-15-2022, podría adjudicarse a la empresa afín a la 4T, Atlantis Operadora de Servicios de Salud, S.A. de C.V., en forma irregular

Guillermo Pimentel Balderas

Lo que se avecina, en particular, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la Licitación Pública número LA-050GYR988-E-15-2022 que, está en trámite, con la sorpresa de que la empresa Atlantis Operadora de Servicios de Salud, S.A. de C.V. –afín al gobierno de la 4T-, pudiera obtener la adjudicación; pero, en forma irregular.

Esta empresa, participa en todas las licitaciones públicas con alcances nacionales en especialidades que desconoce, siendo la gran mayoría en forma directa –por debajo del agua-, con lo cual, se podría seguir beneficiando a este proveedor de dudosa reputación con más millones de pesos y que, todo parece indicar podría formar parte de un “Cártel de Salud”.

Inconformes, advierten que, en estos días, esta empresa que se ha beneficiado por el actual gobierno participa en la citada Licitación del Seguro Social, con alcances nacionales, sin las especialidades que se requieren y sin experiencia sobre el particular, por así ser solicitado en las bases de la misma.

Casualmente, en esta licitación (LA-050GYR988-E-15-2022), es sorprendente encontrar una empresa con negros antecedentes respecto a la obtención de contratos irregulares en administraciones pasadas y, ahora, en este gobierno de López Obrador, con asignaciones directas, con jugosos contratos a pesar de tener varias investigaciones -por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)- y una multa de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Corporativo Médico Community Doctors se creó el 14 de diciembre de 2019 por la iniciativa de un pasante de medicina de la UNAM, Bruno Alejandro López Ponce, quien la constituyó con domicilio en la colonia Carlos Hank González, en Ecatepec, Estado de México. Se trata de un predio popular con cuartos techados de láminas de asbesto y fibra de vidrio.

Mediante una pasarela de corrupción, en agosto de 2020, Bruno cedió el control accionario a nuevos socios, quienes, a su vez, en febrero de 2021, revendieron su participación en la empresa, sin ningún contrato de por medio. Después, los estrategas, los “especialistas en contratos con la 4T” – Israel Alfredo Rodríguez Moreno y José Ángel Pérez Muñoz-, se apropian del consorcio y consiguen compromisos millonarios con el gobierno federal.

Corporativo Médico Community Doctors, presume sociedades comerciales con las más importantes firmas hospitalarias y farmacéuticas del país y en menos de un mes le cae un contrato por el servicio médico para fideicomisarios y derechohabientes del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, contratado por Nacional Financiera (Nafin).

Los sibilinos inversionistas que compraron las acciones del pasante de medicina son ejecutivos de Grupo Empresarial Atlantis, una firma cuya división sanitaria, Atlantis Operadora de Servicios de Salud, también ha facturado cientos de millones de pesos con la administración de López Obrador. Era una empresa fundada para fracasar, pero que triunfó de la mano de uno de los contratistas consentidos del gobierno obradorista.

Pérez Muñoz, liquidó su participación en la sociedad y vendió sus acciones a Israel Alfredo Rodríguez Moreno, su socio minoritario con tan solo una acción de mil pesos. Luego, este como administrador único, invitó a Javier Gómez González, quien aceptó atraído por un “prometedor negocio” que hasta entonces no había efectuado una sola operación comercial.

Community Doctors, encabezando un consorcio en el que participan además Challenge Consulting e Insumos Médicos y Hospitalarios de México HLE, por fin fue contratado para cubrir dos zonas del país, una por 321.5 millones de pesos, y la otra por 211.9 millones de pesos que terminaron en 2021.

Pero, como Rodríguez Moreno y Gómez González, los dueños de Community Doctors, son ejecutivos responsables de licitaciones en Grupo Empresarial Atlantis -un conglomerado de inversiones especializado en ganar contratos de gobierno-, no esperaron mucho para que les cayeran más contratos de la 4T.

Como se ha documentado ampliamente en los medios informativos y en base de la consulta de distintos documentos notariales, la revisión de contrataciones públicas y de directorios empresariales, el Corporativo Médico Community Doctors es parte del consorcio que forman Atlantis Operadora de Servicios de Salud, Challenge Consulting e Insumos Médicos y Hospitalarios de México HLE que, han tenido con este gobierno, más que jugosos negocios por medio de licitaciones públicas irregulares en instituciones federales como el propio IMSS, ISSSTE, AIFA, Banrural, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Nafin, y Sociedad Hipotecaria Federal, entre otras más.

Habrá que estar muy atentos cómo continúan otorgándose estos procesos que, ahora, se están ejecutando para pretender dar un contrapeso a todas las asignaciones directas que, en este gobierno se han suscitado.

Cabe citar que, por medio de un Comunicado de Prensa (agosto de 2020), el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso multas por más de 626 millones de pesos a 14 empresas y personas físicas por coludirse en licitaciones de servicios integrales de estudios de laboratorio y banco de sangre que convoca el IMSS y el ISSSTE y, que cuyo daño al erario fue de al menos mil 200 millones de pesos por el pago de sobreprecios.

También, es de resaltarse que, en este año, el nuevo Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) pagará 25 millones 56 mil pesos para cubrir nueve meses de servicio médico a partir del pasado 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2022 a Atlantis Operadora Servicios de Salud S.A. de C.V. y Challenge Consulting S.C., empresas que ya han obtenido otras licitaciones millonarias, sin la documentación justificativa por la prestación de los servicios médicos.

Cabe subrayar que Grupo Empresarial Atlantis, habitualmente intercambia personal con gobiernos morenistas. Por ejemplo, Modesto Solís Silva, que desempeñó el cargo de licitador en esa empresa de octubre de 2018 a abril de 2019, pasó a ser subdirector de Factor Humano y Prestaciones Laborales de la Secretaría de Administración del Gobierno de Puebla en mayo de 2019; después fue jefe de departamento en la Secretaría de Turismo, hasta enero de 2021. Entonces asumió la Gerencia de Desarrollo Organizacional del Banco del Bienestar. Por su parte, Marian Castillo Rupit, hasta septiembre de 2019, era empleada del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (cliente de Atlantis). Ahora, Castillo Rupit es supervisora peninsular de Community Doctors.

ASF detecta irregularidades

En marzo de 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (Fopesiban) pagó 219 millones de pesos sin la documentación del proceso de contratación, por servicios de salud destinados a la atención de jubilados y pensionados del Banco de Crédito Rural (Banrural). La administración de dicho fideicomiso, y de los procesos de contratación, está en manos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y de Nacional Financiera (Nafin).

Se documenta que de acuerdo con la auditoría de cumplimiento 2020-1-06HKA-19-1526-2021 de la ASF sobre el ejercicio 2020, la cifra referida sin acreditar no contaba con la documentación justificativa por la prestación de los servicios médicos. Además, 24.77 millones, sin que fuera posible documentar la prestación efectiva de los servicios, porque “no fueron comprobados”. Y, por si fuera poco, más de 132 millones de pesos se asignaron sin licitación, señala el documento de la ASF.

Igualmente, menciona que, entre los proveedores de los servicios de salud contratados dentro del presupuesto auditado, se encuentran Grupo Atlantis y Challenge Consulting, socias de Community Doctors, la empresa fundada por un pasante de medicina.

También, la ASF encontró retrasos sin sanción, rebase de montos máximos establecidos, falta de planeación en los procedimientos de contratación, asignaciones a prestadores de servicios “sin capacidad técnica, humana, financiera e infraestructura propia, por lo que contrataron a terceros a los que no se supervisó”.

Por si fuera poco, las instituciones del gobierno ignoraron 250 quejas de los derechohabientes, destinatarios finales de los supuestos servicios. A pesar de todo, agrega, Grupo Atlantis (Atlantis Operadora de Servicios de Salud) y sus socios siguen recibiendo contratos para los mismos fines. Apenas en enero de este año, INDEP le asignó un contrato por mil 52 millones de pesos para la “coordinación de servicios médicos”.

Y, en fin, se sostiene que “se realizó una investigación de mercado que incumplió con la normativa”. Por ello, la ASF sostiene que “la falta de planeación no propició la participación de más empresas; se contrataron prestadores de servicios sin capacidad técnica, humana, financiera e infraestructura propia, por lo que contrataron a terceros a los que no se supervisó”.

De igual manera, el Comité Técnico no evaluó ni resolvió ¡251 quejas! que presentaron los derechohabientes por la prestación de los servicios médicos. Hubo deficiencias en la integración de 18 expedientes administrativos (sin vigencia de derechos) y 6 expedientes clínicos (sin historial médico).

Diputada federal pide se investigue

Estas irregularidades en las licitaciones del gobierno federal motivo que una diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Patricia Contreras Duarte, interviniera y advirtiera que pedirá desde la Cámara de Diputados una revisión detallada de los contratos millonarios de estas empresas con funcionarios de la 4T pues, porque pudiera presentarse conflicto de intereses, nepotismo o tráfico de influencias.

La legisladora dijo estar preocupada porque el presidente López Obrador permite que las firmas beneficiadas operen con jugosos contratos aún cuando carecen de amplia experiencia en el ramo, con poco respaldo financiero e infraestructura propia.

Compartió que las empresas señaladas por presuntas irregularidades son: de Atlantis Operadora de Servicios de Salud SA de CV, a la que se le han adjudicado este año contratos por mil 400 millones de pesos para operar consultorios y ofrecer servicios médicos a funcionarios del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Nacional Financiera y Lotería Nacional, así como para los usuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Las sospechas se fundamentan en la reciente constitución de la empresa con fecha del 19 de diciembre de 2018, pocos días después del inicio de la presente administración. Corporativo Médico Community Doctors, ha competido en consorcio con Atlantis para ganar contratos en el servicio público, como lo hace la razón social 3TI SA de CV.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se jacta de que su gobierno es incorruptible. Más bien, fue una utópica propuesta como candidato a la presidencia. Además, en agosto de 2018, dijo que entre sus iniciativas de reforma (ya al frente del país), convertiría en delito grave: la corrupción.

También, alardeó que acabaría con la impunidad tras reformar el artículo 108 Constitucional para que el presidente de México en funciones pueda ser juzgado por delito de la corrupción y que, se aboliría el fuero Constitucional para servidores públicos. Hasta el momento… ¡Nada!

Correo: guillermo.pumageneracion1979@gmail.com